Fracasa el plan expreso para instalar la nueva facultad de Medicina en el Riskal

PalmaLa modificación urbanística decretada por el Govern para hacer posible la apertura expreso de la Universidad privada de Medicina en Palma, ha quedado sin efecto días después de su aprobación. La falta de apoyo de Vox a la norma que permitía esta operación a medida –el Decreto ley de proyectos estratégicos– hace que ahora mismo no haya ningún amparo legal para modificar la normativa urbanística que abría sus puertas la nueva facultad.

Fue en el Consejo de Gobierno de Formentera cuando el proyecto de la Fundación San Pablo CEU logró la recalificación de los terrenos del antiguo edificio Riskal, donde pretende ubicar el campus. El Govern declaró el proyecto como estratégico a partir del Decreto ley ahora derogado, figura que debía permitirle agilizar los trámites urbanísticos.

Sólo habían pasado nueve días entre la solicitud de proyecto estratégico a la autorización definitiva de la modificación urbanística, acordada por el Consejo de Gobierno el 25 de septiembre. La vía exprés fue posible gracias al decreto ley que se aprobó el 5 de septiembre, que permitía acelerar los procedimientos para proyectos considerados estratégicos. Con esta declaración, el Ayuntamiento de Palma ya no tiene capacidad de oponerse a la modificación urbanística necesaria para cambiar el uso del suelo -antes destinado a ocio- y permitir actividad docente universitaria.

El Govern recuerda que, por mucho que sólo se han tardado nueve días en la declaración de proyecto estratégico, CEU San Pablo ya llevaba mucho tiempo tramitando los aspectos educativos de su proyecto. "El proyecto se presentó en su día para la tramitación de la autorización del centro adscrito y fue revisado por el servicio de infraestructuras e informado favorablemente, condicionado a la comprobación una vez finalizadas las obras", afirman fuentes de la Conselleria de Educación.

El proyecto preveía impartir Medicina y otros grados de ciencias de la salud a partir del curso 2026-2027. La decisión ha generado fuerte polémica política. La oposición (PSIB y MÁS) denuncia que se trata de una "operación urbanística elitista" y alerta de que el nuevo centro puede agravar los problemas de movilidad y saturación de servicios de la zona, además de criticar la rapidez con la que se han autorizado los cambios sin estudios previos de movilidad.

Validación de los estudios

La parte urbanística estaba ya completamente avanzada hasta ayer, cuando decayó el Decreto ley. Pero fuentes del Ejecutivo recuerdan que también queda pendiente el aspecto educativo: El proyecto todavía debe superar trámites académicos esenciales, como la verificación de los planes de estudios por parte de ANECA y el establecimiento de convenios de prácticas con centros hospitalarios.

La Conselleria de Educación señala que "aún se deben modificar los planes de estudio vigentes para contemplar su impartición en el centro adscrito, se debe obtener un informe favorable de la agencia de calidad autonómica (en este caso de Madrid) y se debe superar la evaluación técnica de infraestructuras, que debe confirmar y responder infraestructuras necesarios para impartir estas titulaciones", explican.

Pero ahora mismo, antes de todo esto, los promotores necesitarán asegurarse de que pueden ubicar el centro educativo en el edificio del antiguo Riskal, que la Fundación promotora adquirió hace unos meses por valor de 40 millones de euros. En ese momento todavía no existía el Decreto ley de proyectos estratégicos, que fue el instrumento empleado por el ejecutivo para modificar el planeamiento urbanístico de forma expreso. Ahora, esta fórmula ha quedado paralizada hasta que una futura nueva redacción de la norma pueda contar con el apoyo de los diputados de Vox, que este martes enviaron el texto al papel con su voto contrario a la validación.