El gobierno español deniega la contingencia migratoria en Baleares
Prohens ha asegurado que seguirá luchando por detener un reparto "que favorece a otras comunidades"


PalmaEl Ministerio de Juventud e Infancia ha denegado este martes la petición de contingencia migratoria al Govern balear. En una resolución, desestima la solicitud porque el número de menores extranjeros no acompañados que actualmente acogen a los consejos insulares no multiplica por tres la capacidad ordinaria de las Islas, que son 406 plazas. "Según los datos aportados por la propia comunidad a fecha de análisis de la solicitud, el número total de personas menores de edad extranjeras no acompañadas acogidas es de 694, insuficiente para llegar al umbral establecido legalmente para declarar una situación de contingencia", especifica el ejecutivo del Estado. Para tener una respuesta afirmativa del Ministerio, las Islas deberían acoger a 1.218 menores migrantes no acompañados.
La presidenta Marga Prohens ha reaccionado a la notificación con indignación. En la sesión de control al Gobierno en el Parlament, lamentó que el día en que el Archipiélago ha superado la cifra de "más de 5.000 personas en situación irregular" en 2025, el gobierno español les deniegue la solicitud. "La responsabilidad del gobierno es proteger nuestras fronteras, actuar contra mafias que trafican con vidas humanas", ha denunciado Prohens: "Necesitamos la contingencia migratoria, porque el resto es indigno, racista e inhumano".
Así lo ha asegurado en la sesión de control en el Parlament, después de que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, le haya preguntado si "está dispuesta a pasar de las palabras a los hechos en materia de inmigración ilegal". La presidenta balear ha expresado que "recorrerá todas las vías a su alcance para detener ese reparto discriminatorio que favorece a otras comunidades autónomas".
Evita condenar el genocidio de Gaza
Cada vez más instituciones y organizaciones occidentales –incluida la relatora de la ONU Francesca Albanese– definen los ataques de Israel contra la población de Gaza como genocidio. El pasado lunes, el presidente español, Pedro Sánchez, ya empleó este término, tras recordar las cifras de 63.000 muertes, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición y casi dos millones de desplazados. Pero Prohens ha evitado una vez más condenarle. Durante la sesión de control en el Parlament, se limitó a "condenar cualquier asesinato de cualquiera, venga de quien venga", y criticó que "Hamás, un grupo terrorista, dé la enhorabuena al gobierno de Sánchez".
Prohens ha respondido así a la petición del líder del PSIB, Iago Negueruela, para que se pronunciara. "Miles de muertos, desplazamiento forzoso, genocidio, diga su opinión clara: ¿por qué no es capaz de condenar el exterminio a Gaza?", le pidió. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo ha reconducido la respuesta a la cuestión que ha centrado sus intervenciones en los últimos meses, la ola migratoria y el rechazo al reparto de los menores no acompañados provenientes de las Islas Canarias y decretado por el gobierno español. "¿Condena usted no perseguir a las mafias, o las políticas de efecto llamada, que el gobierno de España no haga nada para detener a los muertos en Baleares?", replicó.
Fernández habla de "efecto llamada" en las ayudas
Por su parte, la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, que el pasado mes de julio sustituyó a Catalina Cirer, se ha estrenado en el Parlament confirmando el acercamiento del Gobierno a las tesis de Vox. Respondiendo a una pregunta del diputado del partido de extrema derecha Sergio Rodríguez, Fernández ha dicho que existe un "efecto llamamiento" a los inmigrantes por la gestión de "algunas ayudas" que, a su entender, "generan una falsa percepción de cobertura social a todo lo que llega" en las Islas.
En la sesión de control al Govern, ha dicho que tiene la "obligación de no contribuir" a la situación de emergencia migratoria en las Islas y, por ello, el PP pactó con Vox condicionar la Renta Social Garantizada de nuevos perceptores a acreditar tres años de residencia. "Cuando hablamos de recursos sociales, debemos ser especialmente rigurosos, porque cada euro que se derroche será un euro que no se destine a las personas más vulnerables, y por desgracia, hemos heredado una situación de los gobiernos de izquierda que nos obliga a poner orden a muchas de estas prestaciones, para que vayan a las personas que realmente lo necesitan", ha subrayado.
En el mismo sentido, ha negado las acusaciones de racismo y xenofobia de la izquierda. "Los racistas son los que desde la más absoluta demagogia y el mayor de los cinismos desmantelan los servicios de extranjería, impidiendo que muchas personas puedan regularizar su situación, nos deniegan la contingencia migratoria y no luchan contra las mafias que explotan a personas", argumentó.
Por su parte, Rodríguez ha llamado a suprimir las ayudas a migrantes porque, a su juicio, suponen un efecto llamada. "Es un ejercicio de responsabilidad y humanidad cortar el tráfico que hacen estas mafias, que son los negreros del siglo XXI", ha dicho: "Estas personas deben venir de forma aseada y en condiciones de dignidad".