Desahucian a una mujer y su hijo de una de las infraviviendas de la calle de Joan Miró de Palma

PalmaUna comisión judicial ha ejecutado este jueves el desahucio de una madre y su hijo menor de edad que vivían en una de las infraviviendas de la calle Joan Miró de Palma que son propiedad de un agente de la Policía Local que fue sancionado por el Govern por alquilarlos.

Según ha explicado el portavoz de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, poco antes de las siete de la mañana han empezado a llegar al número 24 de la calle de Joan Miró las primeras patrullas policiales. No fue hasta pasadas las 9 h cuando llegó la comisión judicial, integrada por un agente "que suele reírse" de los afectados y que fue sancionado anteriormente, apuntó Segura. Tras unas horas de "presión", la madre se acubó y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios en la habitación en la que residía con su hijo.

Los policías, siempre según la versión del portavoz de Stop Desahucios, han aprovechado esta situación para conducir tanto a los activistas como al menor fuera del habitáculo. Así, explicó, "fue más fácil llevar a cabo el desahucio", que se ejecutó poco después, sobre las 12 horas. Inmediatamente después, los "obreros" contratados por el policía local han "destrozado" la habitación y la han tapiado para que nadie pueda residir en ella.

Sin alternativa residencial

Posteriormente, prosiguió Segura, los afectados fueron trasladados a las oficinas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, donde se les ofreció la posibilidad de dormir algunos días en un hostal. La madre, sin embargo, ha rechazado la propuesta ante la imposibilidad de llevarse con ellos su perro, de pequeño tamaño, de avanzada edad y que necesita sus cuidados.

Toda esta situación ha provocado que la mujer volviera a encontrarse mal y ha sido trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Stop Desahucios, ha asegurado su portavoz, trabaja ahora para encontrar una alternativa residencial para la familia.

En las infraviviendas de Joan Miró, situadas en un sótano, viven familias migrantes y personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ha recordado la organización. Varios de ellos se han enfrentado desde hace meses a amenazas de desahucio por parte del policía local de Palma que se les alquila, quien fue suspendido de sus funciones y sancionado por el Govern con una multa de dos millones de euros.

Los activistas han exigido la suspensión de los desahucios, la reconexión de los suministros de agua y luz y la expropiación de las viviendas.