El Gobierno crea un cuerpo propio de agentes para vigilar todos los edificios públicos de las Baleares
Ha aprobado un decreto que amplía las funciones de los trabajadores de seguridad existentes, que podrán controlar accesos, sistemas electrónicos y retener personas
PalmaEl Gobierno prepara la puesta en marcha de un nuevo cuerpo de vigilancia destinado a la seguridad de los edificios públicos de Baleares. La medida pone el foco en el papel de los agentes del Servicio de Seguridad de la CAIB, a los que atribuye más funciones "adaptadas al contexto actual", según el Gobierno.
La norma actualiza una regulación vigente desde 1996 y concreta las competencias de este personal. Los agentes no solo se encargarán de la vigilancia física de los edificios, sino que asumirán un conjunto amplio de funciones que refuerzan su capacidad de actuación. Entre estas competencias, el decreto aprobado destaca el control de accesos, con la facultad de identificar y acreditar tanto a ciudadanos como a empleados públicos, además de controlar su permanencia dentro de las dependencias administrativas. También podrán supervisar la entrada de objetos o paquetes con el objetivo de prevenir daños personales o materiales.
El decreto les atribuye igualmente funciones preventivas y de intervención, como evitar actos contrarios a las normas dentro de los edificios protegidos y, en su caso, poner a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad a los presuntos responsables. Esta función les autorizará a retener a personas sospechosas, hasta la llegada de los cuerpos y fuerzas del ámbito local o estatal.
Además, podrán intervenir en situaciones imprevistas mediante servicios de incidencias y seguir protocolos específicos de actuación. Otro elemento relevante es su papel en la supervisión de la seguridad externalizada. Los agentes deberán controlar la ejecución de los contratos con empresas de seguridad privada, lo que los sitúa como figuras clave en la coordinación del sistema mixto de vigilancia que utiliza la Administración.
El Gobierno también refuerza la vertiente tecnológica de sus funciones. Los agentes participarán en la gestión y supervisión de los sistemas electrónicos de seguridad, en coordinación con el Centro de Control de Seguridad, que permite la vigilancia remota y permanente de los edificios públicos. En cuanto al régimen del personal, el decreto establece que los agentes deberán formar parte de la escala de seguridad pública de la Administración autonómica y acreditar la capacitación necesaria para ejercer sus funciones, con formación continuada y procesos de evaluación.
El Ejecutivo justifica esta redefinición de competencias en el marco de la necesidad de adaptar el servicio a un escenario más complejo que el de hace tres décadas, con nuevos riesgos y amenazas que afectan tanto a la seguridad física como a la tecnológica de los edificios públicos. Con este decreto, el Gobierno pretende dotar a los agentes de más herramientas y responsabilidades para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia y consolidar su papel como pieza central en la protección del patrimonio público.
