La Protección Civil, frente a las debilidades humanas

Este verano ha sido bastante complicado en lo que respecta al mundo de la Protección Civil. Hemos podido constatar, una vez más y en todos los niveles, que tenemos unos sistemas de emergencias y una protección civil de calidad, tanto en medios humanos como materiales, coordinación, inteligencia y operatividad. Pero, por enésima vez, los ciudadanos hemos tenido que soportar declaraciones y peleas de algunos políticos y partidos que nos hacen avergonzar. Parece que piensen que todo vale si pueden desgastar o desacreditar al contrincante. A menudo actúan con una mirada infantil y chapucera, con una visión de corto alcance: sólo miran para sus intereses y los de su partido, nunca velan por el conjunto de la sociedad. Y mientras perdemos energía con esta manía miserable, los ciudadanos nos vemos obligados a aguantarlo, en vez de centrarnos –todos– en lo que realmente importa: la protección de las personas, de los bienes y del medio ambiente.

Es evidente que en la vida casi todo es mejorable. Ahora bien, en el tema que nos ocupa, podemos decir que hoy el sistema de Protección Civil en España es potente y técnicamente solvente. Disponemos de cuerpos profesionales y voluntarios muy preparados, protocolos de actuación verificados y consolidados en cientos de intervenciones y una clara normativa que reparte las competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios.

Los fundamentos de esta situación se encuentran en la Ley 2/1985 sobre protección civil, que estableció un primer marco normativo adaptado al entonces incipiente estado autonómico. El segundo paso decisivo llegó con la Ley de protección civil de 2015. Con su entrada en vigor, quedaron definidos de forma más clara y contundente los mecanismos y competencias de las administraciones. Cabe recordar que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue creada en 2005, y con la ley de 2015 su encaje dentro del sistema quedaba bien establecido y definido. Esta normativa incorporaba además una nueva orientación en las actuaciones de Protección Civil, basadas en los principios de continuidad, descentralización, planificación, coordinación, subsidiariedad, proporcionalidad, celeridad y eficacia. Todo ello pivotaba sobre un marco jurídico y constitucional que reforzaba el papel de las comunidades autónomas.

Y ahí radica uno de los eslabones débiles del sistema: muchas de estas comunidades están gobernadas por responsables políticos que no creen en estos principios o ni siquiera los conocen. Les viene muy grande, o sencillamente atrapan otros objetivos e intereses, no siempre confesables. Resulta penoso ver el panorama actual; ni los profesionales ni los ciudadanos nos lo merecemos. Por si fuera poco, tienen tendencia a no hacer los deberes cuando corresponde, porque saben que el UME les quitará las castañas del fuego, abandonando la potenciación de sus capacidades.

El sistema y las estructuras de Protección Civil responden bien frente a cada emergencia de envergadura. Sin embargo, hay algunos puntos débiles que se repiten cada vez más. Por un lado, la instrumentalización política. Cada gran emergencia (incendios, inundaciones, temporales, volcanes, etc.) suele ser aprovechada por los partidos para remarcar lo que el otro ha hecho mal, o que quieren hacer creer que ha hecho mal. Este hecho genera ruido mediático y dificulta que la ciudadanía perciba la coordinación y eficacia de los profesionales, aunque técnicamente las cosas funcionen bien.

Las tensiones competenciales son también recurrentes. Aunque la normativa establece claramente lo que corresponde a cada administración, la realidad política hace que, en situaciones críticas, aparezcan disputas sobre quién lidera, quién paga o quién comunica. La falta de cultura de colaboración política contrasta con la naturalidad con la que cooperan los equipos técnicos. Los políticos, por el contrario, prefieren marcar perfil propio en lugar de sumar esfuerzos. Esta actitud debilita la confianza ciudadana en el sistema, aunque los equipos, sobre el terreno, trabajen de forma impecable.

Otra disfunción a tener en cuenta es la importancia excesiva que a menudo se da en la rueda de prensa política, en detrimento de una información clara y rápida para la ciudadanía. Y esto genera desconcierto e, incluso, desinformación.

Ante este panorama, la ciudadanía debería empezar a decir lo suficiente y exigir más sensatez, seriedad y competencia a una clase política demasiado a menudo obsoleta, cuestionable e ineficaz. Al menos, deberían dejar trabajar a los profesionales y los técnicos, y asegurarse de que dispongan de los recursos materiales y humanos que necesitan. La protección civil, los ciudadanos, no necesitan políticos que busquen réditos personales o titulares fáciles, sino responsables que entiendan que salvar vidas y proteger el bien común es más urgente que ganar la batalla mediática. Y, sobre todo, que la prevención es la mejor herramienta en el mundo de las emergencias: los incendios se apagan en invierno, y las inundaciones se gestionan mejor cuando no llueve.

(*) Tuve el privilegio y el honor, entre 2015 y 2019, de conocer y trabajar con los soldados y mandos del 3r Batallón del UME, destacado en Bétera (Valencia). Baleares forma parte de su zona de actuación. Sólo puedo decir cosas positivas: gente comprometida y especial. El mismo pienso y digo de las unidades de bomberos del CIM y de Palma; de las agrupaciones de voluntarios de protección civil; y de las personas de la Dirección General de Emergencias del GOIB. Cabe mencionar, especialmente en relación con las inundaciones del Levante en octubre de 2018, la participación de la Comandancia de la Guardia Civil, las policías locales y la Comandancia Militar de Baleares. Durante esos años sentí orgullo y gratitud por toda esa gente que vive y trabaja para la Protección Civil.