El Govern buscará el encaje legislativo de los pactos con Vox a partir de septiembre

PalmaEl Gobierno dejó para después del verano la aplicación de algunos de los pactos con Vox a cambio de los presupuestos –se varieron aprobar a finales de julio. A partir de septiembre, el PP empezará a buscar la fórmula para dar encaje legislativo a algunas propuestas de la extrema derecha que no se introdujeron en las cuentas y que deben aprobarse por otras vías. Especialmente, la inclusión de la vehicularidad del castellano en la Ley de educación, y la eliminación y flexibilización del requisito lingüístico de catalán en diferentes plazas de la administración. Además, PP y Vox pactaron condicionar la Renta Social Garantizada de nuevos perceptores a acreditar tres años de residencia. En el mismo sentido, debe darse forma legal al rechazo al Pacto Verde Europeo que exigió la extrema derecha.

Fuentes del Ejecutivo remarcan que se han empezado a trabajar los presupuestos para 2026 a lo largo del verano, y que se presentarán en los próximos meses. La Consejería de Economía y Hacienda también prevé impulsar la Unidad Aceladora de Inversiones para facilitar la implantación de los proyectos estratégicos –se integra en la Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondo Europeo y Simplificación Administrativa. Además, hay dos leyes pendientes de tramitación: la de costas y la agraria –el Gobierno prepara sus anteproyectos de ley.

Tal y como va explicar el ARA Baleares, la modificación del programa de alquiler seguro está sobre la mesa, porque no ha cumplido las expectativas del Ejecutivo. En el mismo sentido, la reforma exprés del Gobierno con la que Prohens dio inicio en verano también debe empezar a dar frutos. El Pacto por la Sostenibilidad, que ahora lidera la nueva Consejería de Trabajo, entrará en la segunda fase de debate de propuestas de las entidades, tras una temporada turística en la que se han repetido escenas de masificación.

La inmigración, el frente más urgente

Las mismas fuentes advierten que el drama migratorio seguirá siendo el frente "más urgente" del Govern al inicio del nuevo curso político. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el decreto que fija la capacidad de acogida de las comunidades autónomas, incluidas Baleares, y que supone el último trámite para poner en marcha el reparto de menores migrantes. La negativa de Prohens a acogerlos –el Ejecutivo ha anunciado la presentación de un recurso para paralizar su llegada al Tribunal Supremo– le ha enfrentado con el Gobierno canario y ha generado tensiones con el español. Tanto el Govern como el Consell de Mallorca estudian habilitar un espacio de primera acogida de emergencia de los menores en el antiguo cuartel de Son Tous.