La contradicción de Prohens con los migrantes: niega que empeoren los servicios públicos y al día siguiente asegura que sí

Palma"La asistencia [sanitaria] a personas sin residencia legal representa el 1%. Tenemos que atenderles por razones de humanidad y por razones de salud pública". Así habló Prohens en el pleno del Parlament del martes sobre lo que supone para los servicios de las Islas la atención a migrantes que, a pesar de residir en Baleares, aún no han regularizado su situación administrativa. La presidenta tuvo que responder a una pregunta de Vox sobre el gasto sanitario de la atención a personas en situación irregular, una petición sin sentido, según dejó patente la propia Prohens: "El IB-Salut solo tiene un presupuesto y una contabilidad, y no se distinguen partidas en función de dónde se viene". "Esto lo debería saber una representante pública", le reprochó a la portavoz de la extrema derecha, Manuela Cañadas, que este miércoles ha acusado al Govern de opacidad por no hacer públicas unos datos inexistentes. "La señora Prohens ha decidido que el dinero de todos los ciudadanos es un secreto de Estado", ha criticado Cañadas.

A pesar de que el martes pareció que Prohens plantaba cara a la extrema derecha, a quien advirtió de los peligros del populismo, la presidenta ha cambiado sus argumentos este miércoles, una vez se ha publicado en el BOE la regularización decretada por el gobierno español. La presidenta ha señalado que la regularización provocará un empeoramiento de los servicios públicos, que ya atienden a estos migrantes –hace meses que residen en las Islas. También ha indicado que habrá una mayor presión sobre el mercado de la vivienda. "El resultado serán peores servicios públicos para los ciudadanos de las Baleares, porque esta regularización no viene con el compromiso de más financiación", ha continuado la presidenta, además de reiterar la necesidad de reformular el sistema de financiación autonómico.

A pesar de que las competencias de migración son exclusivas del Estado, el Gobierno presentará un recurso contra la regularización ante el Tribunal Supremo con el objetivo de que se suspenda cautelarmente esta medida, que entrará en vigor el jueves. "El coste práctico de esta regularización recae exclusivamente sobre las comunidades autónomas, motivo por el cual consideramos que podemos recurrir", ha argumentado.

La presidenta también ha reiterado dos críticas habituales de la derecha y la extrema derecha a la regularización. Por un lado, ha dicho que esta medida supondrá "un efecto llamada", a pesar de que solo se regularizará a personas que hace meses que residen en el estado español; y, por otro, ha augurado que esta medida "beneficiará" a las mafias que trafican con personas, sin mencionar las empresas que tienen trabajadores migrantes en situación irregular con condiciones laborales abusivas.

Además, Prohens ha lamentado que el gobierno español ignore "las advertencias de la Comisión Europea", que señaló que los migrantes regularizados de manera extraordinaria "solo serían legales en España". "El Gobierno, en la misma línea que todos los países europeos de diferente signo político, defiende una migración legal y ordenada. Las Baleares siempre han sido una tierra de acogida para quien viene a trabajar, a sumar, a integrarse y a respetar las leyes y la cultura", ha subrayado.

En cuanto a la inclusión de la exigencia de un certificado de ausencia de antecedentes penales en el proceso de regularización –ya no bastará con una declaración responsable–, la presidenta ha ironizado: "Si esperan que dé las gracias por limitar que no entren delincuentes en este proceso de regularización... Me parece lo mínimo que se pida un certificado de penales más allá de la declaración responsable. No todo el que llega es un delincuente, pero no todo el que llega es un ser de luz", ha comentado. En este punto, Prohens ha criticado que la izquierda la calificara de "racista y fascista" por "no querer dejar entrar delincuentes sin pedirles si son delincuentes".

Al pedirle sobre la estimación de 30.000 beneficiarios potenciales en Baleares de la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, Prohens se ha mostrado prudente. "No tenemos datos fiables del gobierno [español]", que estimó que los regularizados en las Islas serían unos 10.800. "Nos piden que estemos preparados para un proceso que no sabemos cuántas personas afectará", ha añadido. La presidenta ha manifestado preocupación por las reunificaciones familiares y el "colapso" en las oficinas consulares a raíz de la regularización, y también ha acusado a parte de los migrantes de perder "de golpe su pasaporte" para acogerse a esta medida. "La irresponsabilidad es tal que no me atrevo a dar una cifra hasta que no acabe el proceso", ha sentenciado.