Pollença se alza contra el proyecto de las baterías de litio por el impacto ambiental y social

PollençaEl Ayuntamiento de Pollença, los grupos políticos municipales, entidades vecinales y colectivos ecologistas y particulares han presentado un alud de alegaciones, unas 8.000, con planteamientos técnicos, legales y sociales que rechazan frontalmente el proyecto "Jilguero ST1". Hacía tiempo que un proyecto no generaba una oposición tan unánime, que alerta de los "riesgos ambientales, económicos y para la salud pública" que según los distintos estamentos de la sociedad pollencina incorpora esta iniciativa.

El proyecto "Jilguero ST1", con capacidad de 10 MW y 40 MWh, prevé la instalación de una planta de almacenamiento de energía con baterías de litio en el polígono 3 de Pollença, sobre suelo rústico común parcialmente inundable y cercano a cursos fluviales y zonas de alto valorecológico. La iniciativa, impulsada por Atlántica Energía Sostenible España SLU, se tramita como proyecto industrial estratégico, pero ha generado un amplio debate entre vecindarios, grupos municipales y colectivos ecologistas por su ubicación, riesgos ambientales y posibles impactos económicos y sociales.

Desde la publicación en el BOIB de la apertura del trámite de información pública, la reacción ciudadana ha sido inmediata y contundente. Vecinos y entidades locales han comenzado a organizarse con recogidas de firmas y la presentación de alegaciones técnicas y legales el 12 de noviembre para defender la comunidad y el territorio. Hasta ahora se han conseguido más de 8.000 firmas, combinando los apoyos mayoritariamente presenciales y online, un indicador claro de la preocupación social que ha despertado el proyecto.

El alcalde Martí March alerta sobre los riesgos y cuestiona su legalidad

El alcalde de Pollença, Martí March, ha alertado de que el proyecto podría ser nulo desde el punto de vista jurídico y político. Remarcó que el procedimiento no ha seguido la normativa adecuada y que la evaluación de los riesgos es insuficiente. "Hay alegaciones técnicas que cuestionan su ubicación y procedimiento legal. No se han tenido en cuenta el impacto ambiental, los riesgos hídricos ni los efectos sobre la salud de las personas, la flora y la fauna", ha explicado March.

El alcalde ha subrayado que el emplazamiento en suelo rústico supone un uso inadecuado del territorio y que la planta debería situarse dentro del polígono industrial, donde la actividad sería compatible con los usos del suelo y con una planificación territorial coherente. March ha recordado que el Ayuntamiento ha realizado un comunicado de posicionamiento político con el apoyo de la mayoría de grupos municipales, en el que se manifiesta un rechazo político, técnico y social al proyecto. También ha insistido en que el Consell y el Govern deben llevar a cabo un estudio y una planificación territorial que garantice la seguridad y sostenibilidad del municipio y que evite el uso inadecuado del suelo rústico.

Unidad municipal en el rechazo al proyecto

Los grupos municipales PSIB/PSOE, Més per Pollença, Partido Popular y Unió Mollera Pollencina han firmado un posicionamiento conjunto en el que expresan su rechazo claro al proyecto, argumentando que la ubicación en suelo rústico y en zonas inundables es incompatible con los usos del territorio, y que el proyecto no se ha incluido en ninguna planificación territorial global. Subrayan la falta de consulta en el Ayuntamiento y la necesidad de incluir la participación ciudadana en cualquier decisión que afecte al municipio. Además, destacan que los riesgos derivados de la planta de almacenamiento, como los incendios, la contaminación hídrica y acústica, así como los efectos sobre la flora y fauna, no han sido adecuadamente valorados.

Los grupos municipales alertan de que cualquier incidente podría tener consecuencias directas sobre la economía local, especialmente sectores clave como el turismo, la agricultura y la pesca, y subrayan la necesidad de proteger tanto la salud pública como el paisaje y el entorno natural de Pollença. Esta posición común muestra una unidad política y técnica que refuerza el rechazo social que acompaña al proyecto.

Aunque Todos por Pollença no ha firmado el comunicado político, su portavoz, Tomeu Ochogavia, ha remarcado que el grupo apoya a los vecinos y comparte la preocupación por la seguridad y el impacto del proyecto, criticando la falta de debate previo sobre alegaciones más contundentes.

Participación vecinal y alegaciones de las entidades locales

La movilización ciudadana en Pollença se ha desplegado con fuerza y ​​organización, mostrando la implicación de vecindarios, sectores económicos y colectivos ecologistas en la defensa del territorio. La plataforma de vecinos afectados ha liderado gran parte de esta respuesta, presentando alegaciones detalladas con informes periciales industriales y ambientales y con asesoramiento de una abogada experta en derecho ambiental y energético. Los documentos presentados analizan con rigor los riesgos que el proyecto podría generar, especialmente en lo que se refiere a la seguridad, la contaminación de acuíferos, el impacto sobre la fauna y la flora y la afectación del paisaje. La plataforma ha logrado recoger 6.500 firmas en papel y aproximadamente 1.800 online, una cifra que refleja la preocupación generalizada entre los residentes y la voluntad de hacer oír la voz de la comunidad para hacer un frente común.

La Cofradía de Pescadores de Pollença ha presentado alegaciones propias, alertando de que cualquier vertido de sustancias químicas podría acabar en los torrentes y, finalmente, en el mar, con consecuencias irreversibles para el ecosistema marino y la pesca local, un sector clave para la economía del municipio. Los pescadores subrayan que la seguridad ambiental no es sólo una cuestión ecológica, sino también una garantía para la continuidad de las actividades económicas tradicionales.

La Asociación Hotelera de Pollença y la Asociación de Vecinos del Puerto de Pollença también han presentado alegaciones, destacando la necesidad de proteger la calidad de vida de los residentes y la imagen turística del municipio. Los representantes del sector hotelero han puesto énfasis en que la presencia de esta infraestructura, con los riesgos asociados, podría afectar negativamente a la percepción de seguridad y tranquilidad del turismo, un pilar fundamental para la economía local.

Por su parte, Arrels Marines ha denunciado que el proyecto sólo ha considerado parcelas en suelo rústico, cuando debería situarse en suelo industrial según los criterios normativos y de planificación territorial. La entidad ha señalado la carencia de planes de seguridad ambiental, de protección de hábitats y especies, además de la ausencia de medidas de mitigación adecuadas para los vecindarios y el paisaje. Según Arrels Marines, la iniciativa responde más a un interés privado y económico que a un objetivo de transición energética planificada, y alerta del riesgo de crear un precedente para la industrialización dispersa del suelo rústico.

El GOB aporta perspectiva ambiental

El GOB ha presentado alegaciones recordando que el proyecto no cumple los requisitos para ser considerado de interés industrial estratégico, puesto que no genera empleo estable ni se integra dentro de la planificación energética autonómica. La entidad alertó sobre los riesgos de inundación, incendio y contaminación química, y sobre el impacto en más de 140 especies documentadas, el mosaico agrario y el paisaje tradicional de Pollença. Sin embargo, su participación se mantiene dentro de un contexto más amplio en el que los grupos municipales y las asociaciones locales lideran la movilización y el debate.

Rechazo generalizado y movilización ciudadana

El Ayuntamiento, grupos municipales, entidades vecinales y colectivos ecologistas coinciden en la necesidad de rechazar el emplazamiento actual de la planta y en pedir que cualquier futuro proyecto de almacenamiento energético se traslade a suelo industrial, con una evaluación de impactos completa y con participación ciudadana real. La movilización, con más de 8.000 firmas, evidencia el rechazo social masivo que acompaña a la argumentación técnica y política. Martí March ha insistido en que "este proyecto no puede avanzar sin un estudio riguroso y una planificación territorial coherente. El rechazo es político, técnico y social, y no puede ser ignorado".