El interior de Mallorca, en un punto de inflexión

PalmaAlgunos datos de estudios recientes no deberían pasarnos por alto. Mallorca ha perdido 189 km2 de suelo agrario (1990-2018); un 46% corresponde a nuevo suelo urbano (Cátedra de la Insularidad, UIB). Hoy se contabilizan en la isla 55.256 edificaciones en suelo rústico (Casas que no existen, Miquel Rosselló). Y, según Terraferida, el suelo rústico se ha desnaturalizado a un ritmo de 180 hectáreas anuales (2021-2024). No son cifras anecdóticas: retratan un mundo rural inmerso en un contexto cargado de tendencias insostenibles que provocan una profunda transformación territorial.

Seguramente, el Pla de Mallorca es la comarca que más al margen ha quedado del intenso proceso de turistificación de la isla. Actualmente, sin embargo, esta disonancia respecto a la deriva general se desvanece. A estas alturas, la transformación se materializa en múltiples afectaciones. Por un lado, la presión urbana sobre el suelo rústico nunca ha dejado de crecer: las parcelas no se valoran por la renta agraria, sino únicamente en función de las expectativas inmobiliarias. El paisaje rural, tradicionalmente volcado a la actividad agraria, se ve ahora obligado a adoptar nuevos usos, mayoritariamente residenciales y turísticos. El chaletismo se ha instalado definitivamente en el campo –edificaciones voluminosas, con grandes piscinas y extensos jardines–, y desde hace algunos años ya se construye en serie: una promotora levanta a la vez dos, tres y hasta media docena de chalets clonados. Por otro lado, el lucrativo uso turístico de las edificaciones ya existentes conlleva, como era previsible, infinidad de ampliaciones, construcciones adosadas, nuevos viales, piscinas, ajardinamientos y otros elementos, a menudo desmesurados o impropios del suelo rústico.

Dinámica socioeconómica

Los núcleos urbanos tampoco quedan al margen. La turistificación genera tal presión que, tarde o temprano, somete a los pueblos del interior a intensos procesos especulativos de compraventa de viviendas, precios por las nubes y acusados incrementos demográficos. Las repercusiones, sin embargo, no se limitan a las infraestructuras, también trastocan la dinámica socioeconómica del territorio. Los efectos sobre la agricultura, el comercio tradicional, el vecindario, el patrimonio y la cultura son cada vez más manifiestos. Bien mirado, nada que no fuera esperable: la turistificación siempre actúa como un excelente disolvente cultural e identitario. Hoy, en muchos lugares de Mallorca, la despersonalización cultural y lingüística es absolutamente alarmante.

Llegados a este punto, la escenografía del cambio territorial en el interior de Mallorca es lo suficientemente evidente. Otra cosa, sin embargo, es la respuesta política e institucional que cabría esperar. Si realmente queremos rehuir o, cuando menos, mitigar este proceso, hará falta concienciación y activación social. Despertar a las poblaciones locales y animar a los tejidos asociativos, a los colectivos vecinales y a muchos otros actores del territorio es imprescindible. Se trata de sumar capacidades, de reforzar la incidencia colectiva para conseguir un cambio de rumbo. En caso contrario, la inercia –que, en materia territorial, suele acabar consolidando aquello que después se hará irreversible– determinará el resultado final.

Ya es hora de poner sobre la mesa temas que hasta ahora el discurso político no se ha atrevido a tratar. La residencialización del suelo rústico, sin ir más lejos, hace ineludible plantear restricciones mucho más estrictas a la construcción de nuevos chalets y viviendas aisladas –o bien, simplemente, optar por la inedificabilidad en rústico, así como se hizo en Menorca. Pero esta no es la única cuestión. Es urgente abordar muchos otros temas como por ejemplo regular los usos en suelo no urbanizable (hace falta una mayor definición y más protección efectiva de la vocación agraria, forestal y no urbana del suelo rústico); determinar las prescripciones adecuadas para que construcciones e instalaciones se adapten al paisaje rural (y no comporten un demérito para los entornos tradicionales); establecer límites a los usos turísticos y recreativos; frenar los usos macroindustriales en rústico (macrogranjas, megaparques fotovoltaicos, plantas de almacenamiento de baterías); garantizar la suficiencia hídrica para los pueblos del interior y para la actividad agraria (el consumo turístico no puede continuar marcando las prioridades); ejecutar inversiones inaplazables en depuración de aguas y protección de acuíferos; revisar la delimitación de las figuras de protección territorial y agraria (AIA, ARIP, ANEI...); incrementar la titularidad pública de espacios de interés natural (ahora mismo, insignificante en el Pla de Mallorca) y recuperar la atención al campo por parte de los ayuntamientos (abocados casi exclusivamente a sus núcleos urbanos), entre otros.

De hecho, ante el alarmante grado de transformación, no tratar estos y otros temas territoriales en las próximas convocatorias electorales sería tan inexcusable como irresponsable. Los municipios del interior necesitan compartir una estrategia de planificación propia y, por otra parte, reclamar compromisos a las otras administraciones competentes. No se trata solo de hacer frente a la invasión de chalets y acebuches (el binomio: presión turísticorresidencial y abandono de terrenos agrícolas), sino de impulsar políticas comunes que permitan encarar los futuros cambios sin renunciar a la personalidad del territorio, al carácter predominantemente agrario y a la calidad ambiental que, apenas, han resistido hasta hoy.