Labradores ecológicos piden la retirada de la ley agraria porque "prioriza los usos no agrarios y la especulación en el campo"

PalmaUna veintena de campesinos de diferentes puntos de Mallorca han presentado alegaciones al anteproyecto de ley agraria de las Islas Baleares, que se encuentra actualmente en exposición pública, y exigen su retirada inmediata. Consideran que el texto "supone la renuncia definitiva a una actividad agraria digna y funcional" y denuncian que, bajo una apariencia de ley verde, "abre la puerta a una mayor urbanización encubierta, especulación y usos no agrarios al suelo rústico".

El caso es que, como avanzó el ARA Baleares, una de las medidas más polémicas es la posibilidad de acoger hasta 10 turistas por explotación agraria profesional, algo que los portavoces del colectivo de campesinos que ya han presentado alegaciones consideran "desproporcionado".

En el documento que se ha entregado a la Consejería de Agricultura (promotora de la iniciativa legal) los firmantes recuerdan que las Islas han perdido más de una tercera parte de la superficie agraria útil en 35 años –de 337.000 a 205.000 hectáreas– y del 5%. Atribuyen el retroceso a la presión urbanística, el abandono de la tierra y ahora también a la proliferación de centrales fotovoltaicas. "La nueva ley no corrige estas tendencias, sino que las afianza", apuntan.

Los campesinos critican que el anteproyecto "consolida el proceso de sustitución de la agricultura" al fomentar actividades urbanísticas, turísticas y energéticas dentro del suelo rústico. Alertan, además, que permitiría ampliar construcciones bajo la cobertura de "uso agrario", eliminar la necesidad de declaración de interés general para proyectos como agroturismos o plantas solares, y legalizar edificaciones anteriores a 1991. Todo ello, dicen, "facilitará la conversión del campo en un gran suburbio".

Entre los datos que aportan, recuerdan que entre 2015 y 2023 se han construido casi 3.000 chalets en foravila, que han ocupado más de 580 hectáreas de suelo agrario y forestal. "La ley no solo ignora esa realidad, sino que la legitima", advierten. En este sentido, consideran que la propuesta "reduce la capacidad de control ambiental y urbanístico" y "abre rendijas legales para usos no sostenibles que nada tienen que ver con la actividad agraria".

A pesar de valorar positivamente algunos aspectos del texto –como el reconocimiento del papel estratégico del sector agrario, la creación de los contratos territoriales y la promoción de la circularidad, entre otros–, consideran que son medidas "sin financiación ni convicción" y que no compensan el efecto liberalizador de la norma. También denuncian el "desprecio" a la agricultura ecológica, "la única que muestra una tendencia positiva en las últimas décadas".

Simonet pide comprensión

El máximo responsable de esta iniciativa legislativa y de la Conselleria de Agricultura, su titular Joan Simonet, explicó en una larga conversación con el ARA Baleares (que formará parte del reportaje extenso sobre la nueva ley que se publicará en el semanario el fin de semana) que "no se nos puede juzgar siempre, el sector del campo, por querer sobrevivir económicamente. Nosotros hemos hecho una ley, que simplifica fórmulas para la producción energética respetuosa, y todo ello es para realizar las explotaciones más rentables", ha dicho. "Ahora bien, también debemos poder prever, los que quieran y sean campesinos profesionales, unas estancias en sus fincas. Quiero recordar que esta fórmula es la que reclaman las organizaciones del sector, como por ejemplo Unió de Pagesos, que en anteriores alegaciones ya pidieron 10 plazas turísticas en las explotaciones", ha dicho el conseller de Agricultura.

Los firmantes reclaman que el Gobierno retire el anteproyecto y le sustituya por una ley "centrada exclusivamente a defender, consolidar y promover la actividad agraria", con especial atención a la agricultura ecológica ya la recuperación de la tierra abandonada. "No queremos una ley del campo que mate el campo", concluyen. El conseller de Agricultura lo ha explicado: "Recibiremos las alegaciones, las estudiaremos y, por supuesto, incorporaremos todo lo que pueda mejorar la ley".