Investiguen al alcalde de Sóller por prevaricación
El juzgado de Palma ha abierto diligencias contra Miquel Nadal (PP) y otros regidores y exregidores por un presunto caso de trato de favor a un antiguo concejal del mismo partido con negocios en el Puerto de Sóller
PalmaUn juzgado de Palma ha abierto diligencias contra el alcalde de Sóller, Miquel Nadal (PP), y varios regidores y exregidores del Consistorio por un presunto caso de trato de favor a un antiguo edil del mismo partido y actual propietario de dos establecimientos en el Puerto de Sóller.
La querella ha sido presentada por una empresa local del sector de la restauración con actividad en el barrio de Santa Catalina del Puerto de Sóller y se dirige también contra el primer teniente de alcalde, Carlos Darder; el exregidor de Urbanismo y Actividades, Juan Antonio Lorente, y el exregidor del PP Joan Ruiz Mesquida, propietario de los negocios Can Joan y Vint.
Según la denuncia, avanzada por la Cadena SER y el Diario de Mallorca, los responsables municipales habrían favorecido durante años al empresario mediante resoluciones administrativas, omisiones e interpretaciones jurídicas “arbitrarias” orientadas a beneficiar sus intereses.
El núcleo principal del caso se centra en la licencia de actividad del restaurante Can Joan. Los denunciantes aseguran que el Ayuntamiento habría aplicado criterios diferentes en situaciones prácticamente idénticas, tanto de hecho como de derecho, en función del establecimiento afectado.
En este sentido, recuerdan que locales como Ham y Coupage, también situados en Santa Catalina y a pocos metros de Can Joan, fueron clausurados o privados de licencia al encontrarse sobre vía pública, después de que el mismo Consistorio considerase que el planeamiento urbanístico lo prohibía expresamente.
En cambio, cuando en 2024 se solicitó la revisión de oficio de la licencia de Can Joan por los mismos motivos urbanísticos, el Ayuntamiento inadmitió la petición. La querella califica esta decisión de “jurídicamente aberrante” y sostiene que se habría construido específicamente para evitar las consecuencias legales que sí se aplicaron en otros casos.
Para los denunciantes, esta diferencia de trato constituye uno de los principales indicios de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias que se atribuyen a los investigados.
Además, el escrito recoge otras actuaciones que, según la querella, formarían parte de un patrón sostenido en el tiempo: supuestas irregularidades en expedientes sancionadores por ocupación de vía pública, inejecución de resoluciones administrativas que afectaban a negocios vinculados al exregidor, concesiones de autorizaciones presuntamente contrarias a las ordenanzas municipales y modificaciones normativas que habrían beneficiado especialmente a sus establecimientos.
