Una aula vacía minutos antes del inicio del curso escolar.
Biel Vives
10/09/2026 - 20:35 h.
Portavoz de UOB Enseñanza
3 min

Estos días están en boca de todos los desastrosos resultados obtenidos por los alumnos del estado español en las pruebas PISA. Es cierto que la tendencia hace años que no es positiva, sino más bien todo lo contrario; no obstante, hay un tema que es especialmente alarmante: la comprensión lectora. Hace años que el sistema educativo hace equilibrios entre cambios legislativos constantes, experimentos pedagógicos, recortes presupuestarios y digitalización forzada sin obtener los resultados deseados. Toda esta parafernalia ha eclipsado un tema fundamental: la escuela ya no garantiza que los alumnos sepan leer y escribir. Se regalan títulos y se pasan alumnos de curso para maquillar una realidad espeluznante, que es que cada año el sistema escupe alumnos con un título de ESO en la mano que no sirve para nada más que para que el gobierno de turno pueda eximirse de la responsabilidad de tener una elevada tasa de fracaso escolar. Alumnos con el título de ESO incapaces de mantener una conversación de nivel básico en catalán; alumnos con el título de ESO que no saben situar los continentes sobre un mapa; alumnos con el título de ESO que no saben qué es un porcentaje; alumnos con el título de ESO que no pueden enlazar dos frases en inglés y ahora, con todos ustedes, la guinda del pastel: alumnos con el título de ESO –o de bachillerato– que no entienden lo que leen. Desgraciadamente, parece ser que el sistema ya no está pensado para formar a los niños, sino para guardarlos mientras sus padres trabajan.Mientras la ley pide a los docentes que formen ciudadanos críticos, que evalúen competencias como ‘aprender a aprender’ y que preparen a los alumnos para el mundo del futuro –abstracción delirante– la realidad es que el sistema educativo no es una prioridad para los responsables políticos. ¿Qué futuro espera a todos aquellos que no son capaces de entender un texto breve? ¿Cómo se supone que alguien debe aprender por sí mismo si no tiene las habilidades mínimas de lectoescritura desarrolladas? ¿Quién será el gran beneficiado si, el día de mañana, un trabajador no es capaz ni siquiera de entender qué pone en su contrato laboral? ¿A quién favorece que el sistema educativo público esté en decadencia?No parece que la LOMLOE haya ayudado mucho a mejorar la situación ni a facilitar el trabajo de los docentes –quien haya leído alguno de los criterios de evaluación que se estipulan en ella sabrá de qué hablamos. Asimismo, la implantación de algunos enfoques pedagógicos no ha conseguido, de momento, gran cosa más que cargar a los docentes de burocracia. Por si todo esto no bastara, la inteligencia artificial llegará a los centros para suprimir definitivamente la inteligencia natural y, de paso, permitirá a algunos hacer negocio con nuevas 'formaciones' para los docentes.Es cierto que el modelo educativo actual es mucho más ambicioso que el de tiempos pasados: se intenta llegar a todo el mundo, respetar las situaciones familiares y personales de cada niño, adecuarse al ritmo y a las necesidades de cada alumno… Pero para conseguir todo esto hay que preparar el terreno: aumentar la inversión en educación, dignificar la figura de los docentes, implementar leyes realistas y, en definitiva, imbuir al sistema educativo público de una autoridad y un prestigio que, hoy por hoy, ha perdido. De poco sirven las lamentaciones y los parches con los que se ha remendado la escuela pública en las últimas décadas. Un título de ESO que no garantiza que aquel alumno tiene unos conocimientos básicos tiene el mismo valor que un billete de treinta euros. No nos engañemos; no saldremos de esta situación por inercia ni sin hacer cambios estructurales. Es necesario –más que nunca, tal vez– que todas las partes implicadas –gobierno, oposición, docentes, familias, ciudadanos comprometidos con un futuro mejor (disculpen la abstracción)– luchen para que el sistema educativo público sea garantía de conocimiento y calidad académica.

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