Seis municipios de las Islas han pedido ser zona tensionada
El Govern balear rechazará la petición de seis municipios para limitar los alquileres y defiende que la medida “no mejoraría la situación”, pese a la presión de los ayuntamientos y de la oposición
PalmaAl menos seis municipios de Baleares –Maó, Ciutadella, Esporles, Santa Maria, Pollença y Algaida– han pedido al Govern que les aplique la normativa estatal que les permite ser declarados zona tensionada y automáticamente poder limitar los precios de alquiler de viviendas en el momento de la renovación de los contratos. El Ejecutivo confirmó al ARABalears que "en un período breve de tiempo se resolverán estas peticiones y, en principio, serán todas en sentido negativo". "Pensamos que hacerlo no mejoraría su situación", explica el director general de Vivienda, José Francisco Reynés. "Entre todas las administraciones debemos poner todo lo que tenemos al alcance para mejorar la vida de los ciudadanos, y así lo haremos, pero no hay ninguna garantía de que limitar los precios sea beneficioso", reitera el máximo responsable en materia de vivienda del Govern.
El PSIB incluso llevó al Parlament la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran pedir esta figura directamente al Estado si podían acreditar que reunían las condiciones de emergencia que requiere la ley, pero la mayoría conservadora del PPy Vox votó en contra de la propuesta, por lo que lo único que puede autorizar la medida ahora mismo es el Gobierno.
Según el director general, una vez que se ha aplicado la declaración de zona tensionada, "en Barcelona hay 444 personas como demandantes de un piso en los primeros 10 días que sale al mercado de alquiler". "Baleares tenemos una media de 129 personas, lo que demuestra que las cifras apoyan nuestra opinión y no recomiendan de momento apostar por esta fórmula", explica al ARABalears.
Los municipios declarados zona tensionada pertenecen principalmente a Cataluña, País Vasco y Navarra. Sólo existe una excepción a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Es el caso de A Coruña, donde su alcaldesa, Inés Rey, pidió "lealtad institucional" a la Xunta a la hora de aplicar las medidas, ya que pese a darle luz verde, la comunidad popular había mostrado sus reticencias.
