Una inspectora del Consell de Mallorca: "Es imposible poner fin a la oferta turística ilegal"

Palma"Es imposible poner fin a la oferta turística ilegal". Así de contundente se muestra una inspectora del Consell de Mallorca, que pide el anonimato, en conversación con el ARA Balears. Conoce de primera mano el trabajo que hacen los 26 inspectores de esta institución insular, que vigilan tanto la oferta reglada como la no reglada. Según el relato de esta fuente, es mucho más sencillo detectar infracciones en los propietarios con licencia que sancionar a los que actúan al margen del sistema. "No es nada fácil probar que hay oferta ilegal", apunta: "Van muy listos". En este sentido, advierte que, aunque se han endurecido las multas, su percepción es que "muchísimos procedimientos prescriben".

Según los últimos datos oficiales, publicados en agosto de 2025, el 39,5% de los pisos turísticos que se ofrecen en plataformas no están registrados ni disponen de número de licencia en los registros oficiales. De la media de 20.204 inmuebles analizados cada mes durante un año por el Consell, 7.978 eran ilegales, lo que representa 42.342 plazas turísticas. El pasado 10 de abril, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, anunció que este año Airbnb ha retirado cerca de 8.000 anuncios de alquiler turístico ilegal en Mallorca. Con todo, esta inspectora insiste en que "no se puede poner fin al alquiler turístico ilegal" estrictamente desde el control institucional: "Hacen de todo para saltárselo".

¿Cómo es el proceso habitual de inspección? La Ley de turismo de las Illes establece las funciones de los inspectores. En el caso de los establecimientos reglados, deben pasar por una visita de supervisión de inspección para obtener el permiso. Como están registrados, hacer un seguimiento de su cumplimiento de la normativa es factible. En cambio, esta fuente, que trabaja sobre el terreno, insiste en que los inmuebles que se ofrecen sin licencia son difíciles de rastrear. "Los buscamos a través de denuncias, o viendo anuncios de estancias turísticas que no nos constan en el registro", explica.

Una vez localizado un posible piso turístico ilegal, los inspectores se organizan para visitarlo. Desde 2025, lo hacen de dos en dos. Con todo, sus propietarios "conocen de sobra todos los pasos", asevera: "De entrada, cuesta identificar de qué piso se trata exactamente, porque los anuncios no lo concretan". Así, toca personarse en la finca e intentar hablar con el presidente de la escalera o bien localizar si hay turistas entrando y saliendo de un piso.

Los inspectores tienen un horario flexible para poder ser más efectivos. "Hemos llegado a hacer visitas de madrugada", señala esta fuente. En este sentido, asegura que los propietarios "hacen de todo" para esquivar los controles. Según su relato, cuelgan los anuncios en horarios extraños, "como al atardecer o los fines de semana". "A veces, si hay una denuncia por posible actividad, hemos llegado a buscar el anuncio al atardecer", señala. Aparte de las plataformas tradicionales, cada vez se cuelgan más anuncios en las redes sociales o en páginas web que no son españolas: "Últimamente, se hace mucho en Facebook".

En caso de que se identifique un piso que opere sin registro, entonces se levanta un acta por infracción y se pasa al departamento sancionador. A partir de entonces, los inspectores pierden el control del procedimiento. "La Ley del procedimiento administrativo dice que no somos interesados en el proceso", expone. Con todo, dice que le consta que el proceso es "muy garantista" y, por eso, a menudo prescribe.Tal como explicó ARA Balears, el Consell de Mallorca cobró tres millones de euros en sanciones interpuestas por alquiler turístico ilegal entre 2024 y 2025, mientras que el total de las multas que la institución ha impuesto en estos dos años superan los 10 millones de euros.

"No hay comunicación con el conseller"

Según explica esta fuente, "no hay comunicación" con el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, aunque admite que se reunió con los trabajadores del departamento a finales de año. Consultadas por esta cabecera, fuentes de la Conselleria insular declinan hacer ningún comentario sobre esta información e insisten en que se trata de una percepción personal que no representa al departamento en su conjunto.

Por otra parte, esta inspectora reclama más medios para llevar a cabo su trabajo. "El programa de monitoreo que nos dieron [de la empresa Talk & Code] funcionaba al principio, pero ahora menos, ya que a menudo se limita a detectar la oferta reglada que incumple la normativa, pero no toda la ilegal", señala. En el mismo sentido, considera que es necesaria una inversión en tecnología para detectar fraudes potenciales. En cuanto a fórmulas como la contratación de detectives privados, lo considera poco efectivo, porque "no pueden levantar el acta de infracción, y la visita de los inspectores se tiene que hacer igualmente".