MÉS acusa al Consell de convertir el IMAS en una inmobiliaria de la Guardia Civil

MÉS per Mallorca ha acusado al Consell de Mallorca de convertir el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en una “inmobiliaria de la Guardia Civil” después de que la institución insular haya decidido ceder gratuitamente 21 apartamentos de las Hermanitas para que residan en ellos agentes destinados temporalmente a la isla. La formación considera una “grave irresponsabilidad política” dedicar recursos gestionados por el organismo de servicios sociales a esta finalidad en plena crisis de la vivienda.

La decisión fue presentada por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez. MÉS sostiene que el alojamiento de los agentes es responsabilidad del Ministerio del Interior y considera que el Consell asume una competencia estatal mientras cientos de personas se encuentran en situación de exclusión residencial en Mallorca.

"Es incomprensible que, en medio de la peor crisis de vivienda que ha vivido Mallorca, la única iniciativa del Consell en esta materia sea ceder viviendas a la Guardia Civil", ha criticado la portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló. “El IMAS existe para proteger a las personas más vulnerables, no para suplir las obligaciones del Ministerio del Interior”, ha añadido.

Perelló ha contraposición la cesión de los apartamentos a las dificultades de las familias que no llegan a fin de mes, los jóvenes que se ven obligados a abandonar la isla y las personas que viven dentro de caravanas porque no encuentran una vivienda. “El PP decide que su prioridad es regalar pisos a un cuerpo del Estado”, ha denunciado.

La portavoz ecosobreranista considera que la medida simboliza las “prioridades equivocadas” del gobierno insular y la ha enmarcado en una situación que atribuye a la masificación turística, la especulación inmobiliaria y la falta de medidas institucionales para garantizar el acceso a la vivienda. Según Perelló, el Consell está más preocupado por resolver las necesidades de otra administración que por cumplir su función social.

El agravio con otros trabajadores públicos

MÉS también denuncia el agravio comparativo con otros profesionales esenciales que tienen dificultades para encontrar un alojamiento asequible en Mallorca. La formación menciona médicos, enfermeras, profesores, trabajadores sociales, policías locales y otros empleados públicos, y advierte que el problema de la vivienda dificulta cada año la cobertura de plazas y la prestación de servicios públicos básicos.

“Si el problema es garantizar alojamiento a los trabajadores públicos, hay que impulsar políticas de vivienda que beneficien a todos, no utilizar recursos sociales del Consell para privilegiar a un único colectivo que, además, depende de otra administración”, defiende el partido.

La consellera insular y portavoz de MÉS en el Consell Rector del IMAS, Rosa Cursach, ha calificado la cesión de “profundamente indecente” y la ha relacionado con la detención, hace unos días, de dos activistas que protestaban contra la crisis de la vivienda y los efectos de la masificación turística.

“En Mallorca detienen a activistas que denuncian que no se puede vivir en la isla, mientras a quienes los detienen el PP les regala una casa. Es una fotografía política devastadora”, ha declarado Cursach, que considera que el operativo policial fue “absolutamente desproporcionado” y generó “una enorme indignación social”.

Exigen que Interior asuma el alojamiento

Cursach ha defendido que todos los recursos del IMAS deben orientarse a atender a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. “No es admisible que el PP utilice equipamientos vinculados a los servicios sociales para asumir competencias estatales mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal emergencia social de Mallorca”, ha afirmado.

MÉS considera que el IMAS no fue creado para resolver los problemas de alojamiento de la Administración del Estado, sino para proteger a las personas que más lo necesitan. El partido argumenta que cada vivienda que deja de estar disponible para una persona o una familia vulnerable es una oportunidad perdida para cumplir la función social del organismo.

La formación reclama al gobierno insular que rectifique y exija al Ministerio del Interior que asuma el alojamiento de sus efectivos. También pide que todos los recursos residenciales disponibles del Consell se destinen a las políticas sociales y de vivienda para la ciudadanía de Mallorca.