El Colegio de Docentes suspende la legislatura educativa de Prohens (a pesar del dinero que les han dado/prometido)

PalmaEl Gobierno de Marga Prohens y la Conselleria de Educación de Antoni Vera llegan al último curso de la legislatura con más dinero que nunca para el sistema educativo, pero con un suspenso del Colegio de Docentes. La entidad considera que los nuevos complementos salariales para el profesorado y el incremento de otras retribuciones no compensan una política que, según el coordinador, Antoni Salvà, ha dejado de lado la red pública, ha favorecido la concertada y ha arrinconado a la comunidad educativa. “No existe el diálogo, no se escucha a la comunidad educativa y van con su hoja de ruta y pasan por encima de todos. Es decir, se hacen todas las mesas y reuniones posibles, pero se va con las decisiones tomadas. Si tuviéramos que poner nota a la Conselleria, la suspendería”, afirma Salvà. A su parecer, Educación ha mostrado menos capacidad de negociación que otros departamentos de Educación de gobiernos anteriores.

También hay aspectos positivos en el balance. Entre las medidas que valora destaca el reconocimiento del complemento de tutoría y, sobre todo, la apertura de la puerta a incorporar nuevos profesionales a la dinámica de los centros. "Se ha puesto sobre la mesa incorporar otros profesionales no vinculados al ámbito educativo, pero necesarios para hacer una educación inclusiva", señala. En este sentido, considera especialmente positiva la incorporación de psicólogos educativos y defiende que permitirá reforzar la función docente: "Esto es muy positivo, porque hace que no tengamos que hacer un trabajo que no forma parte de nuestro perfil profesional, que es lo que pasa ahora".

Salvá reconoce que el Gobierno ha respetado los procedimientos formales de participación, pero considera que cumplir el procedimiento no equivale a negociar. “Lo hacen formalmente, pero no con espíritu de diálogo”, afirma. Pone como ejemplo el Consell Escolar (CEIB), del cual critica que se hayan acortado plazos y que se haya abusado de los procedimientos de urgencia para reducir así el margen de maniobra del pleno, que en más de una ocasión ha echado atrás (consultivamente) iniciativas de la Administración. De los cinco últimos decretos, explica, el Consell Escolar pidió explícitamente retirar dos, el de calificación inicial y el del Bachillerato de Excelencia. La respuesta de la Conselleria, según el coordinador, fue elocuente: “No nos hicieron ni puta caso”.

Más dinero que nunca

El suspenso llega en una legislatura en la que Educación ha incrementado los recursos destinados al sistema y ha aprobado nuevos complementos salariales para los docentes, además de incrementar otros complementos que ya existían. El Gobierno puede exhibir una política de mejora retributiva y un presupuesto educativo que ha alcanzado máximos históricos. Pero para el Colegio de Docentes la cantidad global de dinero no basta para valorar el estado del sistema. “Nunca se había gastado tanto en educación, en presupuesto absoluto, pero si lo miras en euros por alumno, no es tanto”, afirma Salvà. El coordinador considera que hay que analizar cómo se reparten los recursos y qué parte de la inversión sirve para reforzar directamente la red pública.

En este sentido, considera insuficientes las medidas económicas dirigidas al profesorado. “Han contenido a los docentes con medidas económicas, medidas de maquillaje que no ayudan”, asegura. La crítica no es, por tanto, que no haya habido dinero, sino que no habrían servido para resolver los problemas estructurales que arrastra la educación. El Colegio reclama que el aumento de recursos se traduzca también en menos alumnos por aula, más plazas públicas, mejores infraestructuras, climatización y más recursos para la inclusión. “Es imprescindible, porque si queremos una enseñanza individualizada e inclusiva es imposible hacerlo con ratios elevadas”, defiende.

Para Salvà, esta es la principal contradicción de la legislatura: un sistema educativo que dispone de más recursos en términos absolutos, pero que, según su lectura, no ha reforzado lo suficiente los elementos que determinan la calidad de la enseñanza pública. El Colegio considera que las mejoras salariales son necesarias, pero no son suficientes si no van acompañadas de una política estructural de plazas, personal e infraestructuras.

Concertada, ratios e inclusión

La red concertada es uno de los principales puntos de discrepancia. Antoni Salvà considera que la legislatura ha ido acompañada de un aumento del peso de la enseñanza privada-concertada. “Ahora arrancaremos el curso en el que la privada se hará fuerte”, pronostica. Según él, los presupuestos ya reflejan esta tendencia, con una “disminución del gasto en enseñanza pública y aumento en la concertada”. Salvà no defiende eliminar la concertada: “El sistema concertado debe existir, porque las públicas no bastan”, admite. Pero considera que su peso es consecuencia, en parte, de la falta de creación de nuevas plazas públicas. “Es que no hay porque no se han creado, porque lo que ahora se está inaugurando viene de la legislatura anterior y todos los gobiernos siempre han ido más lentos que el ritmo de crecimiento del alumnado”, afirma.

El coordinador recuerda que el Pacto por la Educación establecía que la planificación educativa se debía basar en la creación de plazas públicas. Por ello, considera que dirigir una parte elevada de los recursos hacia el sector privado desvirtúa el modelo. “Querer que un porcentaje elevado de los recursos se destine al sector privado es pervertir el sistema”, sostiene.

El problema de fondo, según Salvà, es la “contención del gasto en educación”. La reducción de ratios es una de sus principales reivindicaciones. Recuerda que el Ministerio de Educación las ha reducido y considera que las Baleares no pueden quedarse atrás si quieren avanzar hacia un sistema más individualizado. Opina que el Govern ha introducido medidas que pueden incrementar la segregación de los alumnos por lengua, nivel académico y necesidades educativas especiales. “No han derogado leyes, pero han impedido su desarrollo, porque han introducido medidas de segregación por lengua, por nivel académico y ahora, segregación por alumnos con necesidades educativas especiales”, afirma.

El coordinador también pone en duda la política legislativa. Recuerda que el Gobierno comenzó la legislatura anunciando que quería conseguir que se derogase la LOMLOE, pero finalmente no pudieron. Según Salvà, sin embargo, no ha sido necesario derogarla, porque no la aplican plenamente. La misma situación, a su parecer, se produce con la Ley de Educación de las Islas Baleares (LEIB), que considera que ha quedado “aparcada en un cajón”.

“Han tocado el catalán en la escuela que protegía la LEIB con la Ley ómnibus”, asegura. Salvà critica las medidas relacionadas con los docentes sin conocimientos de catalán y con las exenciones para los alumnos recién llegados, como también el Plan de segregación lingüística, al cual, según denuncia, solo se han adherido centros concertados. “Esto de los docentes sin catalán y dejar para siempre exentos de catalán a los recién llegados es minusvalorar la lengua”, afirma. Para el Colegio, estas decisiones forman parte de un mismo proyecto político. “Es una hoja de ruta de derechas, reaccionaria, que no favorece la inclusión, sino que va en contra”, sostiene.

Las infraestructuras y la climatización son otro de los frentes que explican el suspenso. “Las infraestructuras están paradas, las pocas que se han hecho eran las previstas del curso anterior”, dice. Sobre la climatización, recuerda que el Govern puso en marcha un plan piloto, pero considera que no ha ido seguido de una política de inversión y de eficiencia suficiente. Un año más, los centros educativos comenzarán el curso muy probablemente con temperaturas altas. La previsión de Salvà es que los centros vuelvan a afrontar episodios de temperaturas extremas: “El curso comenzará con calor y alerta que con situaciones atmosféricas graves, porque si llueve en otoño, nadaremos”.

Mirada puesta en las elecciones

La recta final de la legislatura estará condicionada por las elecciones autonómicas de 2027. El coordinador del Colegio de Docentes considera que el Gobierno aprovechará estos meses para presentar medidas que le permitan llegar a los comicios con una imagen más favorable ante la red pública. “Probablemente, durante el último curso y con la mirada puesta en las elecciones, harán políticas que favorecen la enseñanza pública”, afirma. “Tendrán que sacar plazas. Harán limpieza de cara ante la pública, después de haber aprobado un decreto de concertadas que se entrega a todos sus deseos, con conciertos de 10 años”, dice.

La universidad privada también forma parte de su diagnóstico. “El Gobierno se ha arrodillado ante la universidad privada”, afirma Salvà. Encuentra que la misma creación de la Conselleria de Educación y Universidades (en plural) evidenció un cambio de prioridades. “No tiene perspectiva de servicio público, todo lo que se puede se externaliza”, sentencia.

El Colegio también critica la gestión de los instrumentos administrativos. Salvà considera que el actual equipo de Educación dejará una estructura debilitada. “Una conselleria desmantelada”, resume. Pone como ejemplo el Gest-IB, que el Gobierno ha decidido sustituir por el polémico Llull. Salvà cuestiona el proyecto y el coste, que sitúa en 4,5 millones de euros, y critica que la Conselleria externalice servicios que, según él, deberían formar parte de la estructura pública.

La valoración final de Salvà es contundente, porque considera que la Conselleria sí ha cumplido el programa político que el Gobierno le había encomendado. “Lo que ha hecho bien la Conselleria ha sido mantener apagada la conflictividad con la gente, han desactivado la comunidad educativa y también han hecho bien eso de cumplir las directrices de Gobierno”, afirma. Entre estas directrices sitúa “anular los efectos de la LOMLOE, volver a notas trimestrales, plantear una educación más regresiva, modificar currículos a la antigua y añadir muchas orientaciones que recuerdan la LOMQE (Ley Wert)”.

Con este diagnóstico, el Colegio de Docentes llega al último curso escolar de la legislatura con una idea clara: el dinero destinado al sistema y las mejoras salariales de los docentes no son suficientes para cambiar su balance. Para Salvà, la pregunta no es solo cuánto ha gastado el Gobierno en educación, sino qué modelo ha reforzado con estos recursos.

Su respuesta es que la red pública no se ha priorizado lo suficiente, mientras la concertada ha ganado peso y se han introducido medidas que, según el Colegio, consolidan la segregación. El último curso será la prueba de si el Gobierno aprovecha los meses que quedan para salvar los muebles frente a la enseñanza pública o si consolida el modelo concertador que el organismo profesional de los docentes, y también la mayoría de la comunidad educativa, han cuestionado durante la legislatura. Por eso, cuando se le pide que ponga nota a la legislatura educativa de Prohens, Salvà no duda: “Suspendida”.