Más de 150 personalidades y 40 entidades dan apoyo a crear un complemento para las pensiones

PalmaUn total de 151 personalidades y 40 entidades del ámbito social, cultural, académico y vecinal han manifestado el apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear un complemento para las pensiones de las Baleares que sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por este motivo, este martes, se han concentrado a las puertas del Parlament decenas de miembros de la Coordinadora para la Defensa de las Pensiones Públicas, impulsora de la iniciativa legislativa en cuestión.

Entre las personalidades que se han adherido al manifiesto impulsado por la entidad, aparecen los escritores Antònia Vicens, Maria Antònia Perelló y Sebastià Alzamora; el presidente de la OCB, Antoni Llabrés; la activista de la PAH Àngela Pons; el activista LGTBI Jan Gómez; la jurista Margalida Capellà; la abogada Francesca Mas; el corredor de montaña Tòfol Castanyer y numerosos profesores de la UIB.

También las entidades GOB, PAH, Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, EAPN Baleares, Kellys Unión Balears, Jubilados por Mallorca, CGT, CNT, USO, el Lobby de Mujeres, la Coordinadora Feminista y Terraferida. "Las adhesiones que hemos recibido demuestran que esta reivindicación va mucho más allá del movimiento pensionista. La sociedad entiende que no es aceptable que personas que han trabajado toda la vida tengan que vivir con pensiones insuficientes. Garantizar una vida digna para la gente mayor es una cuestión de justicia social", ha sostenido el portavoz de la Coordinadora Pep Juárez.

Otra de las líderes de la plataforma, Maribel Alcázar, ha señalado que sigue siendo necesario que "miles de personas firmen la ILP para que el Parlament escuche este clamor social". "Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa en defensa de la dignidad, los derechos sociales y el bienestar de los pensionistas", ha subrayado. La IPL plantea que el Gobierno establezca un complemento de carácter social destinado a las personas mayores de 60 años y a aquellas con incapacidad permanente absoluta que perciban pensiones inferiores al SMI y no dispongan de otros ingresos suficientes. Esta propuesta, han subrayado los portavoces, busca garantizar que miles de personas puedan hacer frente a un coste de la vida cada vez más elevado y corregir una situación de "desigualdad" que afecta especialmente a las pensiones más bajas y a las mujeres.