"Estamos privatizando los acuíferos y socializando el coste del agua desalada"

PalmaLa entidad ecologista Terraferida considera que el debate sobre el agua en Baleares no se puede limitar a la construcción de nuevas desaladoras, tal como plantea el Govern. Su portavoz, Jaume Adrover, sostiene que el problema es anterior: el modelo territorial ha permitido durante décadas que el crecimiento urbanístico disperso y las viviendas en suelo rústico hayan incrementado la presión sobre unos acuíferos que son un bien público. "No conozco ningún lugar del planeta donde se haga un consumo tan abusivo de agua como aquí a causa de los chalets en suelo rústico", afirma Adrover, que vincula esta situación con la expansión de la vivienda unifamiliar fuera de los núcleos urbanos.

Según el portavoz de Terraferida, las masas de agua subterránea, que tienen carácter público, han acabado alimentando un modelo residencial cada vez más extenso y, por tanto, los aumentos de extracción del agua del subsuelo no son causados por más actividad agraria sino por más construcciones y actividades de ocio. "Lo que ha pasado es que estas masas de agua públicas pasan, de facto, a ser explotadas por viviendas privadas, mientras que la respuesta institucional es construir más desaladoras", señala.

En diferentes reportajes, el ARA Balears ha documentado cómo algunos propietarios, principalmente extranjeros, compran fincas y tramitan su condición de agricultor 'preferente' porque esta otorga la posibilidad de extraer agua del subsuelo, aunque la propiedad se encuentre sobre zonas con poca agua. "Si están en zonas de masa roja, que quiere decir que el acuífero está en mal estado, no se dan permisos de extracción de agua a no ser que seas preferente o prioritario. Por eso hay tanta tensión por el tema del agua, porque hay quienes quieren conseguir el uso agrario pero en realidad no lo tienen", explica un técnico de Agricultura que pide el anonimato.

Un modelo insostenible

Adrover sostiene que esto implica trasladar a toda la sociedad el coste de un modelo que considera insostenible. "Entregamos gratuitamente un recurso público como son los acuíferos y, cuando ya no basta para abastecer a los municipios, entre todos acabamos pagando desaladoras que son muy caras de construir, de mantener y que producen un agua también mucho más cara", afirma.

Para Terraferida, el debate no es solo económico, sino también de modelo territorial. La entidad defiende que la desalación debería ser un recurso complementario y no la consecuencia de haber agotado las reservas subterráneas.

Además, Adrover alerta de otro aspecto que considera preocupante: la relación entre el desarrollo urbanístico y la disponibilidad de agua. Según explica, hasta ahora los nuevos desarrollos debían acreditar la suficiencia hídrica para garantizar el abastecimiento. Con los cambios legislativos impulsados por el Gobierno, sin embargo, considera que este requisito se debilita. "El mensaje es que, si no hay agua, ya haremos con desaladoras. Es decir, si no hay recursos, igualmente construiremos", lamenta. A su parecer, este planteamiento convierte la disponibilidad de agua en una cuestión secundaria y elimina uno de los principales límites ambientales al crecimiento urbanístico.

Terraferida defiende que las Baleares deberían priorizar la recuperación de los acuíferos, limitar los nuevos consumos intensivos y considerar el agua disponible como un condicionante previo de cualquier desarrollo urbanístico, y no un problema que se resuelva posteriormente con infraestructuras nuevas.

La viña como pretexto de entrada

Para Terraferida, la presión sobre los recursos hídricos del mundo rural no se puede separar del cambio de usos que ha vivido el campo mallorquín en las últimas décadas. El portavoz de la entidad, Jaume Adrover, alerta que determinadas figuras vinculadas a la actividad agraria se han convertido en una vía para dar cobertura a proyectos que, en realidad, tienen una lógica más residencial que productiva. "Muchas de estas viñas y olivos no tienen una orientación agraria, sino que son un complemento de los grandes chalets. Sirven para disfrazar de proyecto agrario proyectos que realmente son inmobiliarios", señala.

Adrover pone el foco especialmente en la proliferación de nuevas plantaciones de viña y olivo asociadas a viviendas de gran valor económico. Según explica, estos cultivos, que en principio podrían representar una oportunidad para recuperar actividad agraria, en algunos casos funcionan como un elemento de revalorización de la propiedad.

"Si un chalet cuesta tres millones de euros, con una viña puede valer cuatro, y con un olivar, cinco", resume. A su parecer, el valor no es tanto la producción agrícola como el conjunto del proyecto asociado: la construcción residencial, las bodegas, las almazaras y las experiencias turísticas vinculadas al producto.

Para Terraferida, este fenómeno muestra un cambio de paradigma: el paisaje agrario deja de ser solo un espacio de producción y pasa a convertirse en un activo inmobiliario y turístico. "La agricultura se está utilizando como activo inmobiliario y como activo turístico. El valor no es la viña o el olivo en sí, sino las construcciones asociadas", defiende Adrover.

Así, Terraferida plantea una contradicción: mientras las administraciones impulsan fuentes de suministro nuevas para garantizar el agua de los municipios, una parte del territorio continúa incrementando la demanda privada sobre los recursos subterráneos. Precisamente el Govern ha preparado una modificación profunda de la Ley agraria, pero todavía no la ha aprobado como proyecto para remitirla al Parlament.