El decreto Maricarmen frena el primer golpe, pero no resuelve una crisis de la vivienda desbocada
El movimiento por la vivienda destaca que las medidas han evitado desahucios y alargado contratos de alquiler, pero alerta que muchos casos continúan fuera de la protección legal
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PalmaEl decreto Maricarmen ha tenido efectos positivos, aunque limitados, en la protección de las familias vulnerables ante los desahucios. Así lo constatan la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el movimiento por la vivienda, que destacan que las medidas han permitido ganar tiempo a las personas en riesgo de perder su casa y evitar que algunos conflictos por la finalización de los contratos de alquiler llegaran a los tribunales. Aun así, las profesionales que trabajan directamente con los afectados advierten que la normativa es insuficiente y que no llega a todos los casos que deberían quedar protegidos.
La convalidación del decreto el jueves pasado en el Congreso, después de que el PP, Vox y Junts tumbaran la norma hace un mes y pico, ha permitido recuperar la suspensión temporal de los desahucios de familias vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años. El apoyo del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el PNV y Podemos en la Diputación Permanente ha sido suficiente para validarlo, sin necesidad del voto de Junts. En cambio, el rechazo de los nacionalistas vascos ha impedido aprobar el segundo decreto, que preveía contratos de alquiler indefinidos.
La portavoz de la PAH, Àngela Pons, destaca el efecto de las prórrogas de los contratos. “La gente tenía miedo de que, cuando se acabara el contrato, la pudieran echar, pero ni siquiera se han presentado demandas”, señala. En este sentido, la abogada de la PAH Glòria Olmos asegura que todos los casos de desahucio que han llegado a la asociación se han conseguido paralizar gracias al decreto.
Pons también destaca que las medidas han contribuido a frenar desahucios al margen de los procedimientos judiciales. “No solo se han detenido los desahucios legales, sino también muchos que no lo eran”, dice. Y relata el caso de un padre con una hija adolescente en riesgo de perder la vivienda porque la propietaria alegaba que necesitaba el inmueble para uso particular. Finalmente, gracias a la intervención de los servicios de vivienda de Inca, consiguió una prórroga del contrato. “Este hombre tiene dos años más asegurados. Si no hubiera sido por esta prórroga, se habría quedado en la calle”, explica.
La abogada Laura Vallès coincide en que las prórrogas han tenido un efecto preventivo importante y remarca que también se evitan los llamados desahucios silenciosos. Se trata de casos en los que los inquilinos reciben un burofax que les comunica la finalización del contrato y abandonan la vivienda sin consultar a un abogado ni conocer las posibilidades legales para continuar en ella. Según Vallès, las medidas han permitido que estas personas conozcan y ejerzan sus derechos, en lugar de marcharse directamente por desconocimiento o miedo.
En cambio, no ha percibido un aumento significativo de las suspensiones de los desahucios judiciales en Palma. Según su experiencia, estos procedimientos ya se detenían antes de la aprobación del decreto. La abogada también cuestiona la distancia entre la redacción de las normas y la realidad de los afectados, y reclama que se tenga más en cuenta la experiencia de los profesionales que atienden estos casos. “Hasta que no atiendes a 30 o 40 personas al mes con problemas con los alquileres, no ves exactamente cuál es el problema y dónde tienes que cambiar las cosas”, sostiene. En este sentido, critica que algunas iniciativas legislativas tengan más una función propagandística que una capacidad real de transformar la situación: “Hace tiempo que muchas leyes son propaganda política”, lamenta.
El portavoz de Stop desahucios, Joan Segura, matiza que no todas las suspensiones de desahucios se pueden atribuir al decreto Maricarmen. Algunos procedimientos se han detenido gracias a esta normativa, pero otros se han suspendido con argumentos jurídicos diferentes, como hacía la plataforma antes de la aprobación del decreto. Es el caso de las posibles estafas procesales, los fraudes de ley o la inexistencia de un título que habilitase el desahucio.
Segura advierte que hay procedimientos que quedan fuera de los supuestos expresamente previstos, a pesar de que presentan circunstancias similares a las de los casos que sí que están protegidos. Considera que los jueces deberían extender la protección a estos procedimientos, pero lamenta que no todos lo hagan. “La situación es la misma, todo es lo mismo, y todavía no lo hacen”, sostiene.
“Un pequeño paso hacia una realidad más justa”
El integrante de la acampada por la vivienda Manu Galera señala que el decreto representó una oportunidad que intentaron aprovechar la primera vez que se aprobó mientras estuvo en vigor –el pleno del Congreso no lo convalidó, cosa que ahora ha hecho la Diputación Permanente. Organizaron sesiones de asesoramiento gratuitas para que las personas afectadas pudieran reunir la documentación para acogerse a las medidas. “Todos los casos en los que presentamos la documentación en el momento que se debía hacer se detuvieron”, apunta.
Pero Galera considera que la protección no basta. “Sirve para detener el primer golpe, pero es totalmente insuficiente”, dice. A pesar de esto, defiende que cualquier avance, por pequeño que sea, es positivo. “Un pequeño paso hacia una realidad más justa es deseable”, asegura y advierte que estas medidas no se pueden presentar como una solución definitiva: “Que no nos quieran vender los pequeños pasos como la panacea, porque no lo son”.
La recuperación del decreto en el Congreso permite mantener unas herramientas que han contribuido a evitar que algunas familias pierdan su casa, pero las valoraciones de la PAH, las abogadas y el movimiento por la vivienda coinciden en señalar sus limitaciones: desde los desahucios silenciosos hasta los procedimientos que quedan fuera de la cobertura legal, la protección actual no resuelve una crisis residencial que continúa necesitando una respuesta estructural.