El Ayuntamiento de Ibiza desalojará a 130 personas del asentamiento de La Joveria el 21 de abril

PalmaEl Ayuntamiento de Eivissa ha propuesto desalojar el próximo 21 de abril a las 10:00 h el asentamiento de la Joveria, donde actualmente residen cerca de 130 personas, después de que un juzgado de Palma haya autorizado la entrada, el desmantelamiento y la limpieza de la parcela.

Según ha informado el Consistorio, en noviembre pasado ya se requirió a los propietarios del terreno que cumplieran con el deber de conservación, con la retirada de residuos y otras actuaciones necesarias. Ante la imposibilidad de hacerlo, el Ayuntamiento inició un procedimiento judicial que ha culminado este mes de marzo con la autorización para actuar sobre el solar, el cual posteriormente será cerrado para evitar nuevas ocupaciones.

En la zona se han ido levantando infraviviendas, casetas y tiendas de campaña. Los últimos recuentos de la Policía Local y de los servicios sociales municipales sitúan en unas 130 las personas que residen allí.

El Consistorio argumenta que los habitantes viven en condiciones precarias, sin servicios básicos como agua potable, alcantarillado o gestión de residuos, y alerta de riesgos para la salud y la seguridad, como la presencia de plagas o el peligro de incendio por el uso de elementos como hornillos, estufas o bombonas de gas.

Diversos informes técnicos, entre los que se encuentran los de medio ambiente, la Policía Local, empresas de servicios y el Hospital Can Misses, advierten también de riesgos sanitarios y ambientales, como la posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, así como del aumento de la presión sobre los servicios del centro hospitalario, situado cerca del asentamiento.

El Ayuntamiento asegura que ha hecho un seguimiento continuado de estos asentamientos desde la creación, en mayo de 2025, de una mesa de trabajo con instituciones y cuerpos de seguridad. Actualmente, los servicios sociales municipales tienen abiertos seis expedientes de vulnerabilidad y ofrecerán apoyo durante el desalojo.

El alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, ha defendido que la actuación responde a criterios de salud pública y seguridad. “No se puede permitir que se consoliden situaciones que implican condiciones indignas y riesgos para las personas”, ha afirmado, asegurando que el consistorio actuará “con firmeza pero también con sensibilidad” hacia las personas en situación de vulnerabilidad.