El Consell de Mallorca ha recaudado 3 de los 10 millones de euros en multas por alquiler turístico ilegal

PalmaEl Consell de Mallorca cobró tres millones de euros en sanciones interpuestas por alquiler turístico ilegal entre 2024 y 2025. La cifra representa aproximadamente el 30% del total de las multas que la institución ha impuesto en estos dos años, que superan los 10 millones de euros. Así se desprende de los datos que la conselleria insular de Turismo entregó al PSIB en varias preguntas escritas (el departamento no respondió a la consulta de l'ARA Balears en la que se pedía cifra actualizada) bajo el concepto de "sanciones de Turismo". Aunque no son las exclusivas del alquiler turístico ilegal, actualmente esta actividad concentra la parte más grande de los importes sancionadores que tramita el Consell.

Fuentes del Consell recuerdan que desde que se inicia un expediente hasta que se cierra pueden pasar muchos meses y que los abonos voluntarios provocan reducciones de las sanciones, como también los casos en los que, mediante la aportación de documentación, se reduce o se archiva la multa. Todo ello hace que los importes en tramitación siempre sean superiores a las sanciones finales.

Se aprecia una diferencia entre 2024, cuando se cobró más del 30% de las multas, y la primera mitad de 2025, cuando el porcentaje cayó al 7%. En cuanto a la segunda mitad del año, la conselleria insular informó de haber recibido 193.809,8 euros al respecto, aunque no concretó si se trataba del pago de los mismos expedientes (en este caso, el porcentaje de multas cobradas se elevaría al 16% en todo el año) o si abrió de nuevos.

Según se desprende de diversas respuestas formales a los socialistas, entre enero y junio de 2025 la institución cobró 164.607,6 euros en multas por este aspecto, a pesar de que impuso sanciones por un valor global superior a dos millones de euros (2.144.620 euros). En total, la institución cobró 358.416,6 euros en multas por pisos de alquiler turístico ilegal. El año anterior, en 2024, el Consell puso multas por valor de 8.565.984 euros y cobró 2.042.888. En total, en 2024 se interpusieron 370 sanciones, la primera mitad de 2025, 48. Se desconoce cuántas fueron en la segunda mitad del último año. Además, en diciembre de 2025 habían caducado 52 expedientes.

En Palma, el porcentaje baja más

En Palma, el porcentaje de multas efectivamente cobradas por la administración aún desciende más. En 2025 se impusieron sanciones por valor de 4.298.416,2 millones de euros en la Ciudad y a final de año se habían cobrado solo 170.000 (el 4%). En 2024 se impusieron sanciones por valor de 528.812 euros, se cobraron 43.203,6 por vía voluntaria y 4.003 por vía ejecutiva, el 8% del total.

La consellera electa del PSIB que formuló las preguntas, Juana Adrover, considera que las cifras demuestran que "el alquiler turístico ilegal no está controlado en Mallorca, no se está tomando como una prioridad, no se hace una inspección útil y, sobre todo, no se hace una recaudación real" de las sanciones. A su parecer, "se sanciona mucho sobre el papel, pero se cobra poco". Destaca, además, el hecho de que en 2025 la eficacia recaudatoria haya empeorado. "El alquiler vacacional ilegal no baja, el problema no se está afrontando", ha lamentado: "No es suficiente con abrir expedientes ni anunciar grandes cifras, lo que mide la eficacia real es qué se cobra, qué tiempo se tarda en cobrar y qué queda bloqueado".

La ley contra la oferta ilegal aprobada en 2025 endureció las sanciones, que ahora pueden llegar a un máximo de 500.000 euros. La norma también amplió la responsabilidad más allá de los propietarios para incluir también las plataformas comercializadoras. Además, introdujo incentivos, como la reducción de hasta el 80% de la sanción si los pisos ilegales se destinan a alquiler social o a precio limitado. El pasado viernes, el conseller Guillem Ginard hizo un balance “positivo” del trabajo llevado a cabo esta legislatura. A pesar de admitir que el gobierno insular aún está lejos de su objetivo de poner fin al alquiler turístico ilegal, la situación ha “mejorado cada año”, dijo, y recordó las dificultades para fortalecer el departamento sancionador. "Esta legislatura, a pesar de las dificultades y la rigidez del funcionamiento de la institución, se han incrementado los efectivos y las actas levantadas", dijo.