Ni la violencia policial ni los intentos de los partidos de sacar rédito político nos lo deberían hacer olvidar: el pasado 26 de julio, el pueblo de Mallorca protagonizó la segunda manifestación más multitudinaria de la historia de las Islas Baleares. Solo la movilización contra el TIL en el año 2013, con 100.000 personas que desbordaron las calles de Palma, supera los 70.000 manifestantes que llenaron Ciutat con el lema ‘Mallorca, al límite’, una cifra que impresiona aún más si tenemos en cuenta que en el año 2024 una movilización similar congregó alrededor de 20.000.
Cifras aparte, el mensaje es claro: la ciudadanía de estas islas está harta de malvivir por el turismo. Sea de manera directa, sufriendo trabajos precarios dentro de un sistema absolutamente extractivista y podrido, o bien indirecta, con consecuencias como la masificación y saturación de servicios públicos, la presión en las infraestructuras o la destrucción del ecosistema, que avanza imparable a pesar de ser, este, el principal reclamo de hoteleros y del Gobierno. Ante esto, sin embargo, ¿cuál es la propuesta de los partidos? ¿Harán caso de una vez a esta invitación a decrecer, o continuarán maquillando lo que ya no se puede tapar ni con toda la ropa del mundo?
Lo primero que debería haber pasado, después de la actuación de la Policía española, es la dimisión en bloque de los responsables del ataque, empezando por Alfonso Rodríguez, delegado del gobierno estatal, hasta el último implicado, incluido el ministro Marlaska. Y no es una reivindicación simbólica: se trata, seguramente, de la agresión policial más brutal perpetrada contra el derecho de manifestación de los isleños, solo comparable a la represión sufrida por los catalanes durante el referéndum y las protestas por la sentencia del Procés o por el pueblo valenciano durante los años más duros de la Batalla de Valencia.
Y qué tenemos, ¿más allá de esto? Por un lado, un PP que declara la guerra al alquiler turístico ilegal y que limita el número de coches de alquiler mientras no osa tocar ni un palmo del negocio de los hoteleros, clave de bóveda del problema. Por otro, un PSOE que no fue lo suficientemente valiente durante sus años en el Gobierno, y que ahora, además de ser los primeros en aguantar la pancarta y al mismo tiempo hacer volar las porras, ha tenido la brillante idea de proponer como candidata a la presidencia a la secretaria de Estado de Turismo y, para la alcaldía de Palma, al último consejero… ¡De Turismo, también!
Queda por ver si MÉS será capaz de transformar esta rabia en propuestas concretes, y lo más importante: si sabrán hacerse necesarios a la hora de gobernar y aprobar leyes. ¿Y Coalición? ¿Continuarán copiando el discurso de Sílvia Orriols, que cada vez es más xenófobo y amigo del poder español, o encontrarán su voz como necesario espacio de centroderecha en Mallorca?
Los partidos tienen poco menos de un año para definirse, antes de las elecciones. Sea como sea, harán bien de no ignorar lo que cada vez es más un consenso entre los isleños: hasta aquí hemos llegado. Es urgente cambiar de rumbo.
