Economistas de la UIB ponen cifras al decrecimiento: un 2,5% menos de turistas no hundiría la economía

Palma¿Qué pasaría si las Baleares recibieran cerca de medio millón de turistas menos durante los meses de saturación máxima durante el verano? Esta es una de las preguntas que han intentado responder las economistas Maria Sard y Elisabeth Valle, de la Universidad de las Islas Baleares. Según sus cálculos, si en 2017 se hubiera establecido un máximo de 2,5 millones de turistas mensuales, habrían llegado unos 431.000 visitantes menos respecto de los 16,8 millones totales, y todos se perderían durante los meses de julio y agosto. La medida habría reducido un 2,56% las llegadas anuales y, según el modelo económico de las investigadoras, habría comportado una disminución estimada del 1,07% de la riqueza generada por el conjunto de la economía balear y del 1,04% de la ocupación, hecho que supondría una caída equivalente del gasto turístico y sin medidas compensatorias.

Se trata de un impacto poco significativo para el conjunto de la economía que pone encima de la mesa, con datos, un planteamiento que en los últimos años es parte del debate ciudadano y del clamor de los miles de personas que han salido a la calle este verano: “Hay que poner límites al turismo”.

El trabajo, titulado Tourism degrowth: quantification of its economic impact y publicado en 2024 en la revista científica Current Issues in Tourism, plantea una manera concreta de afrontar el debate sobre el decrecimiento turístico: actuar sobre los picos de saturación del verano sin limitar necesariamente las llegadas durante el resto del año. En lugar de establecer un techo anual de visitantes, las investigadoras simulan cuatro límites mensuales y calculan las consecuencias económicas que tendrían.

Con este tope de 2,5 millones por mes —el menos restrictivo de los diferentes escenarios que plantea el estudio—, los diez meses restantes de 2017 habrían mantenido exactamente el mismo número de turistas. La reducción se habría concentrado exclusivamente en los dos meses con más llegadas, momento en que también se intensifica la presión sobre las infraestructuras, los recursos y los servicios.

Pero el turismo crece mucho más rápido que la capacidad de la academia de analizar el fenómeno. Solo unos años después, volver a aplicar el método de las economistas de la UIB ya presenta una novedad importante: si fijamos el mismo límite de 2,5 millones de turistas mensuales a las llegadas reales de 2025, Baleares habría recibido 1.410.308 visitantes menos, en lugar de los 431.000 que habrían dejado de venir en 2017. El motivo es que ahora el tope ya no habría afectado solo a julio y agosto, sino también a junio y septiembre, los cuales ahora ya lo superan. Este cálculo, elaborado a partir de las estadísticas oficiales de 2025, no forma parte de la investigación de Sard y Valle, pero ilustra hasta qué punto el crecimiento turístico va desbocado.

Crecimiento no siempre significa mayor bienestar

Las conclusiones del estudio conectan con el debate que plantea el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid Óscar Carpintero, especialista en economía ecológica, que visitó Mallorca la pasada semana: “Las Baleares no se morían de hambre cuando recibían diez millones de turistas”, afirmó al ARA Balears.

Carpintero cuestiona la idea de que un aumento continuo de la producción y del número de visitantes se traduzca necesariamente en una mejora de las condiciones de vida. “El incremento del número de turistas está relacionado con el empeoramiento general de las condiciones de vida”, advierte, y señala especialmente las dificultades de acceso a la vivienda, el deterioro ambiental y la presión sobre los servicios públicos.

El catedrático defiende que el PIB no puede ser la única medida del progreso. Una economía puede crecer mientras una parte de la población dispone de menos tiempo, tiene más dificultades para acceder a una vivienda y soporta una presión creciente sobre el entorno. Por eso, considera necesario incorporar otros indicadores, como la huella ecológica, el consumo de materiales y las condiciones de vida.

La cuestión del empleo es especialmente delicada en una economía tan dependiente del turismo como la balear. Carpintero propone abordarla a partir de dos preguntas: qué producción es realmente necesaria y cómo se distribuye la riqueza que se genera. “La otra cuestión fundamental es cómo se distribuye lo que producimos. Esta es la clave”, afirma. También considera que la diversificación económica es una buena estrategia para reducir los riesgos de un territorio que depende excesivamente de una sola actividad.

Las estimaciones de Sard y Valle permiten concretar una parte de este debate. Una reducción moderada de las llegadas conllevaría, según su modelo, una pérdida de empleo relativamente limitada en comparación con la provocada por restricciones mucho más severas. Esto no elimina el problema de la gente que podría perder su trabajo, pero pone de manifiesto la importancia de la intensidad de las medidas y de las políticas que las acompañen.

Las investigadoras también estudian escenarios más restrictivos. Si el máximo hubiera sido de dos millones de turistas mensuales, en 2017 habrían llegado aproximadamente dos millones de visitantes menos, un 12,09% del total anual. Para estimar sus consecuencias, el modelo simula una reducción del 10% del gasto turístico, que conllevaría una disminución del 4,29% del valor añadido de la economía y del 4,16% del empleo.

Los efectos serían más importantes con topes todavía más bajos. Un límite de 1,5 millones de visitantes al mes habría reducido las llegadas de 2017 en torno a 4,57 millones de personas. En este caso, el modelo simula una disminución del 20% del consumo de los turistas, con una caída estimada del 8,59% del valor añadido y del 8,33% del empleo. Con un techo de un millón de turistas mensuales, habrían llegado casi 7,9 millones de visitantes menos y las pérdidas de empleo estimadas en el escenario económico correspondiente llegarían al 16,66%.

Las autoras consideran que el límite menos restrictivo, el de 2,5 millones de turistas mensuales, podría ser “el más adecuado para empezar a aplicar una política de contención”. A pesar de ello, no demuestran que esta cifra sea la capacidad de carga ecológica de las Islas, sino que la utilizan como referencia a partir de la evolución de la saturación turística durante los años estudiados. En este sentido, Sard y Valle aseguran en su estudio que “las políticas turísticas públicas tienen un papel primordial a la hora de establecer límites al número de turistas”.

El estudio ofrece, así, un punto de partida para abordar con datos una cuestión que a menudo se presenta como una alternativa entre continuar creciendo o poner en peligro la economía.

¿Se puede compensar la pérdida económica?

Sard y Valle también estudian la posibilidad de que una reducción del número de visitantes se compense, al menos parcialmente, con un aumento del gasto turístico. En el escenario menos restrictivo, plantean que un incremento aproximado del 1% del gasto real medio por turista podría contrarrestar la disminución del PIB estimada. Se trata, sin embargo, de una simulación, no de una consecuencia automática de limitar las llegadas.

Además, las investigadoras advierten que atraer visitantes con mayor capacidad de gasto puede comportar contradicciones. Por una parte, podría favorecer un modelo turístico elitista, un hecho que otros expertos ya han advertido. Y por la otra, atraer a los mercados más lejanos, que en algunos casos gastan más dinero, y también generan una huella ambiental más elevada debido a los desplazamientos aéreos.

El trabajo cuestiona, igualmente, que la desestacionalización resuelva los problemas de saturación. Si se mantiene el número de turistas durante el verano y se consigue incrementar las llegadas durante los meses de invierno, las Baleares pueden acabar con “más presión turística durante todo el año”. Las autoras plantean, en cambio, actuar especialmente sobre los períodos de máxima concentración.

¿Cómo se puede reducir el número de turistas?

Más allá de calcular las consecuencias económicas, hay otra pregunta: ¿qué medidas permitirían conseguir esta reducción? El geógrafo e investigador de la UIB Ivan Murray, quien lleva años estudiando los impactos del modelo turístico balear, ha defendido intervenir sobre las infraestructuras que facilitan su crecimiento. En declaraciones a l’ARA Balears, ha planteado en diversas ocasiones “reducir la capacidad del aeropuerto, restringir los vuelos internacionales nocturnos y reducir las frecuencias de los estatales”.

Las propuestas de limitar las conexiones aéreas plantean, sin embargo, cuestiones competenciales y jurídicas que requerirían un desarrollo específico. El estudio de la UIB calcula los efectos de unos techos mensuales hipotéticos, pero no determina qué instrumento legal permitiría aplicarlos.

Solo una minoría de la población mundial vuela

Por mucho que en lugares como las Islas Baleares parezca impensable, el porcentaje de gente que vuela es muy pequeño respecto a la población mundial. Una investigación de Stefan Gössling y Andreas Humpe, publicada en 2020 en la revista Global Environmental Change, calcula que solo entre el 2% y el 4% de la población mundial tomó vuelos internacionales durante 2018. Si se incluyen los vuelos interiores, aproximadamente el 11% de la población mundial viajó en avión aquel año. La desigualdad es todavía más acentuada en lo que respecta a las emisiones. Según los investigadores, el 1% de la población mundial, formado por los viajeros aéreos más frecuentes, concentra aproximadamente la mitad de las emisiones de CO₂ de la aviación de pasajeros.

Este dato introduce una dimensión de justicia ambiental en la discusión. El uso del avión es una actividad concentrada en una minoría de la población mundial, mientras que las consecuencias del cambio climático afectan a territorios y poblaciones que, en muchos casos, han contribuido mucho menos.

En Baleares, donde buena parte de los visitantes llega en avión, esta realidad también obliga a cuestionar la idea de que atraer turistas con mayor capacidad de gasto “sea necesariamente una solución ambientalmente sostenible”. Es lo que plantean desde hace tiempo entidades como el GOB y la plataforma Palma XXI, que apuestan decididamente por una reducción atrevida para “salvar lo poco que queda de calidad de vida y de acceso a los recursos naturales por parte de la población local”, dice la vicepresidenta del GOB, Tonina Siquier. Un visitante que gasta más puede generar una actividad económica superior, pero también puede tener una huella de carbono más elevada si llega de mercados lejanos.

Una reducción gradual, no una parada de la economía

Las Baleares han superado los 19 millones de turistas anuales, pero el debate público continúa oscilando entre la necesidad de contener la saturación y el temor a las consecuencias económicas de limitar el crecimiento. Las investigadoras defienden una política gradual que permita adaptar la actividad económica y advierten que las medidas de contención deben acompañarse de estrategias que eviten consecuencias sociales indeseadas. En palabras de las autoras, el objetivo es trazar “una hoja de ruta para la reducción gradual del número de turistas que permita a la economía absorber su impacto”.

Queda pendiente una cuestión que las simulaciones económicas no resuelven: hasta qué punto menos presión turística podría mejorar el acceso a la vivienda, reducir el consumo de recursos y aligerar la congestión de las infraestructuras y los servicios públicos. El estudio cuantifica los costes económicos estimados, pero no pone cifras a los posibles beneficios sociales y ambientales.