Sánchez irá al Constitucional si Prohens no revierte la derogación de la ley de memoria

PalmaEl gobierno español llevará la derogación de la ley de memoria democrática balear en el Tribunal Constitucional (TC) si la presidenta Marga Prohens no da marcha atrás. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a la primera cumbre contra el odio inaugurada por el presidente español, Pedro Sánchez, recogidas por EFE.

Según el ministro, la derogación es un caso de "sumisión" del PP a Vox. "Tengo que lamentarlo, porque no era preciso que el PP, de nuevo, cediera a las exigencias de la ultraderecha", ha dicho: "Se ve claramente quien manda". "Unos pueden tener la presidencia, pero mandan más los otros, los que exigen y ponen condiciones". Explicó que invitará al Govern balear a sentarse con el español para negociar y revertir la derogación. "Si nos dicen que no se sientan con nosotros y no hay acuerdo al respecto, el gobierno de España elevará al TC la cuestión solicitando que (la eliminación de la ley) quede sin apego inmediato", continuó.

Sin embargo, fuentes del Govern balear recuerdan que la ley no fue impulsada por el Govern, sino por el grupo parlamentario de Vox. En el mismo sentido, señalan que las reuniones bilaterales entre administraciones suelen basarse en avisos de inconstitucionalidad, pero tratándose de una derogación desconocen "el objeto a negociar". Si finalmente recurre la norma al TC, el gobierno español lo hará de acuerdo con el artículo 33.2 de la Ley orgánica del TC, que plantea la posibilidad de entablar negociaciones sobre una ley entre administraciones para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

El ejecutivo español ha acudido ya otras veces al TC. Lo hizo con la derogación de la ley de memoria en Aragón, la denominada ley de 'concordia' en la Comunidad Valenciana y la suspensión de la ley de memoria cántabra impulsada, en las tres ocasiones, por el PP y Vox. No hay sentencia definitiva en estos casos, pese a que el Constitucional suspendió preventivamente la derogación de la norma de Aragón y la de algunos artículos de las otras dos.