Francisco Capacete: "Sale más a cuenta matar un animal que pegarle una patada o dejarlo sin comer"

PalmaA Francisco Capacete le cambió la vida un caso en Buenos Aires en el que se solicitó un habeas corpus –el derecho reservado a humanos a comparecer inmediatamente ante un juez después de ser detenido– para liberar a un orangutan hembra retenido en un zoo en contra de su voluntad. "Me encontré con los grandes simios, que piensan y sienten", rememora. Licenciado en Derecho por la UIB, se especializó en derecho animal en 2012. "Siempre me han gustado los animales", reconoce. Hoy vive de defenderlos.

Como abogado especializado en derecho animal, ¿de qué tipos de casos se ocupa con más frecuencia?

— La dejadez y la omisión de los cuidados básicos son muy frecuentes, sobre todo en el campo y en segundas residencias, en fincas en el extrarradio donde emplean a los perros para guardar. En este contexto, hay muchos sin cuidar, con sarna y malnutrición. Es un maltrato silencioso: no hace ruido, pero los animales lo sufren durante años. Después está la violencia directa, más ocasional. Me he encontrado casos de agresiones a personas sin hogar que tienen animales de compañía, y también agresiones a los mismos animales. En el ámbito familiar, hay casos de violencia contra la mascota para hacer daño a la expareja, lo cual entraría dentro de la violencia vicaria. En la Península también es habitual el maltrato a perros de caza: cuando pierden el vigor, los cuelgan. Desgraciadamente, hay bastantes casos de esta índole. Y se habla poco de otro ámbito: el abandono de cachorros y camadas vivas. Es muy difícil encontrar al responsable y juzgarlo si no queda registrado.

¿Creéis que la Ley de bienestar animal cumple su objetivo de proteger a los animales?

— La ley es un avance muy importante y trascendente porque reconoce que los animales son sujetos de derechos. Antes era un debate jurídico, ahora ya no hay duda. Pero las medidas que establece requieren presupuesto y formación para los funcionarios, como la Policía Local, por ejemplo, en la gestión de colonias felinas. Y eso cuesta de implementar. Además, todavía no se ha aprobado el reglamento que desarrolla la ley. Es difícil evaluar si cumple su objetivo por un defecto de la ley o por la falta de desarrollo reglamentario. Si no se hace, puede quedar en una declaración de intenciones. El gobierno español no hace todo lo que podría. No da al reglamento la importancia que merece. Mientras tanto, la Dirección General de Derechos de los Animales trabaja en el borrador, pero en la agenda parlamentaria hay asuntos considerados más importantes. La ley se aprobó in extremis. Creo que en la negociación política ya no se tenía prisa por hacer el reglamento. Debieron pensar: 'Saciaremos la opinión pública y veremos si se olvidan o no'. Pero el reglamento ya debería estar aprobado.

¿Qué retraso llevas?

— Un año. En las disposiciones transitorias se establecía el plazo para aprobarlo.

¿Cuáles son los principales vacíos o lagunas legales que dificultan sancionar correctamente el maltrato animal?

— La ley establece cantidades, pero no es penal, sino administrativa y civil. Ahora fija sanciones económicas mucho más elevadas por infracciones administrativas. Antes, abandonar un perro podía suponer 150 euros. Ahora, los ayuntamientos pueden reformar las ordenanzas y establecer multas de hasta 60.000 euros. Matar un gato de una colonia felina puede suponer una sanción de 100.000 euros. La ley protege y pone freno a las infracciones administrativas.

El artículo 337 del Código Penal establece penas máximas de 12 a 18 meses de prisión por maltrato animal. ¿Consideran que son suficientes ante casos graves o de abuso sexual de animales?

— Son totalmente insuficientes, porque en la práctica no implican entrar a la prisión. Con una multa o trabajos en beneficio de la comunidad se resuelve el caso. Hay que elevar las penas por los delitos de maltrato animal. Nuestra sensibilidad lo demanda. La sociedad lo demanda, pero las penas son de hace décadas.

¿Es un contrasentido?

— Es un defecto. No hay coherencia. Los ayuntamientos dictan unas normas; las comunidades, otras; y el Gobierno, otras. Sale más a cuenta matar a un animal que pegarle una patada o dejarlo sin comer. Clama al cielo.

A pesar de la sensibilización social, ¿qué falta?

— Falta una divulgación correcta. Se han difundido bastantes noticias falsas. Aun así, si lo comparamos con los años 50 o 90, hay mucha más protección. Se están dando pasos adelante, pero cambiar la mentalidad de todo un país es muy lento. Vamos bien, pero queda mucho por hacer. Es una conquista gradual. En muchos países no hay marcha atrás: más protección y más derechos.

¿Qué dificultades observan en los tribunales para que los condenados cumplan penas efectivas?

— Actualmente, no sirven de mucho. Cuando una asociación o un cliente me plantea presentar una querella por maltrato animal, le digo que perderemos el caso, aunque nos den la razón. Lo normal es que el maltratador salga airoso. En Mallorca ha habido casos de violencia muy grave en los cuales la Audiencia Provincial ha impuesto penas de 18 meses, pero ha confirmado que el agresor no entra a la prisión. Es frustrante. Hay que continuar trabajando en ello para que cambien el criterio jurisprudencial y la ley penal. En Palma, el criterio es que si la pena no supera los dos años y no hay antecedentes, se puede suspender el ingreso a prisión. Además, a veces es muy difícil demostrar la culpabilidad.

¿Tienen los cuerpos policiales, veterinarios y jueces suficientes medios para investigar estos casos?

— Sí, pero con matices. El Seprona, de la Guardia Civil, tiene una gran limitación, porque son pocos para todas las Baleares. No faltan policías, sino formación especializada en la Policía Local. A veces, no se toman las decisiones adecuadas a la hora de recoger pruebas: conservar el cadáver del animal en condiciones adecuadas para un informe forense, preguntar a los vecinos o hacer fotografías.

¿Cómo se aborda legalmente el abuso sexual de animales?

— Si miramos procesos similares, como los avances en derechos de las mujeres, al principio también existía la frustración de perder los casos. Pero se avanzó. Hace falta idealismo y estar convencido de pasar años de trabajo duro. Poco a poco se conseguirá justicia. Este día aún no ha llegado, pero llegará. Esto es lo que me permite continuar adelante.

En comparación con otros países europeos, ¿cómo evaluáis España en materia de protección animal?

— Alemania, Suiza o Holanda son ejemplos de un cambio de mentalidad y un gran trabajo de prevención. En estos países, prácticamente no existe el abandono de animales. Está muy regulado. De hecho, hay perros que se envían de España a Alemania porque allí no hay mercado de cría y necesitan importarlos. Hay que tomar ejemplo del trabajo previo: para evitar delitos, hay que concienciar. Y sí, también tienen penas más duras.

¿Si pudierais proponer cambios legislativos inmediatos, qué priorizaríais?

— Existe un corriente jurídico que plantea no solo castigar, sino también premiar. Incentivar a los ciudadanos para que cumplan la ley, por ejemplo, con desgravaciones fiscales, descuentos y reducción de tasas. En España este concepto parece casi extraterrestre, pero ya se aplica en otros países europeos. Además, habría que aumentar las penas de prisión por maltrato animal y modificar la ley de 2023 para establecer como obligatoria la formación en los ayuntamientos, tanto para funcionarios como para ciudadanos. Ahora solo se recomienda.