El alquiler turístico ilegal, la piedra en el zapato de Llorenç Galmés
El presidente del Consell de Mallorca encara el último año de mandato sin resolver uno de sus principales retos
PalmaEn tres años de legislatura, el PP solo ha apartado un cargo institucional por los resultados de su gestión: el conseller insular de Turismo en Mallorca, Marcial Rodríguez. ¿El motivo? Su incapacidad para frenar el alquiler turístico ilegal y el desgaste político que esto le comportó. La presidenta del Govern, Marga Prohens, encomendó a los consells insulares la lucha contra esta actividad, pero en Mallorca el conflicto se ha cronificado. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha relevado al responsable –ahora Guillem Ginard está al frente de la Conselleria– y ha presionado a Airbnb para que retire anuncios de pisos sin licencia. Pero Galmés se encamina a las próximas elecciones con esta piedra todavía en el zapato.
En los últimos días, Galmés ha puesto en valor los avances logrados en esta materia. Según los últimos datos oficiales, publicados en agosto de 2025, el 39,5% de los pisos turísticos que se ofrecen en plataformas no están registrados ni disponen de número de licencia en los registros oficiales. De la media de 20.204 inmuebles analizados cada mes durante un año por el Consell, 7.978 eran ilegales, lo que representa 42.342 plazas turísticas. En una rueda de prensa este viernes, el presidente del Consell anunció que este año Airbnb ha retirado cerca de 8.000 anuncios de alquiler turístico ilegal en Mallorca. Según el dirigente popular, estos anuncios corresponden a una capacidad teórica de cerca de 40.000 plazas, aunque fuentes del área de Turismo admiten desconocer cuántas de estas han desaparecido definitivamente del mercado.
¿Qué se ha hecho esta legislatura? El PP ha seguido el camino marcado por el Consell de Eivissa, donde el partido gobierna desde la anterior legislatura y ya había aplicado medidas contra el alquiler turístico ilegal. Desde 2025, los consells tienen una herramienta nueva: la Ley contra la oferta ilegal, que prioriza la inspección, endurece las sanciones y permite clausurar viviendas.
Sin datos sobre las sanciones
Pero en la práctica, el Consell ha encontrado dificultades. Según el conseller insular de Turismo, en el último año se ha ampliado el cuerpo de inspectores, de 20 a 26 trabajadores. Mientras que los tramitadores –los técnicos que gestionan las denuncias– han pasado de tres a quince. En 2023 se hicieron 1.128 inspecciones y se levantaron 400 actas. En 2024, se hicieron 3.569, y se levantaron 504 actas. Mientras tanto, en 2025 la cifra de inspecciones se redujo hasta las 2.638, porque dos técnicos empezaron a visitar cada piso. El objetivo es, aseguran fuentes del departamento, que las actas se tramiten con más garantías y después no se archiven por motivos técnicos. Todavía no tienen la cifra de las actas levantadas el año pasado. La Conselleria tampoco ha respondido a la pregunta de cuántas sanciones han impuesto hasta ahora, ni cuántas multas han cobrado.
Con todo, el departamento ha dado más datos en respuesta a preguntas específicas formuladas a lo largo del último año por el PSIB. En noviembre de 2025, el área de Turismo había ordenado el cese de la actividad de 165 viviendas que ofrecían alquiler turístico ilegal. Con fecha de octubre de 2025, el departamento también especificó que no había enviado ningún expediente a la Fiscalía por incumplimiento de una orden de cese.
El conseller Ginard hizo un balance “positivo” del trabajo llevado a cabo hasta ahora por su antecesor. A pesar de admitir que el Govern insular todavía está lejos de su objetivo de poner fin al alquiler turístico ilegal, la situación ha “mejorado cada año”, dijo. Así, atribuyó la situación actual al anterior Govern de izquierdas. “Con las competencias recientemente recibidas y transferidas de manera tan desastrosa, estamos hablando de un déficit brutal de recursos económicos y humanos, y de un desequilibrio muy grande entre la parte inspectora y la sancionadora”, expuso. “Esta legislatura, a pesar de las dificultades y la rigidez del funcionamiento de la institución, se han incrementado los efectivos y las actas levantadas”, dijo.
Con todo, la oposición es crítica con la gestión del PP, que gobierna con Vox en el Consell. “Se remiten a la Ley contra la oferta ilegal, pero no han empleado ninguna de las herramientas que tienen”, considera Juana Maria Adrover (PSIB). Después de levantar la moratoria de plazas turísticas del Pacto, Adrover considera que el Consell “continúa haciendo crecer la bolsa de plazas reguladas”, pero “no hacen nada contra el alquiler turístico ilegal”. Sobre la retirada de anuncios de Airbnb, opina que “los mismos que se retiran, al día siguiente vuelven a estar colgados”. De MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló considera que se han hecho “pocas acciones contundentes” en los últimos tres años.
“El nuevo conseller tiene una línea continuista con el anterior, ya no habla ni de contención”, lamenta. El representante de El Pi (ahora Coalición por Mallorca), Antoni Salas, defiende el “avance” en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, “pero a medias”. “El paso afortunado es eliminar los anuncios de las plataformas, pero se podría haber hecho más trabajo con los ayuntamientos para detectar infractores”, argumenta. Y añade: “Se debería poner fin a la oferta ilegal en el origen, trabajando con otros países”. El alquiler turístico ilegal es, por su naturaleza, difícil de detectar y cuantificar. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Galmés tiene un año para pisar el acelerador.
