Reclaman una moratoria para más de 50 proyectos de baterías “que destrozarán lo que queda de suelo rústico”
La plataforma ‘Renovables sí, pero así no’ denuncia que el Gobierno tramita las instalaciones sin una planificación energética y territorial específica y reclama que se prioricen los polígonos industriales
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PalmaLa plataforma 'Renovables sí, pero así no' ha reclamado al Gobierno una moratoria para los más de 50 proyectos de almacenamiento de energía con baterías que, según sus cálculos, se tramitan actualmente en Mallorca. La entidad denuncia que una cuarentena de estas instalaciones se proyectan en suelo rústico, a pesar de que se trata de infraestructuras de carácter industrial, y critica que se sigan tramitando sin disponer de una planificación energética y territorial específica que regule su implantación.
Según los datos recopilados por la plataforma, unos nueve proyectos se prevén en polígonos industriales y cerca de cuarenta, en terrenos rústicos. De estos últimos, 22 corresponden a instalaciones independientes de baterías, conocidas como stand-alone, mientras que 18 son sistemas de almacenamiento vinculados a parques fotovoltaicos existentes o en tramitación. “Lo que se está tramitando destrozará el poco suelo rústico virgen que queda”, ha lamentado la portavoz de la entidad Margalida Rosselló.
La entidad considera que la proliferación de proyectos evidencia la necesidad de revisar el Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares (PDSEIB), modificado en 2015, que no incorpora una regulación específica para estas instalaciones. La plataforma sostiene que se debería establecer previamente dónde se pueden ubicar, qué condiciones deben cumplir y cómo se debe evitar que la implantación de nuevas infraestructuras energéticas transforme el suelo agrícola.
De hecho, el Gobierno inició el pasado septiembre el procedimiento para revisar el Plan Director Sectorial Energético y adaptarlo a los objetivos de la normativa climática y de transición energética. La consulta pública previa acabó el 19 de octubre, pero la revisión todavía no se ha aprobado.
De Pollença a Andratx: la proliferación de los proyectos
La denuncia llega dos días después de la protesta de más de 150 vecinos en Pollença, que el domingo aprovecharon la visita de la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, a la Feria para mostrar su rechazo a cuatro proyectos de plantas de baterías previstos en suelo rústico del municipio.
Como ya informó el ARA Balears, el conflicto comenzó con Jilguero ST1, una instalación de 10 MW de potencia y 40 MWh de capacidad prevista en Llenaire, contra la cual se recogieron unas 8.000 firmas. Posteriormente se conoció el proyecto BESS Servet, en l’Almadrava, de 10 MW y 44,03 MWh, y más adelante se añadieron Bocchoris BESS y BESS Pollentia Energy. La movilización ciudadana ha ido creciendo a medida que se han conocido nuevas iniciativas. La semana pasada, el pleno del Ayuntamiento de Pollença aprobó por unanimidad una moción de rechazo a los cuatro proyectos. Durante la protesta del domingo, representantes de la plataforma vecinal pudieron hablar con Prohens, quien, según los afectados, se comprometió a recibirles.
Pero Pollença no es el único municipio donde se concentran estas instalaciones. 'Renovables sí, pero así no' señala que también hay proyectos en tramitación en Palma, Alcúdia, Santa Maria, Bunyola, Capdepera, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Felanitx, Calvià, Inca y Andratx. En este último municipio, la plataforma destaca una agrupación formada por una veintena de proyectos de almacenamiento, con una capacidad conjunta de 341 MWh, según sus datos. En Palma, pone el foco en otras dos agrupaciones que suman 25 y 11 expedientes, respectivamente.
La entidad denuncia que los promotores presentan algunas de estas instalaciones divididas en módulos de 10 MW, cada uno vinculado a una sociedad diferente, a pesar de compartir emplazamiento o infraestructuras. Según la plataforma, esta manera de tramitar los proyectos dificulta tener una visión conjunta del impacto territorial. Ya hace más de un año, un reportaje del ARA Balears alertaba del impacto que supondrá la tramitación de buena parte de estos expedientes, que no paran de crecer en número.
El Gobierno recomienda priorizar el suelo industrial
Una de las principales contradicciones que señala la plataforma es que buena parte de los proyectos se plantean en suelo rústico, a pesar de que los criterios ambientales aprobados por el mismo Gobierno el pasado mayo priorizan las áreas industrializadas y los terrenos ya transformados. “Son criterios teóricos, que no tienen ningún significado real, como estamos comprobando con la tramitación”, afirma Rosselló.
Estos criterios, elaborados por la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, establecen recomendaciones para la evaluación de los proyectos fotovoltaicos y de los sistemas de almacenamiento con baterías. También prevén medidas de protección respecto de los núcleos de población, las viviendas aisladas, los espacios forestales y los hábitats de interés ambiental.
La plataforma considera que estas recomendaciones deberían tener una traducción efectiva en la planificación territorial. También sostiene que el Plan Territorial de Mallorca limita, con carácter general, las actividades industriales en suelo rústico y reclama que se clarifique la compatibilidad urbanística de las plantas de baterías.
Otro de los aspectos que preocupa a la entidad son los sistemas de almacenamiento que se incorporan a centrales fotovoltaicas. Según la plataforma, hay unos 18 proyectos de este tipo en tramitación en Mallorca. Estas instalaciones pueden aprovechar infraestructuras de conexión ya existentes, pero la entidad advierte que también pueden incrementar la ocupación de terrenos agrícolas.
Preocupación por los riesgos y el impacto ambiental
La plataforma también alerta de los riesgos que pueden presentar las instalaciones de baterías de litio si no disponen de los sistemas de seguridad adecuados. Entre otras cuestiones, menciona la posibilidad de sobrecalentamiento e incendios, así como la necesidad de tener en cuenta las temperaturas extremas y otros efectos del cambio climático. Los criterios ambientales aprobados por el Gobierno incorporan precisamente recomendaciones de seguridad y medidas para minimizar los riesgos, además de establecer distancias de protección respecto a las viviendas y los espacios naturales.
La entidad insiste en que no se opone a las energías renovables ni a los sistemas de almacenamiento, sino al modelo de implantación que, según denuncia, se está desarrollando sin una ordenación territorial suficiente. Por ello, reclama que el Gobierno suspenda temporalmente la tramitación de los proyectos mientras no disponga de una planificación específica que determine las ubicaciones adecuadas. También pide que la política energética priorice el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo individual y colectivo, especialmente en suelo urbano e industrial, para evitar una mayor ocupación de los terrenos rústicos de Mallorca.