El Parlamento impulsa un cambio legislativo para vetar a docentes condenados por acoso

PalmaEl caso de Miquel Roldán se ha debatido este martes en el Parlament. El pleno ha dado luz verde a la toma en consideración de una proposición de ley del PP para impedir que personas condenadas por acoso a menores puedan ejercer como docentes o en cualquier otra profesión en contacto habitual con niños. La iniciativa ha salido adelante con 50 votos favorables de todos los grupos y tres abstenciones de Vox. La propuesta plantea reformar la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia (Lovipi), una modificación que, de aprobarse definitivamente, deberá trasladarse al Congreso de los Diputados para su validación final. En concreto, contempla ampliar las causas de inhabilitación automática para ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto con menores.

El inicio de tramitación llega meses después del caso del profesor Miquel Roldán, condenado precisamente por acoso. Su regreso al CEIP Maria Antònia Salvà, donde había tenido problemas años atrás, generó quejas entre las familias y derivó en una huelga en la que los niños no acudieron a clase. Sin embargo, Durán remarcó que la iniciativa no responde a un caso concreto, sino a la necesidad de reforzar la protección de los menores. Según el PP, la normativa vigente deja a la Conselleria de Educación y los centros "con las manos firmadas y sin capacidad de actuar con la contundencia que la situación requiere". Actualmente, estas inhabilitaciones se centran en delitos sexuales y tráfico de seres humanos. La iniciativa popular propone incluir también delitos de acoso a menores, maltrato y delitos de odio.

La Conselleria de Educación pidió en septiembre de 2025 al gobierno español que vehiculara la modificación de la ley orgánica a través del Congreso de los Diputados, pero no se prevé. Ante esto, ahora, los populares llevan la iniciativa en el Parlament. Si se aprobara, después debería remitirse a la Cámara baja.

Acuerdo mayoritario

La diputada del PP, Marga Durán, encargada de defender la iniciativa, ha subrayado la importancia de garantizar la seguridad de los niños y ha apelado a la responsabilidad compartida de los grupos parlamentarios: "Hacemos un llamamiento a todos los grupos a enviar un mensaje claro a la ciudadanía: que en lo que afecta a la seguridad de los menores somos capaces de ir todos juntos". Asimismo, expresó la voluntad de llegar a consensos para concretar jurídicamente el texto con la "mejor redacción posible".

Por parte del PSIB-PSOE, la diputada Amanda Fernández coincidió en que existe un vacío legal que "es importante subsanar para dar seguridad a los menores ya sus familias", aunque reprochó al PP que presente la propuesta "para quedar bien". También han apoyado la iniciativa MÉS por Mallorca y Més por Menorca. La diputada ecosoberanista Maria Ramon ha defendido que es "bueno y necesario" ampliar los supuestos de inhabilitación a delitos de odio y agresiones, mientras que la menorquinista Joana Gomila ha destacado que la medida puede "reforzar la seguridad de los menores y contribuir a prevenir conductas abusivas o delictivas". En la misma línea se ha expresado el diputado de Unides Podem José María García, quien ha remarcado que los niños deben ser "especialmente protegidos".

El único grupo que no ha apoyado la toma en consideración ha sido Vox, que se ha abstenido. La diputada Manuela Cañadas ha argumentado que la ampliación de los delitos debería hacerse desde un "enfoque completo" y no de forma "parcial", y ha cuestionado que queden fuera algunos supuestos, como los relacionados con el terrorismo.