El Gobierno envió un menor a Fiscalía para hacer un post contra la masificación turística

PalmaLo que podría haber sido una publicación anecdótica en las redes sociales acabó con un menor de Mallorca declarando como investigado ante la Fiscalía de Menores. Guillem (nombre ficticio para preservar su anonimato), de 17 años en el momento de los hechos, se vio inmerso en un proceso judicial a raíz de una historia de Instagram en la que denunciaba la masificación turística.

Todo se originó un día de primavera del año pasado, cuando el joven, aficionado al excursionismo, intentaba volver con un grupo de amigos de Banyalbufar a Palma con un autobús del TIB. Después de esperar durante horas y habiendo visto pasar varios autobuses a los que no podían acceder por la gran cantidad de gente –sobre todo turistas–, Guillem grabó un vídeo con decenas de personas apiñadas.

Aquellas imágenes se publicaron en formato 'historia' –que se borra al cabo de 24 horas– en su cuenta de Instagram, que tiene poco más de 200 seguidores. El contenido denunciaba la saturación turística e iba acompañado de una frase literaria que insinuaba que, si los residentes se cansaban de la situación, podría haber violencia, incluso con la posibilidad del uso de armas.

Sin ser consciente de ello, el joven había publicado el mensaje en pleno contexto de tensión social. El Gobierno atravesaba un momento de nerviosismo por el arranque de la temporada turística, con una masificación creciente que había derivado en dos manifestaciones multitudinarias en solo dos meses.

En este escenario, la publicación fue mucho más allá de su círculo. Perfiles con miles de seguidores, como SOS Residents, que se dedican a difundir problemáticas derivadas de la saturación turística, compartieron el contenido hasta que este llegó a manos del Gobierno.

Según relata la familia, la denuncia habría partido de una persona “muy importante dentro de la Comunidad Autónoma” y, posteriormente, un funcionario de la Fiscalía de Menores les confirmó que provenía de Presidencia del Gobierno. A finales del año pasado, los padres del menor recibieron un SMS mal redactado en el que se citaba a su hijo como investigado por la Fiscalía de Menores. Inicialmente, pensaron que se trataba de una estafa, ya que consideraron que no era la manera habitual de notificar una citación judicial prevista para pocos días antes de Navidad.

La familia, que se dedica profesionalmente al mundo del Derecho, no dio importancia al mensaje, hasta que, pocos días antes de la fecha indicada, el padre recibió diversas llamadas insistentes desde un número que aparentemente correspondía a la Administración. Un interlocutor que se identificó como funcionario les informó que Guillem debía declarar al día siguiente por un presunto delito que no aparecía formalmente en ningún sitio.

Después de insistir, el padre consiguió que le explicaran que los hechos estaban relacionados con un supuesto delito de odio vinculado a la turismofobia, es decir, contra los turistas.

En aquel momento, el joven ya cursaba el primer curso de sus estudios universitarios en Barcelona, motivo por el cual la familia solicitó un cambio de fecha para no interferir con los exámenes. La petición fue aceptada después de aportar la matrícula y la justificación académica.

El proceso judicial

Finalmente, Guillem declaró como investigado, acompañado de un abogado penalista, sin que previamente se le hubiera comunicado formalmente ni el delito ni el denunciante. 

El joven recuerda el proceso y el día de la declaración como una experiencia “surrealista” y asegura que se sintió en un ambiente hostil, “como si fuera un terrorista de Al-Qaeda”. Explica que tuvo que declarar de pie ante un micrófono, sin saber muy bien cómo actuar. “Con el tiempo, soy consciente de que lo pude sostener por mi manera de ser y porque me gusta hablar, pero conozco a otras personas de mi edad que en aquel momento se habrían puesto a llorar o no sabrían qué decir”, afirma.

Entre muchas preguntas, el joven asegura que le preguntaron si formaba parte de alguna entidad u organización política. Todo el procedimiento se desarrolló en castellano, y él no se atrevió a hablar en catalán por miedo a posibles represalias. “Yo no sabía dónde me encontraba y en ningún momento me lo pusieron fácil. Cuando entramos, yo me senté al lado de mi abogado porque no sabía ni dónde ponerme; fue él quien me dijo que debía situarme delante del micrófono”, explica.

Para la familia, el proceso ha sido “duro e innecesario”. Aseguran que el contenido publicado no tenía una intención real ni iba dirigido contra ningún colectivo vulnerable, y consideran que se trata de una pérdida de tiempo por parte de la Administración y de una persecución ideológica. “Conocemos a nuestro hijo y no es un joven violento ni ha tenido ningún problema de comportamiento, es buen estudiante y no pertenece a ningún grupo radical. Pero como cualquier joven con inquietudes y que aprecia el territorio, es consciente del malestar derivado de la saturación que hay en Mallorca", explican.

Según la familia, el fiscal encargado del caso no cuestionó si era razonable considerar que un joven de 17 años, sin antecedentes y con un perfil académico y social normalizado, pudiera representar un peligro público, y decidió continuar con el procedimiento. Durante meses, la familia no recibió información clara sobre el estado del caso. Ni siquiera el abogado les transmitía novedades; hasta que, después de insistir, se supo que el fiscal había decidido archívarlo, casi dos meses después de haber tomado esta decisión. En total, pasaron unos seis meses hasta tener una comunicación clara.

Un archivo con consecuencias personales

El proceso tuvo consecuencias más allá del ámbito judicial. En el ámbito académico, algunos exámenes no le fueron tan bien como esperaba. La familia también destaca el estrés constante, las llamadas reiteradas, la incertidumbre sobre posibles sanciones y el temor a que el caso pudiera tener consecuencias graves.

En el ámbito económico, el procedimiento supuso un gasto importante, además de un coste en tiempo y en “espacio mental”. “Yo tuve la suerte de que mi familia en ningún momento dudó de mí y pudo asumir los gastos de los viajes de Palma a Barcelona y del abogado, pero no todo el mundo podría hacer frente a eso, ni tan solo entender el proceso”, reflexiona Guillem.

En la resolución del archivo del caso, se concluye que se trata de una infracción de carácter leve y sin perjuicio económico, y se señala textualmente que “el menor ha mostrado su arrepentimiento, dado que se entiende que con las diligencias practicadas ya ha sido suficientemente escarmientado”.

A pesar de este desenlace, la familia considera que el proceso ha sido un castigo en sí mismo, con un fuerte impacto emocional, académico y económico. Lamentan que se utilice el derecho penal con una función coercitiva y disuasoria, en lugar de centrarse en casos realmente graves, y denuncian un uso desproporcionado de las herramientas judiciales.

El menor, por su parte, expresa sentimientos de tristeza, miedo y rabia. Asegura que la experiencia no hará cambiar su ideología –considera que el turismo masivo ahoga el territorio–, pero sí cree que el procedimiento tenía una clara intención disuasoria. “No es mi caso, pero esto mismo en otra persona con otra situación económica o social puede hacer que viva con miedo de expresarse o de protestar de por vida”, afirma.

También reconoce haber aprendido que “personas con poder o con más recursos pueden iniciar procesos de este tipo y te puede cambiar la vida”, y recuerda casos como los de Pablo Hasél y Valtonyc. Defiende que la libertad de expresión tiene límites, pero considera que él no los sobrepasó y critica la falta de claridad sobre dónde se encuentran esos límites. “Si en lugar de meterme con el turismo lo hubiera hecho contra migrantes o contra el colectivo LGTBI, seguramente no me habría pasado nada, porque cada día pasa en las redes y ningún fiscal los cita como investigados”, sostiene.

Según su punto de vista, esto contribuye a un contexto en el que “siempre gana quien tiene dinero” y en el que el debate político se banaliza, especialmente en redes sociales como TikTok. “Después la gente se queja de que los jóvenes no nos interesamos por la política y que estamos despolitizados; quizá hechos como estos no ayudan a que la gente se exprese, piense y se politice, porque pueden salir malparados”, reflexiona.

El caso ha terminado sin consecuencias penales, pero Guillem y su familia no olvidarán jamás el daño irreparable fruto de la nada, ya que consideran que el proceso les ha supuesto un sufrimiento innecesario e injustificado, con un claro efecto disuasorio sobre la libertad de expresión del menor en un contexto de tensión institucional por la masificación turística.