El gobierno español descarta gestionar los aeropuertos de Baleares: "No son los culpables de la masificación turística"
Reclama a Prohens medidas para frenar el crecimiento de la oferta turística

PalmaEl gobierno español no se plantea la posibilidad de cogestionar los aeropuertos de Baleares con el Ejecutivo autonómico y consideró "una trampa" señalar a las infraestructuras gestionadas por Aena como las causantes de la masificación turística.
Así lo ha asegurado el delegado del gobierno español en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez, quien ha considerado que la petición del Govern pretende hacer ver que el causante de la saturación es el ejecutivo central. "Me da la sensación de que esa mirada hacia Aena y estas peticiones vienen un poco a decir que la culpa de la masificación turística no es suya, sino del gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado.
Fue precisamente Sánchez quien, tras la reunión con Prohens en la reciente visita a Palma, dejó entrever que la posibilidad de compartir la gestión aeroportuaria era remota, aunque es un asunto que ha generado cierto consenso a derecha e izquierda en el Archipiélago.
"Lo que le he dicho a la presidenta no ha sido cogestión", contestó Sánchez cuando una periodista mencionó la palabra en una de sus preguntas. Una respuesta algo ambigua que Rodríguez ha aclarado: "Lo que dijo el presidente del gobierno español es que esto no estaba sobre la mesa".
El delegado del gobierno, además, ha expresado la sospecha de que la cogestión reclamada por Baleares busca, de algún modo, señalar a los aeropuertos como los causantes de la masificación turística y como una herramienta de control de los flujos.
"Prohens, con este tema de la masificación, ha socializado los problemas, pero no ha liderado ni una sola solución", ha recriminado Rodríguez. Lejos de perseverar en esta estrategia, ha propuesto, que la presidenta autonómica debería evitar que la oferta turística siga creciendo, lo que, a su juicio, no está sucediendo con un Pacto por la Sostenibilidad que "parece de cartón piedra"; un decreto de contención turística que "deja que 90.000 plazas de alquiler vacacional puedan venderse en vez de ir decayendo"; y una ley de obtención de suelo que "pone fin a la vivienda de protección oficial" y generará "abundantes beneficios a los promotores".