Los fondos buitre no podrán desahuciar a Margalida, enferma de cáncer y vecina de Pere Garau desde hace 60 años
Un juzgado de Palma ha desestimado la demanda de dos fondos de inversión para extinguir el contrato de alquiler de renta antigua de la mujer, que quería volver a su casa después de pasar por el hospital
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PalmaUn juzgado de Palma ha rechazado desahuciar a Margalida, una mujer de 87 años, paciente oncológica y vecina del barrio de Pere Garau, donde vive desde hace más de seis décadas. La sentencia desestima íntegramente la demanda presentada por dos fondos de inversión, que pretendían extinguir el contrato de alquiler de renta antigua de la mujer por diversos retrasos en el pago de las mensualidades.
La resolución judicial, que ha hecho pública su abogada, Aina Díaz, considera que en este caso concurren circunstancias personales y asistenciales excepcionales que no justifican la extinción del contrato. El juez también tiene en cuenta la ausencia de un perjuicio relevante para la propiedad, la larga duración de la relación arrendaticia sin antecedentes significativos de incumplimiento y el hecho de que las cantidades pendientes se hubieran abonado íntegramente antes de la resolución del litigio. Además, condena a los fondos de inversión a pagar las costas judiciales.
“El juzgado desestima íntegramente la demanda contra Margalida. Y condena en costas a los fondos que han pretendido resolver el contrato de renta antigua y desahuciar a una mujer de 87 años, paciente oncológica”, ha escrito Díaz en la red social X.
El juez considera que los retrasos en los pagos no constituyeron un incumplimiento suficiente para frustrar la finalidad económica del contrato ni para justificar su extinción. La sentencia se basa en la doctrina más reciente del Tribunal Supremo y concluye que los hechos se enmarcan en una situación excepcional.
Un contrato firmado en 1963
La historia de Margalida con esta vivienda se remonta a más de 60 años atrás. El contrato de alquiler se firmó en 1963 y, tras la muerte de su marido, en 2007, la mujer se subrogó la titularidad en 2008. Durante los años siguientes, según ha explicado su abogada, no hubo problemas con los propietarios del inmueble. Margalida, mallorquina, pagaba poco más de 12 euros mensuales en virtud del contrato de renta antigua.
La situación cambió en 2021, cuando una empresa dedicada a las inversiones adquirió casi la totalidad de la finca. Según la versión de la defensa, los nuevos propietarios no informaron a los inquilinos del cambio de titularidad hasta un año después. La comunicación, además, habría sido difícil de entender para Margalida, que entonces tenía 83 años y sufría un cáncer de mama.
En 2023 la operaron del cáncer y, tras una estancia en el hospital para recuperarse de una mastectomía, pasó unos meses en casa de su único hijo. Cuando regresó a su domicilio, se encontró un burofax en el que se le reclamaba el pago de un año de alquiler que, según la propiedad, tenía pendiente. El importe ascendía a unos 150 euros.
El problema, según el relato de la abogada, se había producido a raíz del cambio de propiedad de la finca, que también había comportado un cambio de la cuenta bancaria donde se tenía que ingresar la mensualidad. Margalida no había llegado a entender por qué no se habían cobrado los recibos. Acudió a una oficina bancaria para que la ayudaran a realizar el pago y consiguió abonar las cantidades pendientes, pero no consiguió domiciliar las mensualidades para evitar que la situación se repitiera.
Quería volver a su casa, al barrio de siempre
Unos meses después, Margalida sufrió una caída que le provocó la fractura de tres vértebras. Tras una nueva estancia hospitalaria, volvió a vivir temporalmente con su hijo, quien se puso en contacto con los propietarios para comunicarles que, a partir de ese momento, él se encargaría de las gestiones relacionadas con la vivienda de su madre.
Según ha explicado Díaz, los representantes de la propiedad aprovecharon ese contacto para pedirle las llaves del piso con la excusa de hacer reformas. Cuando dieron por hecho que la mujer no volvería, el hijo les aclaró que su madre quería recuperar su vida en el domicilio de Pere Garau. “Quería morir en su casa, en su barrio, donde se siente segura y conoce a todo el mundo”, ha explicado la abogada que les transmitió sus palabras.
La letrada también ha denunciado que, después de esta conversación, los propietarios empezaron a realizar actuaciones que dificultaron aún más la situación de Margalida. Según su relato, le quitaron el interfono y el nombre del buzón, y alguien suplantó su identidad para dar de baja el contador del agua.
Cuando el hijo pidió explicaciones, la propiedad le comunicó que la mujer volvía a acumular un año de alquiler pendiente. Él les reprochó que no le hubieran avisado antes, especialmente porque hacía meses que mantenían contacto. Los propietarios le enviaron un documento con las cantidades reclamadas, pero, siempre según la defensa, no le facilitaron la cuenta bancaria donde debía realizar el ingreso, a pesar de que lo había solicitado.
Una demanda por unos retrasos en el alquiler
A principios de 2025, Margalida recibió una solicitud de mediación extrajudicial en la que se le advertía de que, si no abonaba las cantidades reclamadas, sería demandada en el plazo de un mes. La demanda de desahucio se presentó en mayo de aquel mismo año. Los fondos de inversión argumentaban que los retrasos en los pagos justificaban la extinción del contrato.
La abogada de la mujer ha sostenido que la empresa conocía la enfermedad que sufría Margalida y que dejó que la deuda se acumulara mes tras mes antes de presentar la demanda. Finalmente, el juzgado ha considerado que las circunstancias personales de la anciana, la naturaleza de los retrasos y el pago de las cantidades pendientes no permitían justificar una medida tan grave como extinguir el contrato de alquiler.
Margalida podrá continuar en la vivienda de Pere Garau donde ha vivido durante más de 60 años.