Más de la mitad de las personas desalojadas del asentamiento de la Joveria quedarán en la calle

PalmaLa operación para desalojar el asentamiento de sa Joveria, en Ibiza, se ha iniciado este martes con un dispositivo policial y técnico que prevé el desmantelamiento y la limpieza de la zona. Aun así, la respuesta institucional en materia de alojamiento es limitada: el consistorio ha habilitado espacios temporales para siete unidades familiares y siete adultos sin cargas, una cifra insuficiente ante las más de cien personas que residían en el lugar.

Esto implica que más de la mitad de los afectados no dispondrán de una alternativa habitacional inmediata y quedarán, previsiblemente, en situación de desprotección una vez finalice el desalojo.

Durante la operación, se han instalado carpas en el acceso próximo al recinto ferial, donde técnicos de servicios sociales ofrecen una primera atención a las personas afectadas. Paralelamente, a la UTS Eixample se derivan algunos casos para tramitar posibles prestaciones, aunque estas no garantizan una solución residencial a corto plazo.

El dispositivo cuenta con la presencia de una decena de policías locales, con el apoyo previsto de la Policía Nacional, así como técnicos de Medio Ambiente encargados de supervisar la gestión de los residuos acumulados en la parcela.

El desalojo se enmarca en una actuación autorizada judicialmente, después de que el juzgado contencioso administrativo de Palma avalara la entrada, el desmantelamiento y la limpieza del terreno. El consistorio había requerido previamente a los propietarios que asumieran las tareas de conservación y retirada de residuos, pero ante su inacción se inició el procedimiento judicial.

En la parcela se habían ido instalando infraviviendas, casetas y tiendas de campaña, en un entorno que, según los informes municipales, no reunía las condiciones mínimas de higiene ni seguridad. El Ayuntamiento había advertido de la ausencia de agua potable, sistemas de saneamiento y gestión de residuos, así como del riesgo elevado de incendio por la presencia de bombonas de gas y hornillos.

Diversos informes incluidos en el expediente también alertaban del riesgo ambiental y sanitario, con posibles afectaciones al suelo y a las aguas subterráneas, así como de un incremento del riesgo de episodios infecciosos.

Una vez finalicen las tareas de limpieza, la parcela será cerrada para evitar nuevas ocupaciones. Mientras tanto, una parte importante de las personas desalojadas afronta un futuro inmediato sin alternativa de vivienda.