La especulación a cualquier precio
La historia se repite, y suele tener a los propios protagonistas. Cuando falta vivienda, la respuesta más fácil es abrir nuevo suelo, que es la respuesta que ahora da el PP a Baleares. La receta, en todo caso, es la misma: habilitar suelo rústico, recalificar de golpe, sin planificación, y regalar plusvalías astronómicas a unos pocos que llevan años esperando la oportunidad para hacer el balón.
En las Áreas de Transición (AT) que rodean las ciudades, numerosos promotores y constructores compraron terrenos como no urbanizables, a precio bajo, sabiendo que algún día los vientos cambiarían. Han esperado décadas sin invertir un euro, sin agricultura ni generar actividad productiva. Y ahora, con una decisión política, estos solares pueden multiplicar mucho su precio. Esto no es economía productiva, es especulación: ganar mucho sin hacer nada.
Lo que la Ley del suelo y el sentido común habían intentado evitar es precisamente eso. El suelo no puede transformarse automáticamente. Los procesos urbanísticos existen para garantizar que cualquier crecimiento responda a un interés general: que haya suficiente agua, equipamientos, movilidad adecuada y capacidad de servicio. Es un filtro importante, que obliga a los promotores a invertir, planificar y asumir riesgos. Recalificar de repente, sin ese camino previo, es saltarse la razón misma del urbanismo: poner orden en el territorio para evitar las malas decisiones que ya han hipotecado generaciones. Además, en municipios como Palma y Calvià, por poner dos ejemplos, hay suelo urbanizable. Por tanto, si se decide crecer sobre rústico, la pregunta es: ¿por qué? Y la respuesta puede ser tan simple como preocupante –porque algunos tienen intereses en ella. Y normalmente lo que conviene a unos pocos no conviene a todos.
En las Islas, donde el territorio es finito, lo que necesitamos no es más cemento sino más criterio. Arquitectos y urbanistas llevan años reclamando rehabilitar y densificar dentro de la ciudad, aprovechar solares vacíos, mejorar los tejidos existentes. La expansión descontrolada no resuelve el problema de la vivienda, lo perpetúa. Hace décadas que el precio sube, con moratorias, leyes y planes diversos, nunca ha descendido. Quizá el problema real no sea de suelo sino de usos: demasiadas viviendas dedicadas al turismo y un crecimiento desorbitado que crea demanda constante. Mientras, programas como el de alquiler seguro fracasan, y el mercado sigue premiando la especulación.
El caso del torrente de la Llavanera, en Ibiza, es otra muestra. Una de las zonas más peligrosas de la isla, donde las torrentadas han demostrado sus riesgos, es un objeto de deseo para ricos que quieren un apartamento con marca ibicenca. Pese a las advertencias, se levantan naves y pisos cerca del torrente. La presión del capital inmobiliario es tan fuerte que fuerza la legalidad y condena al territorio. Éste es el modelo que nos vuelve a derribar en la misma trampa, un territorio convertido en moneda de especulación. Necesitamos economía productiva, no rentistas que esperan la gran recalificación.