Un inmigrante recoge sus objetos para la venta ambulante en Palma
09/02/2026
4 min

Una de las mejores noticias de estos días ha sido el anuncio del gobierno estatal de abrir, veinte años después del último, un nuevo proceso de regularización de las personas migrantes 'sin papeles' residentes en España. Es una excelente noticia en términos de derechos humanos y ciudadanía, aunque hoy en día se haya aceptado socialmente la negación de los derechos humanos, incluso de los genocidios.

En una comunidad como la nuestra, con la tasa de población de origen extranjero más elevada del Estado, lo es aún más, porque tener un porcentaje significativo de residentes sin derechos es insostenible desde muchos puntos de vista, pero sobre todo desde una perspectiva sencillamente humanista: no se pueden defender a la vez la igualdad y la esclavitud a la que se ve a las personas que se ve. Es inmoral vivir en una comunidad rica mientras negamos derechos fundamentales a los que también ha contribuido y contribuye a generar esta riqueza, porque la mayor parte de los que podrán optar a la regularización llevan años viviendo y trabajando aquí, pero su situación administrativa les condena a ser ciudadanas de cuarta categoría.

Incluso los empresarios lo han entendido, como ya lo había hecho antes la Iglesia, que a través de organizaciones como Cáritas ya había apoyado en su momento la recogida de cerca de 800.000 firmas impulsada por distintos colectivos migrantes. Si no te convencen los argumentos humanitarios, quedaos con la pragmática económica: mantener el crecimiento económico de los últimos veinticinco años requiere 15.000 personas 'extra' cada año, y por ahora tenemos más muertes que nacimientos y nos cuesta incluso retener población por la especulación con la vivienda.

Añadiría que estamos también ante una cuestión democrática: la regularización no es una decisión al azar, es el resultado de una iniciativa legislativa popular con mucho apoyo social detrás, aunque las personas que puedan regularizar su situación administrativa no podrán votar, por mucho que algunos políticos proclamen esta mentira.

Y, sin embargo, el PP de Feijóo ha pasado en poco más de un año de decir que veía con buenos ojos la regularización a criminalizarla, no sé si por envidia a los ultras de Vox o porque pasan de lo que digan los empresarios o la Iglesia católica, y prefieren a lo que a los Muchos no ha tardado en atacar lo que considera una decisión política contraria a su proyecto de apartheid global.

Si me déis a elegir entre lo que está pasando en Estados Unidos estas semanas, con las milicias racistas del ICE persiguiendo familias enteras por su color de piel; con detenciones arbitrarias de adultos y de niños deportados o trasladados a campos de concentración; con violencia institucional y terror en las calles… y lo que se está tramitando aquí, no tengo ninguna duda en decidir con qué me quedo. También me pido si todavía existe la más mínima posibilidad de evitar a medio plazo lo que ocurre al otro lado del Atlántico, que siempre suele salpicarnos aunque sea en diferido. Pero veo los calificativos de nuestros gobernantes autonómicos ('delincuencia', 'efecto llamada', 'tongo'…), y me entran las dudas, porque son indistinguibles de las que utiliza la extrema derecha global. Nada de todo lo proclamado estos días que pueda ser avalado con evidencias científicas. Lo que no tengo tan claro es si gastar recursos públicos en impugnar el proceso de regularización cuando no es tu competencia no rima con prevaricar… ¡Me paro, que me enciendo!

Baleares no es Estados Unidos de Trump

Afortunadamente, las Islas Baleares no son Estados Unidos de Trump, y lo que quiere la mayoría de isleños, nuevos isleños o con ocho linajes, es vivir en paz y ganarse la vida dignamente. En nuestras calles hay paz, sensatez, y cosas que nos gustan y otras que no, pero hay que reconocer el esfuerzo de una sociedad que ha crecido mucho y que pese a la inexistencia de una política pública para favorecer la convivencia –ni de derechas ni de izquierdas–, sigue adelante cada día.

Cambiamos de tema. O no. Hablamos de Fitur, y de las más de 1.000 personas fallecidas o desaparecidas tratando de llegar a nuestras islas el año pasado, que no han merecido ningún recordatorio en la feria turística, para consuelo de la industria. Qué triste presumir de ser una potencia mundial por según qué, pero no poder acoger a quien acude al llamamiento permanente de mano de obra de un sector que no deja de crecer.

Tal y como lo planteaba públicamente el obispo Taltavull hace unos días, yo también me pido por qué no se ponen obstáculos a millones de turistas y sí a los inmigrantes que llegan en patera. Yo, como él, también siente repugnancia por los cristianos que piensan así. Y tengo clarísimo que el efecto llamada es Fitur, y no un proceso de regularización que en el paraíso de las desigualdades llevará un mono de justicia social para quien más lo necesita. Estoy harto de defensores de la libertad en nombre del derecho a tener esclavos. Harto de esclavistas del siglo XXI.

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