Alertan que las Baleares pierden un control clave sobre el agua en plena crisis de los acuíferos
Las entidades ecologistas aseguran que la reforma permitirá tramitar cambios urbanísticos sin el informe de suficiencia hídrica mientras que el 60% de los acuíferos de las Islas se encuentran en mal estado
PalmaEl GOB y la Alianza por el Agua han criticado los cambios introducidos por la Ley ómnibus en materia urbanística y de gestión del agua, al considerar que debilitan los mecanismos de control ambiental sobre el crecimiento urbano en un momento especialmente delicado para los recursos hídricos de las Baleares.
Las dos entidades han advertido que la modificación normativa elimina la obligación de solicitar un informe de suficiencia hídrica en determinados cambios de planeamiento urbanístico que ya disponían de autorización previa de la administración hidráulica. Según denuncian, esta medida permitirá tramitar cambios de usos, recalificaciones o reclasificaciones urbanísticas sin la supervisión que hasta ahora ejercía el organismo competente en materia de agua.
En estos casos, explican, los ayuntamientos solo habrán de incorporar al expediente una memoria justificativa acreditando que no se generan nuevas demandas de recursos hídricos ni necesidades adicionales de depuración. Las entidades ecologistas consideran insuficiente este requisito, ya que no prevé ningún mecanismo externo de verificación ni de control sobre la suficiencia real de los recursos disponibles. Según el GOB y la Alianza por el Agua, la reforma llega en un contexto especialmente preocupante, con cerca de seis de cada diez masas de agua subterránea de las Islas en situación de sobreexplotación, contaminación o salinización.
Las organizaciones también han enmarcado esta modificación dentro de una línea legislativa que, a su parecer, favorece la transformación urbanística del territorio. En este sentido, han señalado que la Ley ómnibus se suma a la Ley de simplificación administrativa –actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional— y a la normativa sobre proyectos residenciales estratégicos, que consideran instrumentos que contribuyen a incrementar la presión sobre el territorio.
Las entidades han remarcado que el crecimiento urbanístico está intensificando la demanda de agua y agravando la situación de los acuíferos de Baleares. Según indican, esta presión se traduce en una sobreexplotación cada vez más generalizada y en un aumento de los problemas de contaminación de las aguas subterráneas. Finalmente, el GOB y la Alianza por el Agua han subrayado que los usos urbanos y residenciales en suelo rústico son actualmente los principales consumidores de agua en las Islas, por encima de los sectores agrario e industrial, y han reclamado mantener y reforzar los mecanismos de control sobre la disponibilidad de recursos hídricos antes de autorizar nuevos desarrollos urbanísticos.