La caja de bombones, último episodio de la lucha por el negocio millonario de las golondrinas

PalmaCuando recibió la caja de bombones de uno de los socios de Naviliers Bennassar, Joaquina Ferrer, directora general de Costas, decidió no abrirla porque quería compartirla con los funcionarios. Según fuentes conocedoras, se la dio a algunos miembros de su equipo que, al abrirla, no creyeron lo que veían. Inmediatamente la avisaron y Ferrer explicó al consejero del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, el hallazgo.

Lafuente contactó con los servicios jurídicos de la Comunidad –en concreto, con una persona de mucha confianza– y las indicaciones fueron claras: ""Hay que poner los hechos en conocimiento de la autoridad". Así se hizo y el relato de los hechos empezó a correr como la pólvora entre los funcionarios: un aspirante a una concesión de Costas había entregado una caja con 20.000 euros.

Este es solo un episodio más, muy llamativo, de una autorización que arrastra otros incidentes y enfrentamientos empresariales: dos empresas, Naviliers Bennassar y Collado, han aglutinado en la zona de Cala Millor el negocio del transporte de turistas, una actividad que mueve una gran cantidad de pasajeros y de recursos económicos.

El último ha sido el conflicto por una cabina de venta de tickets, según han confirmado a el ARA Balears fuentes del sector. No es un hecho aislado, y la historia es larga y llena de denuncias, pleitos y condenas, a menudo por un uso privativo de recursos dentro del dominio público –como en el caso de los pantalanes de subida y bajada de turistas. Se trata de una disputa estructural para controlar un negocio turístico con un volumen económico elevado y con un recurso clave –el pantalán de Cala Millor– que hace décadas que está en el centro de la polémica.

Las dos empresas solicitan regularmente a la Administración los permisos para operar, ya que algunas instalaciones están dentro del dominio público y es Costas quien debe autorizar la actividad. Ambas acumulan un largo historial de relación con la Demarcación de Costas del Estado y ahora también con la Dirección General de Costas y Litoral. Durante años, han tenido pequeñas fricciones, como una por el punto de venta de tickets, hasta que la Administración –en aquel tiempo todavía en manos del Estado– decidió hace cerca de una década que se alternarían anualmente en el punto de venta para poner fin a las discusiones.

El mecanismo de alternancia falló hace unos años, cuando una de las empresas no respetó el final del periodo que le correspondía y se negó a retirarse. Esto desencadenó un nuevo enfrentamiento entre operadores que acabó con denuncia.

Un pantalán privatizado

La gestión litoral del Levante, como la de otros lugares de las Baleares, ha escrito largas historias de conflictos y de aprovechamientos consentidos pero ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) sentenció hace 21 años que las dos empresas explotaban en exclusiva el pantalán de Cala Millor, donde embarcan y desembarcan el grueso de los turistas, y que se debía garantizar el uso en condiciones de igualdad.

Según el TSJIB, el Ayuntamiento de Son Servera había consentido este proceso, cuando debería haber velado porque una instalación dentro de dominio público no fuera de uso privativo. A pesar de ello, los conflictos se mantuvieron, con sanciones, litigios y desacuerdos continuos entre operadores.

Una nueva resolución judicial de 2014 volvió a evidenciar el problema: la interpretación de los acuerdos había permitido de facto una privatización del uso del pantalán, y había dejado en manos del mismo sector la decisión sobre quién podía operar allí. Esta situación generó perjuicios económicos, indemnizaciones y más enfrentamientos. La historia se repetía y siempre había alguna empresa que se consideraba marginada por los dos grandes operadores y acudía a los tribunales.

El proyecto actual

Bennàssar Naviliers estaba pendiente ahora de la resolución del último proyecto para continuar operando excursiones marítimas entre 2026 y 2029 en diversos puntos del Levante, con Cala Millor como enclave principal. El documento prevé mantener la actividad con embarcaciones turísticas y reforzar la venta de tiques en tierra con casetas y puntos de información, una pieza clave del negocio. El proyecto dibuja una actividad económica relevante, con ingresos anuales que, según declara la empresa, superan los 800.000 euros, y defiende que hay suficiente espacio para compatibilizar operadores y que no existe saturación ni conflicto.

Pero se arrastra un conflicto por la explotación de las excursiones marítimas en Cala Millor, que viene de lejos y que tiene raíces en la misma creación del pantalán. Esta infraestructura, construida con financiación privada pero bajo concesión pública del Ayuntamiento de Son Servera, debía ser de uso compartido entre empresas. No obstante, desde finales de los años noventa se produjeron disputas constantes por su control y por el acceso a la actividad.