Los funcionarios de Costas plantan cara al Gobierno en defensa de Ferrer

Maria Joaquina Ferrer ya no es la directora general de Costes y Litoral, pero buena parte del equipo que ha trabajado con ella no parece dispuesto a dejar que su cese se lea solo en clave de una crisis de gestión. Veintiún funcionarios del organismo han firmado una carta dirigida al conseller de la Mar y del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, en la que expresan desacuerdo con la decisión del Gobierno y reivindican la manera como Ferrer ha dirigido el organismo estos meses.

Entre los firmantes se encuentra el jefe del Departamento de Costes y Litoral y las responsables de los servicios de Autorizaciones, Sanciones y Concesiones, además de 17 funcionarios más. Todos ellos hacen una defensa explícita de Ferrer, pero también del trabajo de los empleados públicos que han tramitado los expedientes más controvertidos. El mensaje que trasladan es claro: las resoluciones se han tomado de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos y con la normativa, aunque esto no coincidiera con aquello que esperaban otras administraciones o los interesados.

La carta dedica una parte importante a explicar qué pasó con las concesiones de las playas de Formentera, el conflicto que ha acabado precipitando la salida de Ferrer. Los funcionarios aseguran que, cuando Costas tuvo que tramitar las autorizaciones, se encontró que la documentación presentada y las actuaciones que se podían autorizar no coincidían con aquello que el Consell de Formentera ya había adjudicado.

No consideran que aquella situación pudiera convertirse en el criterio para resolver los expedientes. La Dirección General, sostienen, debía decidir a partir de la documentación del expediente, de los informes emitidos y de la normativa aplicable. "Difícilmente podía convertirse una situación de hecho creada previamente en el criterio determinante de la resolución que correspondía adoptar", escriben.

Los firmantes explican, además, que posteriormente el Servicio Jurídico acordó la retroacción del procedimiento, en contra del criterio que había mantenido la misma Dirección General. Según la carta, Costas consideraba que, por el tipo de modificaciones planteadas y de acuerdo con la normativa aplicable, procedía presentar una nueva solicitud.

Discrepancias

La carta no habla únicamente del conflicto de Formentera. Los funcionarios aseguran que durante los últimos meses ha habido discrepancias relevantes con otros criterios técnicos o jurídicos sostenidos por la Dirección General y que, en algunos casos, la competencia para resolver fue asumida por un órgano superior.

Es en este contexto que los firmantes sitúan el papel de Ferrer. "En estas circunstancias, el personal de la Dirección General ha recibido el apoyo de la directora general en el ejercicio de sus funciones y en la aplicación de los criterios profesionales que le correspondía sostener", aseguran. También destacan el conocimiento del funcionamiento interno de la Administración y consideran que esto ha permitido consolidar "un equipo cohesionado, implicado y consciente de la responsabilidad que supone gestionar y proteger el litoral" de las Baleares.

Los funcionarios reivindican, así, una manera de trabajar basada en la aplicación de los criterios técnicos y jurídicos, aunque no conduzcan "a la solución más sencilla" ni a "la inicialmente esperada por todos los actores implicados". "Entendemos, sin embargo, que precisamente esta es la función que corresponde a una administración pública sometida al principio de legalidad", afirman.

Una etapa de "mucho trabajo"

Los firmantes apuntan que durante el período en que Ferrer ha estado al frente de Costas ha habido un aumento significativo de la plantilla y una mayor estabilidad, además de un incremento de la actividad de la Dirección General y del número de expedientes tramitados y resueltos.

También destacan que se han abordado numerosos asuntos de especial dificultad, algunos largamente pendientes y otros caracterizados por una elevada complejidad jurídica, técnica o institucional.

"Lo que hemos vivido es una etapa de mucho trabajo, de incremento de la capacidad de gestión, de resolución de expedientes especialmente complejos, de defensa del criterio profesional de los funcionarios y de apoyo a quienes tenían la responsabilidad de aplicarlo", señalan en el tramo final de la carta.

Por ello, consideran "de justicia reconocer públicamente la tarea desarrollada por la directora general" y expresan desacuerdo con una decisión que, según dicen, pone fin a "una manera de trabajar" que trabajadores de la Dirección General consideran "rigurosa, responsable y comprometida con la defensa del interés general".

Preocupación por la salida de responsables

La carta también alerta de las consecuencias que puede tener el cese más allá de la salida de Ferrer. Los funcionarios explican que les preocupa la continuidad del trabajo iniciado y "la estabilidad de un equipo que había alcanzado un elevado grado de implicación".

En especial, consideran preocupante la percepción que pueden generar situaciones como esta entre los empleados públicos "llamados a sostener criterios técnicos y jurídicos" cuando no coinciden con las expectativas existentes en torno a un determinado expediente.

En este contexto, explican que varios responsables de la Dirección General han decidido dejar sus puestos. Según los firmantes, esto supone "una pérdida de experiencia y conocimiento en un ámbito administrativo especialmente complejo".

Los autores de la carta insisten en que no pretenden sustituir la valoración política que corresponde a los órganos competentes ni hacer un juicio sobre el cese. Lo que quieren es "dejar constancia de aquello que hemos vivido directamente como empleados públicos".

Del reconocimiento al cese

La defensa que ahora hacen los funcionarios llega menos de cuatro meses después de que el mismo Gobierno hubiera expresado públicamente "orgullo y satisfacción" por la actuación de Ferrer ante un intento de soborno. A finales de abril, un empresario fue detenido tras intentar hacer llegar 20.000 euros a la directora general dentro de una caja de bombones.

Ferrer comunicó los hechos y avisó a la Policía, que posteriormente detuvo al empresario. El vicepresidente del Gobierno, Antoni Costa, afirmó entonces que había actuado como "debe actuar cualquier funcionario o cualquier cargo directivo público del Gobierno" y expresó satisfacción por la actuación de la directora general.

El mismo mes Ferrer explicaba a ARA Balears que aún persistía "la idea de hacer usos privativos en el litoral al margen de la norma" y defendía la necesidad de reforzar el control, la inspección y la tramitación de los expedientes.

El Gobierno destituyó a Ferrer después de menos de un año al frente de la Dirección General de Costas y Litoral, en medio de la crisis provocada por la tramitación de las concesiones de los servicios de la playa de Formentera. Su sustituto es el exalcalde de Llucmajor Joan Cristòfol Jaume Mulet.