Grito de alarma de los excursionistas: Hay hasta 300 caminos públicos cerrados por los propietarios

PalmaLa movilización de más de 300 personas este domingo en Raixa ha vuelto a evidenciar un conflicto social que hace años que se cuece en Mallorca debido al progresivo intento de cierre de caminos públicos. La marcha reivindicativa convocada por entidades excursionistas y plataformas como Camins Oberts ha vuelto a demostrar la preocupación ciudadana por "una práctica cada vez más habitual", como afirmaron algunos de los presentes.

La protesta de este domingo se centró en el camino de Passatemps, un itinerario tradicional que conecta Palmanyola con Raixa y que continúa parcialmente vallado dentro de una finca privada, aunque su carácter público ha sido objeto de debate y reclamación durante años. La marcha reunió a excursionistas, familias y activistas que llegaron caminando con pancartas y consignas para reivindicar el derecho de paso y denunciar la inacción institucional ante estos casos.

Lo que ocurre en Raixa no es una excepción, sino que forma parte de un conflicto estructural, como demuestra el caso paradigmático del camino de Ternelles a Pollença, que históricamente era un camino real y público, pero que quedó dentro de una finca privada con la compra del castillo del Rey. Tras varios procesos judiciales, acabó siendo considerado privado pese a su trayectoria histórica. Uno de los argumentos de la propiedad es la presencia del buitre negro y su necesaria preservación. Según algunos excursionistas, los propietarios han utilizado este argumento como pretexto para limitar de forma exagerada el acceso al camino público.

Algunos casos, en los tribunales

Este caso resume bien la complejidad del problema incluso cuando existe documentación histórica o reconocimiento social del camino. La resolución final depende a menudo de los tribunales civiles y no de la administración local, que muchas veces no tiene herramientas suficientes para defender la titularidad pública, especialmente si el camino no está incluido en ningún catálogo oficial.

Precisamente, ésta es una de las claves del conflicto, ya que muchos caminos no figuran en ningún inventario municipal, lo que impide que los ayuntamientos puedan actuar con contundencia para abrirlos, ya que deben demostrar con documentación antigua, planos o testigos que ese paso era público. Es una carga de prueba que a menudo termina en litigios largos y costosos.

La falta de catálogos contrasta con lo que establece la Ley de caminos de 2018, que obliga a los municipios a inventariarlos, pero que todavía hoy se aplica de manera irregular. Contribuye a que haya pocos ayuntamientos que hayan completado esta tarea.

Cientos de caminos cerrados

Los casos se multiplican por todas las Islas, ya que, según han dicho algunos excursionistas, hay hasta 300 caminos catalogados como públicos que permanecen cerrados en Mallorca. Muchos se encuentran en medio de contenciosos administrativos entre administraciones y propietarios, como ocurre con el mismo camino de Passatemps o con accesos a calas vírgenes, aún pendientes de resolución judicial.

Este escenario ha generado una respuesta social creciente. Movilizaciones como la de Raixa conectan con otras luchas anteriores en las que la ciudadanía ha salido a la calle para reivindicar derechos de paso y recuperar caminos históricos ante la percepción de que el territorio se cierra progresivamente.

El debate de fondo permanece abierto entre el derecho de propiedad y el derecho colectivo de acceso mientras los propietarios reclaman la protección de sus fincas y privacidad. Los colectivos sociales insisten en que estos caminos forman parte de un patrimonio común que no puede perderse.

La imagen de cientos de personas caminando hacia Raixa este domingo refuerza esta idea: el conflicto no es puntual, sino estructural. Sin una política clara de catalogación, defensa y recuperación de los caminos públicos, todo apunta a que seguirá marcando la agenda social de las Islas.