El 'Mapa de la especulación' calcula que la recalificación del rústico impulsada por PP-Vox creará más de 37.000 viviendas en suelo virgen

PalmaLa reciente Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo, aprobada hace pocas semanas por el Govern de les Illes Balears, permitirá edificar en suelo rústico hasta 37.432 viviendas nuevas en 1.246 hectáreas de suelo agrario y forestal hasta ahora protegido, según los cálculos de la plataforma 'Mallorca para vivir, no por Se trata de la reclasificación automática que podrán realizar los ayuntamientos de las conocidas como Áreas de Transición (AT). Las cifras aportadas por la entidad corresponden a un estudio realizado en siete de los municipios más poblados de Mallorca: Palma, Llucmajor, Manacor, Inca, Marratxí, Calvià y Alcúdia. Hasta ahora estas zonas tenían la función de frenar la expansión urbana y reservar suelo para infraestructuras y equipamientos básicos. Sin embargo, la nueva normativa modifica radicalmente esta función, y permite construcciones con densidades de hasta 225 habitantes por hectárea.

El estudio impulsado por la plataforma, y ​​coordinado por el geógrafo Gabriel Garcies, cuantifica el impacto que el Govern no había hecho público hasta el momento. Según el trabajo, titulado Mapa de la especulación, se sitúa el crecimiento potencial dentro de las AT con 252.810 nuevas plazas residenciales, el equivalente a un aumento del 37% de la población actual de los municipios afectados.

A escala municipal, Palma es la que concentraría mayor crecimiento, con 634 hectáreas que pasan a ser urbanizables y 26.359 viviendas nuevas, lo que sumaría 142.650 nuevas plazas residenciales y un incremento de población del 33%. Otros municipios también sufrirían un impacto destacado: Marratxí (27.180 plazas), Manacor (24.480) y Calvià (21.240).

Los expertos de la plataforma alertan de que la ley representa una bomba demográfica en una isla saturada y con recursos como el agua al límite. Aunque el Govern defiende la norma como una herramienta para incrementar la vivienda social, la entidad señala que en realidad supone un regalo a las grandes promotoras urbanísticas, sin una previsión clara de las consecuencias ambientales, territoriales y demográficas.

El estudio también subraya que estos crecimientos se limitan sólo a las Áreas de Transición (AT) y no incluyen otros suelos urbanos y urbanizables que todavía no se han desarrollado, lo que podría ampliar aún más el impacto de la normativa.

Una norma polémica

La norma habilita la conversión directa de suelo rústico en suelo edificable cuando se trate de proyectos residenciales estratégicos, incluso en municipios de más de 20.000 habitantes o franjas de transición entre suelo urbano y rústico. Una de las principales novedades es que se pueden impulsar estos proyectos sin haber agotado previamente el suelo urbanizable ya existente, lo que rompe con la filosofía urbanística establecida hasta ahora.

A cambio, los promotores tendrán que reservar una parte de la edificabilidad a vivienda protegida y vivienda a precio limitado, mientras que los ayuntamientos recibirán una cuota de suelo para destinar a vivienda pública.

El Ejecutivo de Prohens defiende que medidas como estas son "urgentes" para paliar la escasez de vivienda asequible en Baleares. El conseller de Territori ha remarcado que el objetivo es movilizar a miles de pisos en pocos años y dar seguridad jurídica a los promotores que inviertan en proyectos residenciales estratégicos.

Liberalización, según los ecologistas

La oposición y las entidades sociales y ecologistas han calificado la ley de "ley de liberalización del suelo". El PSIB, MÁS y Unidas Podemos han alertado en distintas ocasiones que supone un paso atrás histórico en la protección del suelo rústico y en la lucha contra la dispersión urbanística. Las asociaciones vecinales y los colectivos ecologistas apuntan a que la medida puede degradar el paisaje rural, tensar los recursos hídricos y energéticos, y agravar la dependencia del sector inmobiliario.

La Ley de obtención de suelo ya ha entrado en vigor, pero su despliegue práctico dependerá de que los ayuntamientos aprueben mediante su pleno si realmente quieren aplicar la norma. El caso más paradigmático es el de Inca, quien ya ha dicho claramente que no se apuntará a transformar el suelo rústico mientras disponga de otras vías. Pese a ser una de las localidades de más de 20.000 habitantes a las que la nueva Ley de actuaciones urgentes para obtener suelo abre la puerta a recalificar áreas de transición entre suelo urbano y rústico, el Ayuntamiento ha decidido no acogerse a esta medida.

El alcalde, Virgilio Moreno, y el concejal de Urbanismo, Andreu Caballero, defendieron que la norma impulsada por el Gobierno del PP y Vox "dilapida la ordenación territorial" y desfigura el suelo rústico, además de poner en riesgo los servicios y el equilibrio del municipio. Por eso, el Consistorio ha dejado claro que mantendrá su propia planificación urbanística y no permitirá que el suelo rústico de las áreas periféricas pase a ser edificable.

Las áreas de transición de Inca suman unas 260 hectáreas de suelo rústico común. Si se aplicara la ley, este espacio podría albergar hasta 19.500 viviendas nuevas, con una capacidad potencial para 58.500 habitantes adicionales. El dato es especialmente significativo si se compara con la población actual de la ciudad, que ronda los 36.400 residentes.

En palabras del propio ayuntamiento, esto supondría un cambio demográfico y urbanístico desproporcionado, con un crecimiento poblacional que casi doblaría a la población actual y que generaría una presión insostenible sobre servicios públicos, infraestructuras y recursos naturales.

El Gobierno considera que las estimaciones no son válidas

La Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad ha rechazado como válidas las estimaciones de supuesto incremento de población que supondría la Ley 4/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo.

Según la Conselleria, estas cifras "no se ajustan a la realidad" porque no tienen en cuenta cuestiones básicas sobre esta posibilidad que la nueva Ley 4/2025 deja en manos de los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, bajo una serie de limitaciones y condiciones, como son, principalmente que la ley "no supone ninguna reclasificación automática" medida, generaría vivienda asequible destinada únicamente a ciudadanos residentes en Baleares".

De entrada, explican que el supuesto crecimiento en áreas de transición no supondría el crecimiento de población que plantean estas estimaciones. Según indican, si algún ayuntamiento optara por aplicar esta posibilidad, lo previsto en la Ley a todos los efectos es que el 100% de las viviendas construidas en áreas de transición sean vivienda con algún régimen de protección -vivienda de protección pública o de precio limitado- y, por tanto, "sólo para residentes en las Islas". En este sentido, recuerdan que la propia Ley 4/2025 establece el requisito de cinco años de residencia en Baleares para poder optar a la vivienda asequible.

Por otra parte, señalan que no se tiene en cuenta que, en el caso de Palma, el Ayuntamiento ya ha descartado construir en las áreas de transición en núcleos tradicionales del municipio, y tampoco tienen en cuenta que los ayuntamientos de otros municipios como Inca y Manacor han manifestado públicamente que no van a construir en áreas de transición en sus municipios. La Conselleria aclara también que la nueva ley "no convierte las áreas de transición en suelo urbanizable, sino que da herramientas a los ayuntamientos para que, en el plazo de un año, decidan si quieren acogerse o no, y realizar una modificación puntual o no para crecer en una determinada área de transición, pero en ningún caso es un proceso automático".

La Ley abre la posibilidad a que los ayuntamientos, en el ejercicio de su autonomía local, decidan si quieren abrir las áreas de transición, prevista en los planes territoriales, para la construcción del 100% de vivienda sometida a algún régimen de protección como norma general.