El Gobierno solicita al Tribunal Supremo suspender los traslados de menores migrantes

PalmaEl Gobierno presentó este lunes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la primera solicitud para suspender la efectividad del Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que fija la "capacidad ordinaria" del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeras no acompañadas. Esta medida implica la inmediata suspensión de los traslados de menores hacia las Illes Balears, que se derivarían de esta norma.

Según el Gobierno, el Real Decreto presenta una nulidad manifiesta de pleno derecho, puesto que fue aprobado sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, obligatorio en normativas reglamentarias que crean derechos y obligaciones "ex novo". Esto constituye una "infracción clara del marco legal vigente y vulnera el principio de legalidad" establecido por la Constitución, según considera el ejecutivo de Marga Prohens.

Además, la situación del sistema de acogida de menores no acompañados en Baleares "es extremadamente crítica", con 700 menores acogidos en sólo 76 plazas ordinarias, lo que representa una sobresaturación del 1000 por ciento, ha remarcado el Govern. Tal y como explica, la no suspensión inmediata de los traslados haría "irreversible el perjuicio y haría ineficaz cualquier resolución futura del contencioso administrativo", ya que los menores serían trasladados "a un sistema ya saturado, degradando la calidad de la atención y vulnerando el derecho al mayor interés del menor", previsto tanto en la normativa balear como en convenios internacionales.

"Un sistema sobrecargado"

El ejecutivo balear remarca que esta petición es una medida cautelarísima que se fundamenta también "en la urgencia y el interés público": los traslados podrían ordenarse de forma inminente, y dado que el gobierno español ha declarado las Islas Baleares en situación de emergencia migratoria, resulta "imprescindible garantizar" que los menores no sean trasladados "a un sistema ya sobrecargado, preservando los servicios que garantizan sus derechos y bienestar".

El Gobierno de las Islas Baleares destaca que ésta es la primera solicitud de suspensión cautelar y que, en caso de ser rechazada por el Tribunal Supremo, presentará una nueva alegación, tal y como ya se había anunciado en las actuaciones anteriores.