Ni gente sin casa, ni casas sin gente

PalmaRecientemente, el Instituto de Antropología de las Islas (IAI), con una década de trayectoria académica y asociativa, ha renovado la junta con el objetivo de reactivar públicamente la entidad y retomar toda clase de actividades, seminarios y espacios de debate y reflexión en torno a la disciplina antropológica.

Sin embargo, esta renovación también obedece a una voluntad compartida por parte de la nueva junta de reafirmar el compromiso del IAI con las injusticias presentes en el contexto balear, derivadas de su colocación político-económica en el mundo, siguiendo el camino de precedentes como la implicación con la Plataforma por la Memoria Democrática y la declaración de condena del genocidio sionista en Palestina del año 2023. Ni como antropólogas y antropólogos, ni como trabajadoras y trabajadores queremos obviar la crisis y la conflictividad que los últimos años y meses han escalado en torno a la cuestión de la vivienda.

Un conflicto, evidenciado por la imposibilidad de cada vez más sectores de la clase trabajadora de acceder a una vivienda digna (y más dramáticamente con las muertes de Maricarmen, Olga, Javier y tantos otros), que lleva décadas gestándose y que forma parte de un proceso de crisis estructural del capitalismo agravada por las bases especulativas de la conjugación neoliberal. Así lo señalan multitud de estudios antropológicos y etnografías que analizan los efectos depredadores sobre la vida de la globalización imperialista, la financiarización de la economía y la competición desbordada que incentivan, algunas de las caras más crudas de las cuales son el auge del autoritarismo en los países, la militarización de las fronteras y la escalada belicista en todas partes.

El coste de vida (la cesta de la compra, el alquiler, los ‘servicios’ que hay que pagar ante el desmantelamiento del sector público) no hace otra cosa que crecer mientras que, por contraintuitivo que parezca, los beneficios de los empresarios que concentran más riqueza y propiedades se encuentran en alza histórica, favorecidos por el negocio inmobiliario. Solo por poner un ejemplo, si en el año 2015 el precio medio de alquiler de una vivienda de 80 m² en Baleares era de unos 700 euros, hoy ya ha superado los 1.600 euros. No extraña, pues, que en 2024 más de 10.000 personas salieran a las calles de Palma bajo el lema ‘Mallorca no se vende’, exigiendo vivienda como derecho, y que desde entonces se hayan sucedido protestas en las Islas que han movilizado a más de 100.000 manifestantes a favor de la desmercantilización de la vivienda.

Esta preocupación social –esto es, la extensión, barrio a barrio, del clamor ‘ni gente sin casa, ni casas sin gente’– ha tenido como traducción académica el auge de los estudios científicos sobre la cuestión de la vivienda, especialmente centrados en el impacto en los sectores de población más desprotegidos y empobrecidos. Los trabajos sobre gentrificación, depredación económica y ecológica, la ocupación y otras artes de resistencia y protesta, las políticas públicas en la materia y los impactos mercantilizadores, entre muchas otras esferas, refuerzan el sentido de todo el conjunto de demandas y movilizaciones. En las Islas Baleares, junto con voces académicas ligadas a la Geografía, la Economía, la Historia, la Ciencia Política y la Literatura comparada, entre otras, hace más de una década que diversos antropólogos denuncian mediante la investigación y la presencia en los medios de comunicación que la vivienda entendida como mercancía (como cualquier otra –unos zapatos, un viaje, el trabajo en sí mismo–) y el vínculo con la industria turística genera un cóctel de consecuencias sociales muy graves que desviste cualquier análisis o parche macroeconómico optimista de un gobierno u otro.

Con los recortes ante la crisis de fondo, la política de ‘regulación’ del modelo turístico y del mercado de la vivienda no ha revertido ni frenado la expansión de las geografías del capital sobre barrios y pueblos enteros, que ha disparado la tasa de explotación laboral, ha afianzado la contracción de los sueldos y ha creado puestos de trabajo aún más precarios. En un contexto de especulación financiera desbocada, las dificultades para llegar a fin de mes han facilitado los procesos de desposesión de vivienda y han contribuido a la gentrificación ya no de zonas, sino de islas enteras, hecho que lleva a cada vez más familias a la rutina del desahucio, sean más mediáticos o sean silenciosos (pero siempre protegidos por códigos civiles y penales policializados). Diversas investigaciones etnográficas hechas en nuestra casa apuntan cómo esta expulsión y sustitución residencial –de vecinos a turistas– tiene una dimensión de clase muy clara. También lo recogen los datos del Sindicato de Vivienda de Palma (SHP) sobre la proliferación de alquileres turísticos, tanto legales como ilegales, que más allá de la ciudad, depredan y destruyen entornos naturales y rurales. Más de un 40% de propiedades van a parar a manos de extranjeros –de estos ricos y blancos, que no reciben muerte y criminalización cuando atraviesan fronteras. Solo en Palma, más de 10.000 pisos están vacíos, de los cuales 500 se encuentran en manos de grandes tenedores.

Aquí y en todo el planeta, la Antropología ha estudiado cómo la mercantilización de la vivienda y el negocio inmobiliario se alimentan del vínculo social (desde el trabajo de cada vecindario hasta las celebraciones y prácticas comunitarias, cooptadas al servicio del capital turístico). En consecuencia, como miembros del IAI consideramos que es urgente que reorganicemos el panorama científico de las Islas, para que la mirada antropológica y sus herramientas de análisis crítico (la etnografía, el extrañamiento, la comparación) ocupen un espacio educativo e institucional hoy inexistente (en parte, por los mismos intereses del poder).

Pero más allá del campo académico, como trabajadoras y trabajadores precarizados de sectores diversos que somos (universitarios, profesorado, función pública, tercer sector, cultura, museos), queremos apoyar la huelga general del día 11 de noviembre para defender el aumento de los salarios y de la desmercantilización de la vivienda, la suspensión real de los desahucios, la prohibición efectiva del alquiler turístico y la expropiación de pisos vacíos a grandes tenedores para destinarlos al alquiler social, entre otras demandas. Todo ello, con el horizonte de que todo el mundo tenga derecho a una vivienda gratuita y de calidad.