"Se suspendió la vista porque la fiscal no entendía el catalán"

PalmaJosep de Luis y Josep Alonso hace años que ejercen como abogados en las Islas Baleares y, desde el primer día, han tenido claro que el catalán sería el eje central de su práctica profesional. De Luis, con 22 años de experiencia, explica que siempre que se ha dirigido a órganos o instituciones con sede territorial de Salses a Guardamar y de Fraga a Maó lo ha hecho en catalán.

Alonso, que se colegió hace casi 10 años, coincide: “Vengo de una familia donde siempre hemos tenido conciencia nacional. Intento vivir la vida en mi lengua. Lo tengo muy interiorizado, por eso me sale natural, también en el trabajo”. Ambos consideran que hacerlo en catalán es coherente con su identidad: “Sería ir en contra de lo que somos como persona”, dice Alonso, mientras que De Luis lo describe como una situación de naturalidad.

Aun así, el uso del catalán en los tribunales no siempre ha sido sencillo. De Luis recuerda que a veces la Justicia ha representado un inconveniente para el ejercicio de un derecho: “Hay casos de personas que tienen poco interiorizada la situación jurídica de la lengua propia de las Baleares. “Recuerdo un día en que una fiscal se me dirigió con formas poco amables, recriminándome que, por culpa mía, se tendría que suspender la actuación porque ella no entendía el catalán. Finalmente, se tuvo que suspender", recuerda De Luis.

A pesar de todo, consideran que la situación ha mejorado gracias a iniciativas como ‘La Justicia, también en catalán’, aunque todavía hay obstáculos. Alonso añade que ha experimentado presiones indirectas. “A menudo te encuentras situaciones de incomodidad o presiones sutiles para que cambies de lengua. Por ejemplo, que te digan que mejor presentes un escrito en castellano porque será más fácil de tramitar, o que algún operador jurídico te haga saber que no entiende el catalán. “Esto genera una situación que no debería existir, porque el catalán es una lengua oficial”, apunta Alonso.

En cuanto a los clientes, ambos coinciden en que la lengua casi nunca es un factor determinante: “Los clientes quieren que soluciones sus problemas y les es indiferente en qué lengua lo hagas”, dice Alonso. Por su parte, De Luis explica casos en que clientes han elegido mantener relación con el despacho precisamente por el uso del catalán, al igual que reconoce que puede haber la posibilidad de que otros lo hayan podido descartar por el mismo motivo.

Para garantizar un acceso real a la Justicia en castellano, consideran necesario mejorar la formación lingüística de los operadores jurídicos y normalizar el uso del catalán en toda la documentación judicial. “Es necesario que el derecho a utilizar el catalán ante la Justicia sea efectivo y no solo reconocido formalmente”, afirma Alonso. De Luis añade que el Consejo General del Poder Judicial debería asegurarse de que no haya perjuicio por hablar catalán, ya que un tercio de los ciudadanos encuestados cree que sí.

Los dos animan a los otros abogados a hacer lo mismo. Alonso destaca los beneficios profesionales: “Cuantos más profesionales lo utilicen con naturalidad, más normal será dentro de la Administración de Justicia”. Por su parte, de Luis subraya la dimensión cultural y social: “La lengua es el alma de un pueblo. Cuando deja de utilizarse en ámbitos clave, entra en regresión y puede desaparecer. Es necesario que los jóvenes hagan más uso social del catalán para preservar el alma de nuestro pueblo”.

Alonso completa el mensaje con una advertencia y una llamada: “Hablarlo es la mejor manera de mantenerlo vivo. Hay que quitarnos el autocomplejo que nos han inculcado y recuperar la autoestima lingüística, especialmente ante la ofensiva españolizadora que pretende hacer retroceder nuestros derechos. Es una responsabilidad colectiva, que también implica a las instituciones públicas”.