Vox rechaza en público el manifiesto por el 25-N, pero aprueba un convenio contra la violencia machista
Galmés confirma que el acuerdo con el Colegio de Abogados obtuvo el apoyo unánime del Consejo Ejecutivo, a pesar del rechazo de su socio de gobierno a las políticas de género
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PalmaVox dice una cosa, pero hace otra. La formación ultra ha rechazado públicamente las políticas de género y se desmarca de los manifiestos contra la violencia machista, pero de puertas adentro y sin focos, ha avalado un acuerdo en el Consell de Mallorca para mejorar la atención a las mujeres que la sufren. El presidente de la institución, Llorenç Galmés, ha confirmado este martes que el protocolo con el Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB) se aprobó por unanimidad en el Consejo Ejecutivo, del cual forman parte representantes del PP y de Vox. El acuerdo prevé incorporar información sobre la red insular de atención a las violencias machistas en la formación de los abogados del turno de oficio.
“En el Consejo Ejecutivo este convenio salió aprobado por unanimidad. Hay representación de todos los gobernantes”, ha puntualizado Galmés después de que le preguntaran por la contradicción entre la aprobación del protocolo y el posicionamiento de su socio de gobierno. Cinco días antes, Vox había rechazado sumarse al manifiesto del 25-N compartido por el PP, el PSIB, MÉS per Mallorca y El Pi, y había defendido sustituir el modelo de protección basado en lo que denomina “ideología de género”.
El desmarque se escenificó el jueves pasado, antes del pleno del Consell. Mientras el resto de grupos leían un texto conjunto contra la violencia machista, Vox optó por un manifiesto propio. Su portavoz, Toni Gili, calificó el acto compartido de “propaganda política” y reprochó al PP que se hubiera alineado con las otras formaciones. La negativa de Vox impidió que el texto se convirtiera en una declaración institucional unitaria.
La formación expresó su condena de la violencia contra las mujeres, pero reclamó revisar las leyes basadas en el género, reorientar los recursos destinados a entidades que considera ideologizadas y eliminar subvenciones de este ámbito. También vinculó sus propuestas a la expulsión de los extranjeros que cometan delitos contra las mujeres. Un planteamiento que cuestiona las políticas especializadas que, sin embargo, el protocolo aprobado por el mismo partido en el Consell de Mallorca pretende acercar a los profesionales de la abogacía.
La irrupción de Vox ha resquebrajado el consenso institucional en torno a la lucha contra la violencia machista. En el Consell de Mallorca, según denunció el jueves la portavoz socialista, Catalina Cladera, era el segundo año consecutivo que no se podía leer una declaración institucional conjunta por el 25-N. Cladera advirtió que los discursos que cuestionan o minimizan esta violencia debilitan la respuesta de las instituciones.
Galmés dice que son dos partidos diferentes
Ante esta discrepancia, Galmés ha subrayado que PP y Vox son “dos partidos diferentes, dos idearios, dos equipos de personas”, pero ha defendido el compromiso de la institución con las víctimas. “Nuestro compromiso es claro, y no únicamente de palabras, sino que se demuestra con muchos hechos”, ha asegurado.
El presidente ha mencionado el centro Libertas, de atención a víctimas de violencia sexual, y el nuevo local del Centro de Información de la Mujer como ejemplos de los recursos que ofrece el Consell. También ha reivindicado el incremento presupuestario de la Dirección Insular de Familias. Según fuentes de la institución, el presupuesto destinado a políticas de igualdad ha aumentado un 37% respecto al mandato anterior.
“Siempre estaremos al lado de las personas que más lo necesitan, y especialmente también de las mujeres que tienen que sufrir esta lacra que se debe erradicar”, ha afirmado Galmés, que ha situado esta responsabilidad tanto en las instituciones como en el conjunto de la sociedad.
Formación para los abogados para orientar a las víctimas
El protocolo, firmado este martes por Galmés y el decano del Colegio de Abogados de las Islas Baleares, Martí Aleñar, debe facilitar que los abogados conozcan los servicios especializados a los cuales pueden acudir las mujeres víctimas de violencias machistas y sus hijos. El objetivo es mejorar la coordinación entre la asistencia jurídica y los recursos de atención, acompañamiento y recuperación.
Para hacerlo, el Colegio incorporará un espacio específico sobre la red insular en los programas formativos del turno de oficio relacionados con la violencia contra las mujeres y los menores. Profesionales del Consejo explicarán el funcionamiento del Centro de Información de la Mujer, los servicios de atención psicológica y jurídica, el centro Libertas y los recursos de acogida Casal Ariadna, Proyecto Aurora, Camino Violeta y Casa Violeta.
El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable, y una comisión de seguimiento se reunirá al menos una vez al año para valorar sus actuaciones.