El PP quiere vetar a los condenados por acoso de trabajar con menores a raíz del caso Roldán
El Parlamento vota si la toma en consideración de la modificación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia
PalmaEl caso de Miquel Roldán se debatirá este martes en el Parlament. La Cámara debatirá una propuesta del PP para modificar la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia y prohibir que los condenados con sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales puedan trabajar con menores. Se trata de una modificación del artículo 57 de la Ley para que se incluya este requisito. La portavoz junta del grupo parlamentario popular, Marga Duran, ha explicado que la iniciativa parte de la polémica que hubo cuando Roldán, que ha cumplido una condena por acoso, quiso reincorporarse al trabajo como docente en el CEIP Maria Antònia Salvà, en Son Sardina. Las familias organizaron protestas que se alargaron durante semanas y el docente, finalmente, acabó cogiendo una baja laboral.
"Es un requisito para el acceso y el ejercicio de cualquier profesión, oficio y actividad que implique el contacto habitual con menores de edad no haber sido condenado con sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales (...), por cualquier delito de tráfico de seres humanos (...), así como por cualquier delito a más..." violencia de género o de odio, reza la modificación de la ley del PP. "Quien pretenda el acceso a estas profesiones, oficios o actividades debe acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales", concluye.
"No puede haber ningún vacío legislativo ante estos casos", ha expuesto Duran. "En la escuela de Son Sardina, con una condena firme por acoso, este docente podía seguir ejerciendo, y la Conselleria de Educación tenía las manos firmadas", argumentó la portavoz, quien defendió que el cambio legislativo responde a "una demanda de la comunidad educativa", y pidió apoyo al resto de grupos parlamentarios.
La Conselleria de Educación pidió en septiembre de 2025 al gobierno español que vehiculara la modificación de la ley orgánica a través del Congreso de los Diputados, pero no se prevé. Ante esto, ahora, los populares llevan la iniciativa en el Parlament. Si se aprobara, después debería remitirse a la cámara baja.