Educación prepara un nuevo decreto de inclusión con aportaciones de expertos estatales
Se revisa la norma del 2011 con aportaciones de otras comunidades y se prevé aprobar el nuevo texto antes de acabar la legislatura
PalmaUn comité de expertos procedentes de diversas comunidades autónomas ha participado en la revisión técnica del Decreto de educación inclusiva del 2011 con el objetivo de elaborar una nueva norma adaptada a la realidad actual. El trabajo conjunto ha permitido definir una batería de propuestas de mejora que se traducirán en un borrador de decreto, que el Gobierno prevé someter próximamente a exposición pública.
El conseller de Educación, Antoni Vera, ha explicado que “se ha hecho una revisión técnica del decreto del 2011 con expertas de otras comunidades autónomas” y que de este proceso “ha salido una serie de propuestas de mejora que se trasladarán en forma de borrador de decreto”. Según ha detallado, el documento “se pondrá en exposición pública y, previamente, se presentará a las mesas”, y también “será objeto de debate en el Consell Escolar de les Illes Balears”.
Vera ha remarcado que se trata de “una norma capital para la atención a la diversidad y la inclusión”, dado que “la realidad de 2011 ha cambiado”. En este sentido, el nuevo decreto prevé “nuevas figuras y nuevas funciones, como responsables, psicólogos y una redefinición de las funciones de los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE)”, además de reflejar el aumento de los recursos de orientación en Primaria y “el esfuerzo en la dotación para la atención a la diversidad”.
Además, ha destacado que “tenemos la figura de los centros de recursos, con centros de educación especial que dan apoyo a los centros ordinarios”, y que “las aulas UECO no son solo complementarias, sino el recurso principal o de referencia”. También ha apuntado que el decreto incorpora “la corresponsabilidad entre familia y escuela” y que “se debe regular la colaboración entre ámbitos como salud, educación y bienestar”. El consejero ha avanzado que la norma “no estará para el inicio de curso, pero la idea es que esté en vigor antes de acabar la legislatura”.
Aportación externa y garantías jurídicas
La inspectora de educación de Cantabria, Raquel Pardo, que ha participado en el proceso, ha destacado que el informe “se centra en la manera de trabajar” y que se ha desarrollado con “mucha colaboración y momentos de reflexión conjunta para afrontar los retos”. Según Pardo, la revisión ha puesto el foco en “la seguridad jurídica, la coherencia interna del decreto y en hacer que los centros tengan los recursos necesarios para hacer frente a las realidades diversas y a los retos de la educación inclusiva”.
También ha subrayado que “se ha revisado la corresponsabilidad con las familias, separando la parte técnica de los profesionales y el papel de las familias, que deben tener voz y conocimiento de los procesos”.
Finalmente, ha remarcado que “es un decreto amplio que busca homogeneidad en la actuación de los centros educativos” y que el objetivo es garantizar “una educación inclusiva en todos los centros”. En este sentido, ha defendido que “el compromiso con la educación inclusiva es incuestionable” y que “todo lo que se regula debe ser realista y pensado para garantizar el interés superior del menor, sin hacer brindis al sol”.