¿Qué vale el honor de Jorge Campos? Quince años de querellas por una construcción política

PalmaCuando Baltasar Picornell recibió una llamada del juzgado para comunicarle que debía declarar como investigado a raíz de una querella presentada por Jorge Campos, el expresidente del Parlament se convirtió en el último nombre de una larga lista de personas, colectivos y adversarios políticos que, durante los últimos quince años, han acabado en los tribunales tras un conflicto con el dirigente de Vox.

La querella contra Picornell, presentada tras varias publicaciones en las redes sociales relacionadas con una pintada donde se podía leer "J. Campos, puta nazi", es solo el episodio más reciente de una trayectoria marcada por un uso constante de la vía judicial ante disputas políticas, ideológicas y personales.

Para el abogado de Picornell y profesor del máster en Abogacía de la Universitat de Barcelona, Josep Rosell, esta acumulación de procedimientos no es casual. El letrado considera que existe un patrón que va más allá de cada caso concreto.

Atacar la disidencia

La relación de Jorge Campos con los tribunales se remonta prácticamente a sus años al frente de Círculo Balear. Entre 2009 y 2014 denunció a un internauta por comentarios críticos publicados en un foro después de que él mismo hubiera relacionado a sectores del nacionalismo catalán con ETA.

El usuario del foro criticaba, en respuesta a la comparación del presidente de Círculo Balear, que “un país ocupado por estas ratas tiene que sufrir aún este cinismo". "Supongo que esta rata, cuando mataron a los dos guardias civiles, tenía que sacar el cava de la nevera y decir: 'Ya tengo más argumentos'", añadía. El procedimiento acabó con la absolución del denunciado, porque no se pudo acreditar que fuera el autor de los mensajes. La resolución judicial, además, incluía observaciones especialmente severas hacia declaraciones públicas previas de Campos, que la jueza consideraba potencialmente injuriosas hacia el nacionalismo catalán.

Poco después llegaría uno de los casos con más repercusión mediática de la primera etapa de su actividad pública. En el año 2010 denunció a once militantes de Maulets por presuntas injurias y amenazas durante una protesta en Palma. Su acusación incluía peticiones de multa y órdenes de alejamiento. El resultado final fue una combinación de absoluciones y condenas menores.

Durante aquellos mismos años también se sucedieron diversas denuncias vinculadas a pintadas, daños materiales y acciones reivindicativas contra la sede de Círculo Balear y contra el propio Campos. Con el paso de los años, las querellas y denuncias no se limitaron a los movimientos independentistas o al activismo social. En 2018 Campos denunció a Arran después de una acción simbólica en la que la organización juvenil escenificó que lo colgaban. La denuncia alegaba presuntas amenazas, injurias e incitación al odio.

Paralelamente, también recurrió a los tribunales en disputas internas dentro del espacio político de la extrema derecha española. Uno de los primeros ejemplos documentados es la demanda de conciliación presentada contra Santiago Galán, vinculado a sectores críticos de Vox Baleares, por presuntas injurias y calumnias.

La conflictividad interna alcanzó una nueva dimensión en febrero de 2024, cuando Campos presentó una querella en los juzgados de Palma a raíz de la difusión de un documento interno atribuido a la presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras. El texto contenía acusaciones muy graves contra el actual diputado de Vox, como presuntas irregularidades en su etapa al frente del partido en las Islas, un supuesto desvío de fondos y prácticas de espionaje interno.

Aunque el documento aparecía firmado por De las Heras, Campos dirigió la querella contra los presuntos autores y difusores del texto y solicitó al juzgado que investigara quién era realmente el responsable.

La dirigente de Vox negó haber redactado el escrito y la causa no tuvo más recorrido. Los hechos se produjeron en un momento de fuertes tensiones internas dentro de la formación de extrema derecha en Baleares y evidenció hasta qué punto la batalla judicial también formaba parte de las disputas por el control orgánico del partido.

La tendencia se mantuvo durante ese mismo año con uno de los enfrentamientos judiciales más mediáticos protagonizados por Campos: la querella contra Alvise Pérez por presuntos delitos de odio, revelación de secretos, injurias y vulneración del derecho al honor a raíz de diversas publicaciones sobre su vida privada y su familia.

El caso Valtònyc, el más sangrante

Ninguno de los procedimientos impulsados por Campos, sin embargo, ha tenido un impacto comparable al del caso Valtònyc. La denuncia presentada en 2012 contra el rapero mallorquín por las letras de varias canciones acabó convirtiéndose en una de las causas judiciales más conocidas de los últimos años en el estado español. El Tribunal Supremo confirmó una condena de tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, amenazas e injurias a la Corona, una decisión que acabó provocando el exilio del músico cuando tenía solo 23 años, en Bélgica, para evitar el ingreso en prisión.

Campos no solo impulsó la denuncia inicial cuando presidía Círculo Balear, sino que posteriormente también promovió nuevas acciones judiciales relacionadas con declaraciones efectuadas durante conciertos del cantante. El proceso judicial supuso una avalancha de manifestaciones y protestas en toda Mallorca durante los años que duró la causa contra el rapero.

Defenderse con el derecho penal 

Si hay un elemento que conecta buena parte de los procedimientos impulsados por Jorge Campos es la defensa del honor, la reputación personal y la denuncia de presuntas injurias, muchas de las cuales han acabado en multas y absoluciones.

Esta estrategia es precisamente la que cuestiona la defensa de Picornell. "El uso del derecho penal debe ser excepcional. Estamos hablando de la herramienta más contundente de que dispone el Estado, la que puede acabar comportando penas de prisión. No se puede convertir en una respuesta habitual ante cualquier crítica política o cualquier expresión que alguien considere ofensiva", argumenta el abogado.

El letrado recuerda que la jurisprudencia española y europea establece estándares muy amplios de protección de la libertad de expresión cuando las manifestaciones afectan a cargos públicos o personas con proyección política. "Los políticos deben aceptar un nivel de crítica mucho superior al de un ciudadano particular", sostiene. 

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional, Sebastià Rubí, apunta que, a pesar de que Campos tiene derecho a acudir a los juzgados por lo que él considera una vulneración de derechos, sí considera que no sería del todo lícito, ya que si todos los ciudadanos hicieran lo mismo, se deberían cerrar los juzgados por falta de capacidad. Igualmente, coincide en el hecho de que se trata de una forma de intimidación, porque si no, existen otros mecanismos para evitar este punto “de confrontación con sus enemigos”.

Confrontación permanente

La querella contra Picornell llega, además, después de que el mismo Campos haya anunciado públicamente la posibilidad de ampliar acciones judiciales contra otros dirigentes políticos como el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, y el diputado de la misma formación, Lluís Apesteguia.

En perspectiva, la tendencia muestra un patrón que atraviesa toda la trayectoria pública del dirigente de Vox. Activistas independentistas, organizaciones juveniles, cantantes, militantes de izquierdas, críticos internos de su partido, adversarios políticos e incluso figuras mediáticas de la órbita de la extrema derecha española han acabado en algún momento ante los tribunales a raíz de acciones legales emprendidas por él.

"La cuestión es si estas actuaciones responden exclusivamente a la defensa legítima del honor y de los derechos personales o si forman parte también de una estrategia política basada en la judicialización del conflicto público", apunta el letrado de la última víctima de Campos. “Que a alguien no le haya gustado lo que se publicó es una cosa. Que esto se intente convertir en un procedimiento penal es otra muy diferente", argumenta Rosell. Para el letrado, el derecho penal no debería servir para resolver conflictos derivados de la crítica política. “Hablamos de la herramienta más contundente del Estado. El derecho penal es lo que permite pedir penas de prisión a una persona. No se puede activar cada vez que alguien se siente ofendido”, dice.

A su parecer, el caso encaja en una dinámica cada vez más habitual de utilización de los tribunales para perseguir o desgastar adversarios políticos. “El lawfare consiste en emplear instrumentos legales para atacar la disidencia política. Y no hace falta que la querella tenga recorrido o posibilidades de éxito. Muchas veces el objetivo es el mismo proceso: generar miedo, desgaste, costes económicos y autocensura”, apunta. A pesar de todo, Rosell se muestra convencido de que la causa contra el expresidente del Parlament Balti Picornell acabará archivada una vez la Fiscalía analice el contenido.