Cort no sancionará a los acampados hasta que la Delegación del Gobierno no ordene su desalojo
Jaime Martínez insiste que los participantes incumplen las ordenanzas municipales, pero supedita las posibles multas a aclarar si continúan amparados por el derecho de manifestación
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PalmaEl Ayuntamiento de Palma esperará a que la Delegación del gobierno español en Baleares desaloje la acampada en caso de que considere que no sigue amparada por el derecho de manifestación antes de estudiar si abre expedientes sancionadores a los participantes por un posible incumplimiento de las ordenanzas municipales. Así lo ha asegurado este miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, un día después de que la Policía Local identificara a los acampados y de que los operarios de Emaya retiraran diversos objetos que tenían instalados en la vía pública.
Martínez ha vuelto a defender que los participantes incumplen las ordenanzas de convivencia cívica y de ocupación de la vía pública, aunque ha matizado que se trata de su "opinión". En este sentido, ha recordado que fue la Delegación del gobierno español la que autorizó la concentración "sine die" y que, por tanto, también es esta administración la que debería tomar la decisión de su desalojo. "Ayer llegamos hasta donde podíamos llegar, hacer cumplir las ordenanzas hasta el punto que podemos", ha afirmado el alcalde, que ha explicado que el Ayuntamiento ha trasladado a la Delegación que debería actuar como se hizo en Madrid. Martínez ha avanzado que el viernes, durante la Junta Local de Seguridad volverán a reclamar a la administración estatal que "adopte una decisión que ya debería haber adoptado".
En cuanto a la posibilidad de abrir expedientes sancionadores a los acampados, una medida que el alcalde ya había apuntado el martes, Martínez ha evitado avanzar ninguna actuación hasta que la Delegación del gobierno aclare si los participantes continúan protegidos por el derecho de manifestación. "Espero que la declaración pueda aclarar si incumplen las ordenanzas. Y, si es así, lógicamente se les abrirá el expediente que toca, como a cualquier ciudadano de Palma", ha dicho.
La Delegación del gobierno, por su parte, ha descartado la posibilidad de ordenar el desalojo de la acampada, como se hizo en Madrid, al considerar que los participantes continúan amparados por el derecho de manifestación. Fuentes de la organización de la Acampada por la Vivienda han asegurado este miércoles que no tienen ninguna intención de desmantelar la movilización. De hecho, han afirmado que la actuación de la Policía Local les da "más fuerzas" para continuar con la protesta en la plaza de España.