Después de los parques solares, llegan las baterías de litio: polémica en Pollença, Inca y Santa Maria
Vecinos, ecologistas e incluso algunas administraciones alertan de su impacto, que puede afectar gravemente a los espacios rurales que han sobrevivido a las placas y los chalets
PalmaLa proliferación de proyectos de plantas de almacenamiento energético (BESS) e infraestructuras asociadas a suelo rústico ha abierto un nuevo debate en Mallorca. En pocos meses se han conocido varias iniciativas –en Inca, Santa María del Camino y Pollensa– que comparten un mismo patrón: grandes instalaciones tecnológicas que buscan ubicarse en espacios agrarios o naturales, con oposición vecinal, ecologista y, en algunos casos, informes técnicos contrarios. El debate sobre el modelo energético y territorial, la compatibilidad con el paisaje y el riesgo de industrialización dispersa ha provocado que en estos momentos haya un gran conflicto territorial.
Inca: un informe técnico que tumba el proyecto
El proyecto de una planta de almacenamiento energético BESS de 66 kV y una subestación asociada a Inca ha sido informado desfavorablemente por parte del Consell de Mallorca. Los técnicos concluyen que la propuesta, tal y como está planteada, vulnera criterios básicos para poder ubicarse en suelo rústico. El documento, al que ha tenido acceso el ARA Baleares, señala que el porcentaje de ocupación de la parcela supera ampliamente el máximo permitido por la Ley de suelo rústico y el Plan territorial. Plataformas de hormigón armado, edificaciones técnicas y otros elementos constructivos dan a la instalación un carácter propio de un suelo urbano o industrial, incompatible con el entorno agrario.
El informe destaca también carencias significativas en la integración paisajística: los promotores no han presentado alternativas visuales ni han tenido en cuenta elementos tan visibles como el edificio de control ni la pantalla acústica prevista, tampoco su afectación a las edificaciones vecinas. El estudio de ruido se considera incompleto; la barrera vegetal, insuficiente y no se justifica por qué la línea de evacuación debe atravesar parcelas privadas, zonas de erosión, de inundación e incluso el área de reconversión territorial de la fachada de Inca.
La conclusión de los técnicos es clara: el proyecto, tal y como está planteado, no es compatible con el paisaje, el suelo rústico ni el planeamiento territorial vigente. Esta circunstancia hace ahora mismo inviable a corto plazo el proyecto. Según ha explicado el concejal de Urbanismo de Inca, Andreu Caballero, "en estos momentos no nos consta que la empresa promotora haya dado ningún paso más", ha dicho al ARA Baleares.
Santa Maria (valle de Coanegra): vecinos y ecologistas cargan contra un modelo "especulativo"
En el valle de Coanegra, los vecinos y la asociación Amics de la Vall han reaccionado con firmeza contra otro proyecto BESS previsto entre Santa Maria y Consell. Las críticas, en este caso, no proceden sólo de aspectos técnicos, sino del modelo energético y territorial que representa. Los vecinos consideran que se trata de una iniciativa privada, de carácter especulativo y sin interés público real. Argumentan que no genera empleo estable ni integra ningún proceso productivo, y que nada tiene que ver con las energías renovables que la legislación permite excepcionalmente en suelo rústico. "Es un uso indebido y contrario a la vocación agraria del territorio", denuncian.
También señalan que el proyecto se ha planteado sin el visto bueno del Ayuntamiento ni de la comisión de gobierno, que vulnera las competencias municipales y amenaza con crear un precedente de industrialización dispersa. El paisaje tradicional y el mosaico agrario de la zona -de gran valor ecológico e identitario- se verían gravemente afectados. La preocupación por el riesgo de accidente es otro elemento central: posibles explosiones e incendios de baterías, emisión de gases tóxicos y contaminación de acuíferos. Los vecinos denuncian que no existe ningún plan de emergencia ni protocolo de confinamiento.
En su mensaje final, Amics del Vall reclama que se detenga no sólo este proyecto, sino cualquier infraestructura similar en suelo rústico, y apuestan por un modelo centrado en el autoconsumo, la generación distribuida y la utilización de suelos ya transformados, como polígonos y zonas logísticas.
Pollença: el tercer frente y la inquietud creciente
En Pollença, un tercer proyecto de almacenamiento energético ha vuelto a encender los ánimos. Según avanzó el ARA Baleares, la propuesta prevé la instalación de una nueva planta en una zona de gran sensibilidad paisajística, fte que ha generado rechazo entre entidades locales y plataformas de defensa del territorio, así como del propio ayuntamiento. "El Ayuntamiento de Pollença, junto con la plataforma ciudadana, ha presentado alegaciones y mantiene un frente común contra el proyecto. El Consistorio reafirma que su posicionamiento es totalmente contrario a que la planta se instale en esta zona del municipio". Por su parte, el alcalde de Pollença, Martí March, advierte de los riesgos y cuestiona su legalidad: "No se han tenido en cuenta el impacto ambiental, los riesgos hídricos ni los efectos sobre la salud de las personas, la flora y la fauna".
Aunque los detalles técnicos todavía se están analizando, el debate gira en torno al mismo dilema: ¿hasta qué punto estas instalaciones, concebidas como soporte a la red eléctrica, pueden o deben situarse en espacios agrarios o naturales? La percepción entre los colectivos locales es que se está produciendo una "ola silenciosa" de proyectos industriales que se justifican con el paraguas de la transición energética pero que no responden a un modelo planificado ni equilibrado.
Un debate que va más allá de los proyectos puntuales
Los casos de Inca, Santa Maria y Pollença ponen sobre la mesa una cuestión más profunda: ¿cómo desplegar la infraestructura energética de una isla con un paisaje limitado y proteger a la vez los valores agrarios y naturales?
Las entidades ecologistas alertan de que, si no se regula con criterios claros, Mallorca corre el riesgo de encadenar proyectos que transformen el suelo rústico en una nueva frontera industrial. Los ayuntamientos reclaman mayor participación y planificación. Y los técnicos de territorio recuerdan que la ley existe para garantizar que la transición energética no suponga un retroceso paisajístico.
Mientras tanto, los tres proyectos han servido para volver a poner sobre la mesa un debate que parece no tener límite: la transición energética es "indispensable", aseguran los ecologistas, pero como en diferentes ocasiones ha reclamado el GOB, "hay que planificar y decidir dónde y cómo, en vez de ir tramitando solares". Por este motivo, vecinos y conservacionistas piden a las administraciones un "mapa" energético y no redibujar las Islas "sin consenso social suficiente".