El Colegio de Arquitectos alerta que la ley del litoral de Prohens perpetuará ilegalidades urbanísticas

PalmaEl Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) alerta de que la ley del litoral impulsada por el Gobierno de Marga Prohens puede abrir la puerta a perpetuar ilegalidades urbanísticas en la costa. La entidad profesional advierte de que la conservación de los usos existentes, las declaraciones responsables y el nuevo registro de patrimonio litoral podrían amparar construcciones y actividades implantadas ilegalmente.

En las alegaciones presentadas al proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral, los arquitectos reclaman que solo se protejan los usos legalmente implantados y que la nueva ordenación no prevalezca automáticamente sobre los planes territoriales y urbanísticos. El GOB y Marilles comparten buena parte de estas advertencias, mientras que la patronal ADOPUMA pide blindar las concesiones vigentes y garantizar la continuidad de los negocios de playa. En definitiva, las enmiendas presentadas ponen de manifiesto la pugna por el modelo de costa que deberían tener las Baleares. La norma proclama la protección ambiental y la adaptación al cambio climático, pero deja rendijas para que los arquitectos y las organizaciones ambientalistas detecten riesgos opuestos.

El COAIB adopta una posición eminentemente técnica, pero coincide en buena parte con los planteamientos de las entidades proteccionistas. Los arquitectos reclaman una ordenación integrada en la legislación territorial, urbanística y patrimonial vigente, que no fragmente la planificación ni abra la puerta a una desregulación favorable a los intereses privados.

Según se desprende de las alegaciones registradas, el COAIB teme que el proyecto genere dispersión normativa y debilite la protección del paisaje litoral. Recuerda que la Ley estatal de costas de 1988 representó un avance esencial, porque reforzó el carácter público del dominio marítimo-terrestre, las servidumbres, el acceso público y gratuito al mar y el deber de restauración. Por ello, sostiene que las dificultades acumuladas en la aplicación no justifican rebajar estos objetivos, sino desplegarlos de manera más efectiva y coordinada.

En materia de disciplina, el COAIB considera que el proyecto no debe limitarse a reconocer las potestades inspectora y sancionadora, sino que también debe incluir “el ejercicio de la potestad de restablecimiento del ordenamiento jurídico perturbado”. Esta facultad, advierte, es “esencial para garantizar la efectiva protección de la legalidad” en la costa. En cuanto a los usos y las actividades existentes, insiste en que conservarlos “no debería amparar la consolidación” de los que se hayan implantado ilegalmente.

Los arquitectos cuestionan igualmente que los Planes de Ordenación del Litoral (POL) y los Planes de distribución y explotación de las Actividades y los Servicios de Temporada (PAST) prevalezcan automáticamente sobre los planes territoriales insulares y el planeamiento municipal. Esta primacía podría alterar el modelo territorial sin tener que modificar formalmente los instrumentos que lo ordenan, advierten. Por ello, reclaman que los planes territoriales insulares mantengan el papel vertebrador de cada isla y que los instrumentos litorales se integren en ellos sin desplazar sus determinaciones estructurales.

El COAIB también alerta de que permitir que particulares y entidades representativas de intereses económicos impulsen instrumentos de ordenación para tramos concretos puede multiplicar el número de planes y dificultar la identificación de la normativa aplicable a cada zona. Para poner orden en esta posible dispersión, propone crear un visor público, georreferenciado y actualizado que recoja los instrumentos vigentes y en tramitación, la delimitación territorial y las normas aplicables a cada tramo.

En la misma línea, reclama que los planes de ámbito inferior al insular no sirvan para ordenar actuaciones singulares ni responder a intereses puntuales. Estos instrumentos deberían abarcar tramos de costa amplios y coherentes, delimitados a partir de criterios ambientales, territoriales, geomorfológicos, funcionales y paisajísticos, apuntan.

Los arquitectos también piden ampliar el contenido mínimo de los planes para que incorporen la integración paisajística de las instalaciones, la prevención de la contaminación lumínica y acústica, el desmontaje de los servicios de temporada y la restitución de los espacios una vez terminadas las autorizaciones. El objetivo es que no se limiten a ordenar las ocupaciones existentes o previstas, sino que incorporen una visión integral de la costa y de su evolución, con especial atención a la recuperación de espacios degradados, la renaturalización, la desimpermeabilización y la adaptación a los efectos del cambio climático.

El registro patrimonial, bajo sospechaLas entidades ecologistas y el Colegio de Arquitectos señalan especialmente las brechas de la futura ley que permitirían consolidar construcciones y actividades irregulares en dominio público. El GOB reclama que la inscripción en el nuevo registro de patrimonio litoral no comporte ninguna legalización ni genere por sí misma el derecho a obtener, renovar o prorrogar una concesión.

El COAIB va más allá y cuestiona la necesidad de crear esta nueva figura, porque la legislación patrimonial y urbanística ya dispone de instrumentos para proteger los bienes con valor histórico, cultural y etnológico. Si el registro se mantiene, propone que tenga únicamente una función de inventario e identificación y que la protección jurídica definitiva se tramite a través de los catálogos e instrumentos ordinarios.

Los arquitectos también reclaman que queden excluidas las construcciones destinadas exclusivamente a intereses privativos y económicos, así como también las que hayan sido transformadas, ampliadas o consolidadas sin el título habilitante correspondiente. Marilles rechaza que con una simple declaración responsable baste para mantener edificaciones contrarias a los planes y defiende que se adapten a la normativa o, si esto no es posible, sean retiradas.

Dos visiones enfrentadasADOPUMA centra sus alegaciones en la seguridad jurídica de las actividades económicas. La patronal reclama más protección para las concesiones vigentes, autorizaciones más largas, posibles indemnizaciones, simplificación administrativa y estabilidad para los negocios vinculados a los servicios de playa. También pide que una declaración de fuera de ordenación no extinga automáticamente una concesión y que cualquier modificación impuesta por los nuevos planes pueda ser compensada si causa perjuicios a los titulares.

El GOB defiende el planteamiento contrario: quiere reforzar estructuralmente la protección ambiental del litoral. Entre otras medidas, propone que la capacidad de carga sea ecológica y vinculante, limitar las ocupaciones, adaptar la planificación al cambio climático, intensificar la inspección, proteger los sistemas dunares y reducir la presión en aquellos espacios que ya estén saturados.

Marilles pone el foco en la protección del medio marino y en la reducción tanto de las ocupaciones como de la navegación motorizada. En este sentido, la Fundación defiende el principio de no ocupación del dominio público, más restricciones a las motos acuáticas, una protección reforzada de la posidonia, más evaluación ambiental y un control más estricto de las concesiones.

GOB, Marilles y el COAIB coinciden en la necesidad de evitar una ocupación excesiva del dominio público, reforzar el control sobre las declaraciones responsables, impedir la fragmentación de los planes y convertir los principios ambientales en obligaciones efectivas. Las tres entidades también reclaman mantener las garantías específicas de Menorca derivadas de su condición de Reserva de Biosfera.

La discrepancia esencial afecta a las concesiones y las actividades existentes. ADOPUMA pide que los nuevos planes las respeten y que cualquier alteración sea compensada. Las otras entidades reclaman, en cambio, que puedan ser adaptadas, retiradas o relocalizadas cuando resulten incompatibles con la protección del litoral, el uso público y los efectos previsibles del cambio climático.

Ante todo ello, las alegaciones evidencian que el proyecto aún no resuelve la cuestión central: si la nueva ley servirá principalmente para administrar y dar estabilidad a los usos existentes o para establecer límites efectivos y reducir progresivamente la presión sobre la costa.

El proyecto de ley del litoral acaba de cerrar el plazo de enmiendas y entra ahora en la fase propiamente parlamentaria, en la que los grupos deberán decidir qué aportaciones de las entidades asumen e incorporan al debate. El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto el 25 de junio de 2026 y lo remitió al Parlamento, que lo admitió a trámite el 8 de julio. El texto se publicó oficialmente el 16 de julio para abrir la participación ciudadana y el plazo para presentar enmiendas se prorrogó extraordinariamente hasta el pasado 4 de septiembre.