Mallorca necesita límites

En el año 2000 llegaron a las Islas Baleares 10 millones de turistas. En el año 2026 ya llegarán 20 millones. Durante años, algunos responsables políticos intentaron hacernos creer que la saturación turística era solo una percepción. Hoy, sin embargo, casi nadie duda ya de que las Islas Baleares sufren un grave problema de masificación.

Cuando el GOB y Terraferida afirmamos que Mallorca está al límite no estamos haciendo una exageración retórica. Estamos describiendo una realidad visible en muchos ámbitos. El suelo rústico desaparece bajo nuevas construcciones. El consumo de agua supera la capacidad de los acuíferos y obliga a plantear nuevas desaladoras. Necesitamos más energía, más infraestructuras y más recursos de fuera. Las carreteras se congestionan, el transporte público sigue siendo insuficiente y los espacios naturales sufren una presión creciente.

También perdemos autonomía alimentaria. Cada vez hay menos agricultores, menos ganaderos y menos pescadores. Producimos menos alimentos y dependemos cada vez más de las importaciones para alimentar a la población residente, lo que nos hace más vulnerables y aleja a Mallorca de su capacidad de abastecerse con recursos propios. La reforma de la Ley agraria tampoco solucionará este problema.

Al mismo tiempo, el alquiler turístico, la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios dificultan el acceso a la vivienda. Muchos jóvenes tienen que marcharse porque ya no pueden vivir aquí. Mientras aeropuertos y puertos continúan creciendo, hospitales, escuelas, institutos y depuradoras quedan desbordados.

En definitiva, las familias están al límite. La vivienda está al límite. El territorio está al límite. Mallorca está al límite.

¿Cuánta gente puede soportar Mallorca?

Ante esta realidad surge una pregunta inevitable: ¿cuánta gente puede soportar Mallorca?

Tradicionalmente, esta cuestión se ha abordado mediante el concepto de capacidad de carga, es decir, el número máximo de personas o actividades que un territorio puede sostener sin degradar sus recursos ni empeorar la calidad de vida.El problema es que esta capacidad no es fija. Si falta agua, construimos una desaladora. Si falta energía, tendemos un cable submarino o cubrimos el territorio de placas solares. Si aumentan los residuos, ampliamos la incineración. Si las carreteras se colapsan, construimos nuevas infraestructuras o ampliamos las que ya hay. Si la actividad económica necesita más suelo, modificamos las leyes urbanísticas para hacer posible más construcciones. Cada vez que nos acercamos a un factor limitante, invertimos recursos y tecnología para desplazarlo un poco más allá. Esto puede dar la falsa apariencia de que los límites no existen.

Por eso la pregunta relevante no es cuánta gente cabe, sino cuáles son los límites que no deberíamos sobrepasar. Esta es precisamente la reflexión que plantearon Johan Rockström y sus colaboradores hace casi 20 años con la teoría de los límites planetarios. Su aportación no fue calcular cuántas personas caben en el planeta, sino identificar los procesos ecológicos esenciales que mantienen su estabilidad y advertir de los riesgos de superar determinados umbrales. La cuestión central era determinar qué límites no deberíamos traspasar para mantenernos dentro de un espacio operativo seguro.

Este enfoque nos ayuda a entender Mallorca. El agua, el territorio, los espacios naturales, la movilidad, la vivienda y la cohesión social forman parte de un mismo sistema. Por eso los problemas que denunciamos desde el GOB y Terraferida no son independientes, sino señales de alarma que indican que nos estamos alejando de un espacio operativo seguro.

Los problemas no desaparecen por el hecho de ignorarlos. Podemos aplazar sus consecuencias con más infraestructuras, más consumo de agua y energía, y más ocupación del territorio, pero cada vez necesitamos más recursos para mantener un modelo basado en el crecimiento continuo ilimitado.

Llegados a este punto, la cuestión es si estamos dispuestos a poner los límites que Mallorca necesita. Los gobiernos son los que deciden si aprueban nuevas urbanizaciones, nuevas plazas turísticas, nuevas medidas de desprotección territorial o simplificación administrativa. Pero los gobiernos raramente actúan en estos casos para defender el bien común si la ciudadanía no lo reclama.

Por eso la manifestación del domingo no es solo una protesta contra la masificación. Es una reivindicación a favor de un futuro habitable. Se trata de decidir si queremos seguir alejándonos del espacio operativo seguro que sostiene nuestra calidad de vida o si queremos empezar a recuperarlo.Mallorca está al límite. Todavía estamos a tiempo de evitar que lo supere definitivamente. Pero el tiempo de actuar es ahora.