Cort recorre la retirada del monolito de la Feixina y acusa al gobierno español de prevaricación

PalmaEl Ayuntamiento de Palma ha interpuesto un recurso de alzada contra la inclusión del monolito de la Feixina en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática, una decisión que abriría la puerta a su retirada. El Consistorio considera que el proceso podría situar al gobierno español en una posible situación de prevaricación si se mantiene la tramitación.

Cort sostiene que la resolución dictada el 26 de marzo por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática contraviene, según su criterio, resoluciones judiciales firmes que ya han reconocido la protección patrimonial del monumento. En este sentido, alerta que actuar al margen de estas sentencias podría suponer también un delito de desviación de poder y una vulneración del principio de separación de poderes.

El Ayuntamiento argumenta que el monolito fue adaptado en 2010 a la normativa de memoria histórica, lo que elimina elementos de exaltación franquista e incorpora una reinterpretación. Posteriormente, una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares en 2021, lo declaró bien catalogado del patrimonio histórico.

Por ello, el Consistorio defiende que la Secretaría de Estado “no puede desconocer los efectos de las resoluciones judiciales” y considera que la decisión estatal vulnera la legalidad vigente. Además, sostiene que la retirada del monumento podría generar responsabilidades penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio histórico.

Valor patrimonial en disputa

La Audiencia recuerda también que diversas instituciones, como Arca, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el organismo consultivo de la Unesco Icomos, han defendido el valor histórico, artístico y arquitectónico del monolito y su preservación.

Según el recurso, la normativa de memoria democrática excluye la retirada de elementos cuando estos tienen valores patrimoniales reconocidos, como sería el caso de la Feixina. En este sentido, el Consistorio insiste en que ya se han eliminado los elementos considerados contrarios a la ley.

Tensión política y trasfondo judicial

El conflicto se enmarca en la decisión del gobierno español de incluir el monumento en el catálogo de símbolos susceptibles de retirada, una medida que también ha sido recurrida por Vox, que considera que la resolución ignora sentencias judiciales previas.

El Ayuntamiento de Palma añade, además, que en el pleno municipal del mes de marzo ya circulaban documentos relacionados con la decisión estatal, dictada el mismo día de la sesión, y apunta que el grupo socialista habría tenido conocimiento previo de la situación jurídica del monumento.

Con este recurso, el Consistorio abre un nuevo frente jurídico y político en torno a la Feixina, un espacio que vuelve a situarse en el centro del debate sobre memoria democrática y protección del patrimonio en las Illes.